Santo Domingo.- El Gobierno dominicano entra al segundo semestre del año en medio de enormes desafíos económicos vinculados al aumento de precios por factores externos, pero cuyas consecuencias repercuten directamente en el contexto político en la antesala de un año preelectoral.
El origen de la escalada inflacionaria es
el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, dos
importantes proveedores mundiales de maíz, trigo, cebada, fertilizantes,
petróleo y gas. Esa crisis geopolítica mantiene en vilo a todas las economías,
sobre todo a las más dependientes como la dominicana.
Aunque las autoridades han implementado
estrategias para reducir la inflación derivada de la escasez y altos costos de
las referidas materias primas, a cuatro meses de iniciado el enfrentamiento no
se percibe un cese al fuego que permita recomponer rápidamente los mercados
internacionales.
Con ese desfavorable escenario económico
tiene que lidiar el Gobierno para que, el aumento de los productos
de la canasta familiar, no se traduzca en pérdida de votos en los
comicios del 2024.
No es un secreto que las alzas
inflacionarias en medio de procesos electorales pueden ser el flanco más débil
de un partido en el poder.
Según el informe del Banco
Central sobre el Índice de Precios al Consumidor, correspondiente
a mayo, en los primeros cuatro meses de este año la tasa inflacionaria se situó
en un 4.9%.
Mantienen
subsidios.-
Mantener un determinado equilibrio de precios en los productos y servicios de
primera necesidad ya representa un sacrificio fiscal para el
Gobierno, tanto por los subsidios que aplica a determinados renglones, como por
la imposibilidad de aumentar las cargas impositivas agendadas en la pospuesta
reforma fiscal.
Solo en el primer semestre del año el
subsidio a los combustibles se elevó a RD$18,968 millones, informó la semana
pasada Jochi Vicente, ministro de Hacienda, quien destacó que el propósito
de esa medida es evitar que el consumidor pague el precio real de los
combustibles, por las alzas registradas en el barril del petróleo.
En ese mismo orden, se estima que el subsidio
al sector eléctrico aumentará este año más de 700 millones de dólares, según
declaraciones de Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas.
Aun con ese subsidio, resulta impopular en
esta coyuntura el aumento de un 9% a la tarifa eléctrica de clientes
residenciales que consuman hasta 300 kilovatios-hora, y de 7.6 % para los
pequeños comercios.
Esa disposición es parte del desmonte gradual al subsidio acordado en el Pacto Eléctrico.
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