Santo Domingo.- El fiscal de Santiago resaltó este martes la fortaleza de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los acusados de lavado de activos del narcotráfico de la red delictiva desmantelada con la Operación Falcón, tras destacar que tiene los méritos suficientes para lograr que todos sean condenados.
“La acusación que hemos presentado al
tribunal, es una acusación sin precedente, robusta”, dijo Osvaldo Bonilla, al
destacar que el expediente aporta miles de pruebas que vinculan a cada uno de
los imputados, más allá de alegatos y con imputaciones precisas de cargos sobre
probados.
Al ser entrevistado, vía Zoom, por la
periodista Rosa Encarnación, del programa El Despertador, el fiscal de Santiago
detalló que son imputaciones por lavado activos proveniente del narcotráfico,
asociación de malhechores, porte y tenencia de armas y delitos en contra del
fisco.
“Es uno de los casos más importantes
contra la criminalidad organizada en República Dominicana, en los últimos
tiempos”, sostuvo, al tiempo que dijo que el Ministerio Público asume con
responsabilidad su rol persecutor, por lo que a partir de ahora corresponde al
Poder Judicial ejercer su papel con la mayor de la rigurosidad.
“Entendemos que todos los actores del
sistema de justicia deben asumir su responsabilidad con la mayor de la
rigurosidad, y vamos a defender este proceso en todos los escenarios, en los
tribunales y en cualquier escenario que sea necesario porque está probado que
es un proceso legalmente bien trabajado, un proceso que el Ministerio Público
lo ha trabajado con mucha transparencia, y con objetividad, sobre todo”,
expuso.
Lamentó la variación de medidas de
coerción a involucrados en el Caso Falcón y sostuvo que el Ministerio Público
enfrentará a quien deje de actuar de manera correcta.
“Por eso hemos recusado (jueces) en
algunos casos, cuando entendemos que se ha violentado la ley”, dijo el
magistrado Osvaldo Bonilla.
“En el último caso se ha dado una
variación que nosotros catalogamos como ilegal, nula, porque se han violentado
todos los parámetros que el Código Procesal Penal establece para la
administración de justicia”, consideró.
En ese contexto, recordó que el juez Job
García, que estaba conociendo la revisión de la medida de coerción decidió su
propia recusación, no obstante haber depositado el acto conclusivo la noche
anterior y ya estar prácticamente desapoderado.
El licenciado Bonilla explicó que las
pruebas documentales y periciales en el Caso Falcón llevaron al Ministerio
Público a solicitar al tribunal el decomiso de más de 200 inmuebles, incluyendo
estaciones de venta de combustibles, villas, apartamentos, empresas, así como
una gran cantidad de vehículos de motor que incluyen automóviles de alta gama.
Dijo que la cantidad de dinero ocupada o
inmovilizada a los integrantes de la red de lavado sobrepasa los 500 millones
de pesos, al tiempo de señalar que los imputados manejaron en sus operaciones
más de 10 mil millones de pesos.
Destacó que el Ministerio Público continúa
trabajando en el caso Falcón, al tiempo de considerar que los imputados deben
seguir en prisión hasta que se conozca el juicio de fondo y se determine su
condena, porque son imputados que, de ser puestos en libertad por los jueces no
garantizan su presencia en los actos del proceso.
Bonilla dijo que se trata de imputados
peligrosos y que los tribunales deben saber que variar la medida de coerción
puede llevar a que el imputado no se presente a los actos del proceso.
“Un grillete, una presentación periódica,
no garantiza que un imputado de esa categoría se presente a una próxima
audiencia o que cuando observe que se le va a condenar haya garantía de volver
a los tribunales, yo creo que cada institución debe asumir la responsabilidad
que le corresponde en el momento indicado”, expresó.
Bonilla refirió que el Ministerio Público
gestionó orden de arresto contra unos cinco o seis prófugos. Además, que
existen otros involucrados incluidos en el acto conclusivo y que respecto a
ellos se amplían las investigaciones.
Indicó que uno de los involucrados fue
extraditado hacia Puerto Rico.
El fiscal de Santiago sostuvo que se trata
de estructuras criminales que se mueven en diversos tipos de escenarios, por lo
cual las investigaciones tardan, y quizás un año o 18 meses, a veces resultan
plazos cortos para concluir una investigación.
“Nos hemos esforzado, el equipo de la
Fiscalía de Santiago, con el equipo de Persecución del Ministerio Público y
otras fiscalías y con el apoyo de toda la Procuraduría General de la República,
para presentar a tiempo este acto conclusivo consistente en una acusación”,
resaltó.
Indicó que en la Operación Falcón
participaron más de 40 fiscales y en la producción del acto conclusivo unos 20
que trabajaron día y noche para terminar la acusación junto a una gran cantidad
de técnicos, profesionales y personal administrativo del Ministerio Público.
“Es una investigación muy amplia, que involucra múltiples sectores, varias regiones del país y al día de hoy estamos presentando acusación contra 31 imputados que son las físicas y 39 personas morales, que son las empresas vinculadas a los imputados, que ellos utilizaron como vehículo societario para producir los ilícitos vinculados al lavado de dinero”, dijo Bonilla, al conceder la entrevista solicitada por el programa El Despertador, del Grupo SIN.
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