La Pepca
investiga supuesto desfalco al Estado dominicano por más de 17 mil millones de
pesos. Entre los investigados están Donald Guerrero, Simón Lizardo Mézquita,
Mimilo Jiménez, Ángel Lockward y otros.
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investiga un alegado fraude por desfalco contra el Estado dominicano valorado en más de 17 mil millones de pesos durante la gestión del presidente Danilo Medina.
La información está contenida en el acta
de autorización de información financiera para la investigación emitida por la
jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional,
Kenya Romero Severino, que ordena a las superintendencias de Bancos, Valores, a
la DGII y al Idecoop proveer una serie de informaciones requeridas por la Pepca para
la investigación de un total de 209 personas físicas y jurídicas (empresa).
De acuerdo con el documento “el modus operandi
consistía en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese
entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el
objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80,
por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$
17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en
áreas protegidas”, dice el documento.
Indica que otras operaciones que se han
identificado fueron “la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas
administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos
firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito
por más de RD$10,500 millones a personas de su entera confianza, que en
ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas
inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco”,
agrega.
Los
imputados.- El
principal imputado en el caso es el exministro de Hacienda, Donald Guerrero
Ortiz, pero también están incluidos los exfuncionarios Emilio César Rivas
Rodríguez, director de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, director
Nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez
Reyes del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, administrador del
BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, Director de Presupuesto; Daniel Omar de
Jesús Caamaño Santana, Contralor General de la República; Princea Alexandra
García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la Dirección de
Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios y subordinados.
¿Cómo inició la investigación?.- La Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)
inició una investigación a raíz de un informe de investigación especial
presentado por la Contraloría General de la República de fecha del 23 de
septiembre de 2021 sustentado en datos e informaciones extraídos de los
sistemas internos de la Contraloría General de la República e informaciones
certificadas por el Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional, Dirección
General de Impuestos Internos, entre otras instituciones.
“En el levantamiento realizado por la
Contraloría General de la República fueron identificados múltiples libramientos
de pagos fraudulentos a terceros bajo la modalidad de supuesta deuda pública
por concepto de expropiación de terrenos por la suma de 14,100,000,000 (catorce
mil cien millones de pesos) por acuerdos transaccionales de los cuales indica
el informe que se pagaron la suma de 12,540,449,339.27 (doce mil quinientos
cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y
nueve pesos) en un periodo de seis meses, comprendido entre enero a julio del
año 2020. Más aun, durante la investigación el Pepca indica
que ha determinado que la afectación al patrimonio público es muy superior al
indicado en el informe de investigación especial presentado por la Contraloría
General de la República y que no solo han utilizado la modalidad de
expropiación de terrenos parar lograr que el Estado erogue fondos a favor de la
estructura de corrupción, sino que es un entramado de corrupción que
utiliza distintas modalidades para lograr burlar los controles normativos y
obtener los recursos económicos deseados”.
De acuerdo con el documento, hasta el
instante los supuestos terrenos expropiados fueron identificados en distintos
puntos de la geografía nacional: Higüey; específicamente en el Parque Nacional
del Este (Cotubanamá); Santo Domingo, una de las parcelas donde se encuentra
ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA); Distrito Nacional,
en una parcela ubicada en la franja marítima del Malecón; Santo Domingo Oeste,
dentro de los terrenos donde se construyó el Merca Santo Domingo y Cotuí, en la
provincia Sánchez Ramírez.
De acuerdo con el Ministerio Público los terrenos afectados por la investigación por un valor total de 19,653,871,513.80 (diecinueve mil seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos setenta y un mil quinientos trece pesos) son los siguientes:
Según el informe de investigación
realizado por la unidad antifraude de la Contraloría General de la República,
en la mayoría de los casos se verificaron diversas incongruencias entre los
nombres de las personas asentadas como los titulares de los derechos afectados
por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por
los reclamantes para soportar los pagos, los cuales fueron asumidos como
errores tipográficos por los técnicos evaluadores de los documentos, sin
procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos
establecidos en las leyes por las autoridades competentes, situación que
también fue observada en los nombres y apellidos de los servidores públicos
actuantes en las diferentes etapas administrativas para el proceso de pago.
El documento también sostiene que “en la investigación se ha
determinado que los señores Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Andrés
Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain
Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan
Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael
Ledesma, están vinculados en el entramado de las concesiones de créditos donde
se realizaban las mismas maniobras en diferentes instituciones de manera
particular”.
Asimismo, “el investigado Donald Guerrero
creó una estructura no gubernamental compuesta por los investigados Mimilo
Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez
Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo
Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo
Rafael Ledesma, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz, entre otros,
para a través del Ministerio de Hacienda hacer procesos irregulares e ilegales
de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado dominicano”.
Fuente:
Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
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