En
su artículo 63, numeral 10, la Carta Magna establece que está prohibido
realizar transferencias de fondos consignados. En la foto, sede del Ministerio
de Educación.
Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo envió el pasado 25 de agosto al Congreso Nacional el proyecto de modificación al Presupuesto General del Estado del 2022 con el que propone reducir alrededor de cuatro mil millones de pesos a la asignación del Ministerio de Educación (Minerd), para transferirlos a otras instituciones.
Sin embargo, llevar a cabo esta
transferencia sería inconstitucional ya que la Constitución dominicana
en su artículo 63, numeral 10, sobre el Derecho a la Educación,
establece que está prohibido realizar transferencias de fondos consignados.
“La inversión del Estado en la educación,
la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia
con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los
montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá
hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas
áreas”, cita el documento constitucional.
El abogado constitucional, Nassef Perdomo,
explicó que hay dos tipos de leyes de
presupuesto, una es la ley orgánica de presupuesto, la que establece el
procedimiento para la creación o elaboración del presupuesto, y está la ley de
presupuesto general del Estado, la cual se aprueba anualmente.
La ley de Educación es
una ley orgánica porque el artículo 112 de la Constitución dice
que las leyes que afectan derechos fundamentales, que afectan la estructura del
Estado y sus instituciones son leyes orgánicas.
Aclaró que, aunque “esa ley se aprobó con
anterioridad a la Constitución de 2010, en realidad, el artículo 112 no dice
las leyes que se aprobaron antes o después… por lo tanto las leyes que tienen
ese contenido, como la ley de Educación, se convirtieron en orgánicas al
momento de aprobarse la Constitución”.
Enfatizó: “Una ley orgánica no puede ser
modificada por una ordinaria, y la ley de Presupuesto General del Estado es una
ley ordinaria. No hay manera jurídica que permita esa operación”.
Con esta modificación, el Poder Ejecutivo propone disminuir las apropiaciones de gastos de varios ministerios para hacer traspasos a 15 instituciones del Estado, entre estas los ministerios de Turismo, de Deportes y de la Juventud. Pretenden traspasar 14,871 millones.
El monto total a ser traspasado es de 14,871.7
millones de pesos, de acuerdo a lo propuesto en el artículo seis del proyecto
que modifica la ley 345-21 que aprueba el Presupuesto General del Estado para
el 2022, que contempla nuevos requerimientos de gastos para subsidios sociales.
Julia Muñiz Suberví, abogada especialista
en derecho de familia enfocado a la educación, dijo: “No es
posible establecer un excedente económico cuando aún no hemos visto indicadores
de mejora en la calidad educativa, lo que demanda una mayor inversión en la
formación continua y de calidad en los docentes”.
Agregó que lo que existe es “una necesidad
de reubicar las partidas a aquellos aspectos en los cuales estamos débiles como
nación”, tales como mejorar las aulas y adecuarlas a las nuevas tendencias
educativas, mejorar los servicios alimenticios de los estudiantes, invertir en
la formación continua y de calidad en los docentes, reintegrar a los
estudiantes que han desertado.
Los
otros ministerios.- Además
de Educación, la disminución de apropiaciones será para los ministerios de
Hacienda, de Trabajo, Obras Públicas y Comunicaciones, y de Energía y Minas.
También, para la Administración de Deuda Pública y Activos Financieros. Sus
montos totalizan 14,871,761,157 pesos.
En cambio, el aumento de las apropiaciones será para la Presidencia de la República, los ministerios de Interior y Policía, de Defensa, Relaciones Exteriores, Deportes y Recreación, Turismo, de la Mujer, de Cultura, de la Juventud, de Educación Superior, de Economía, de Administración Pública y de la Vivienda. También, para la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior Electoral.
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