
Empleados
de la Junta Central Electoral eran parte de una red que cobraba hasta cien mil
pesos por documentos falsos. Un tribunal de Barahona les impuso tres meses de
prisión preventiva y presentación periódica. La red estaba compuesta por
dominicanos y haitianos. En la foto, parte de la evidencia que usaba el grupo
de suplantadores.
Santo Domingo.- El Tribunal de Atención Permanente de Barahona impuso de prisión preventiva contra dos empleados de la Junta Central Electoral (JCE) y un grupo integrado por dos dominicanos y seis haitianos ilegales, señalados como presuntos responsables de cometer delitos de suplantación de identidad y falsedad de documentos, se informó este miércoles.
A Sylvio Enmanuel Andrés Recio y Yoan Amancio
Vidal, quienes fungían como empleados de las oficialías de
Neiba y Galván, respectivamente, se les impuso la medida de coerción consistente
en tres meses de prisión preventiva, mientras que, al también servidor de
la JCE,
Sucre Omar Duval Silfa, se le impuso garantía económica y presentación
periódica, refiere una nota de prensa del organismo.
Asimismo, a Caridad Eugenia Rodríguez
Contreras (la Chichi) y Dominguito López Pérez (Dominguito), se les impuso tres meses de
prisión preventiva; mientras que haitianos ilegales Michell Ange Bien Aime y/o
(Estefania), Josué Dupont y/o Héctor Julio Rosario Núñez, Luis Dupon y /o
Kelvin Mora, Andrio Mancebo, Eddy Montilla y Yudelka Domice le
colocaron seis meses de cárcel bajo la vigilancia del Ministerio Público a
cargo de la investigación.
El arresto del grupo se produjo tras una
investigación de varios meses en Vicente Noble, Galván, Tamayo y Neiba, en
un operativo en que participaron las direcciones de Seguridad Civil,
Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica de la JCE, el
Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, en
coordinación con el Ministerio Público adscrito a la JCE para
asuntos de Registro Civil.
Modus
operandi.- El
modus operandi consistía en que Rodríguez Contreras abordaba a los ciudadanos
extranjeros ilegales en las inmediaciones de la Oficialía de la 12va. Circunscripción
de Santo Domingo Este, y les ofrecía facilitarle todo tipo de documentación
falsa para nacionalizarlos como nacidos en el territorio dominicano.
Por su parte, Peguero, en complicidad con
López Pérez, funcionaba como brazo para falsificar todo tipo de documentación
pública como actas de nacimientos, cédulas y captaban personas en bateyes y
fincas agrícolas, argumentando que tenían fuertes vínculos en la Junta Central Electoral,
aunque el punto principal de las operaciones era la comunidad de Barahona la
modalidad se extendía por parte de la región Sur.
Conforme a las declaraciones de los
nacionales haitianos que intentaron obtener la nacionalidad falsa, la red
de falsificación
cobraba RD$70,000.00 y RD$ 100,000 por entregarles el
documento fraudulento.
Delitos
imputados.- Al
grupo se le imputa haber incurrido en los delitos de suplantación de identidad,
uso de documentos falsos y falsificación de documentos públicos, delitos
previstos y sancionados por los artículos 147 y 148 del Código Penal,
que sancionan la falsedad en escritura, así como la Ley 8-92 sobre la Cédula de
Identidad y Electoral que establece condenas de entre seis meses y dos años de
prisión.
Estas medidas de coerción se suman a otros
impuestas por las autoridades en los últimos meses a solicitud del Ministerio
Público adscrito a la JCE, indica la nota de prensa.
Fuente:
Documento de prensa de la Dirección de Comunicaciones de la Junta
Central Electoral.

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