El presidente Luis Abinader, en la
foto, ha encaminado decisiones gubernamentales dejadas luego sin efecto tras producirse
amplio rechazo ciudadano. Ven importante que el presidente Luis Abinader no ha
escatimado esfuerzos para dejar rectificar medidas a tomar que resultan
impopulares.
Santo Domingo.- Desde el inicio de su administración, el gobierno de Luis Abinader se ha visto en la necesidad de “echar para atrás” disposiciones que han generado un gran revuelo en la población y dentro de su propio partido; y las últimas semanas no han sido la excepción.
La más reciente de todas ellas se produjo
por la resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección
General de Presupuesto (Digepres) que restringe el ingreso o movimientos de
personal, y reajustes salariales que representen incrementos en el renglón de
remuneraciones en las instituciones que componen la administración pública.
La comunicación establece que el
cumplimiento de la norma se realizará salvo aquellos entes u órganos que, por
su naturaleza, lo ameriten, y que cuenten con la debida autorización tanto del
MAP como de la Digepres.
Esa disposición causó una serie de
reclamos y quejas, principalmente de parte de los miembros de las bases del
Partido Revolucionario Moderno (PRM) que aún están a la espera de ingresar al
tren gubernamental, y justo al día siguiente el titular del MAP, Darío Castillo
Lugo, tuvo que enviar un documento a los medios de comunicación para “aclarar”
que la circular no limita los nombramientos si son para cubrir vacantes o
sustituir personal activo.
El ministro explicó que no está
restringido el ingreso de nuevo personal a la administración pública bajo esas
condiciones porque estos estarían incluidos en el presupuesto vigente y no
representarían incrementos en el reglón de remuneraciones.
“Tampoco se limita el ingreso de nuevo personal a los órganos y entes de la administración pública que tengan planificada la instalación y apertura de nuevas oficinas, sucursales, dependencias, etc.”, establece la misiva.
El aumento de la tarifa eléctrica
desató una ola de repudio social que motivó al presidente Abinader a dejarla
sin efecto.
Las tarifas eléctricas.- Esas
circunstancias ocurrían casi al unísono con las quejas en los medios por el
aumento de las tarifas y las facturas eléctricas y que junto con los apagones,
se había convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno.
Debido a los reclamos, los hashtags y las
convocatorias a marchas multitudinarias, Abinader expresó ante varios
reporteros que el gobierno había determinado “detener próximas alzas de la
tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la
República Dominicana”.
Un día después de esas declaraciones,
mediante la Resolución SIE-068-2022-TF, la Superintendencia de Electricidad
(SIE) anunció que modificaría la disposición emitida el 30 de junio, en la que
se establecieron las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre
de 2022, dejando las mismas sin efecto y manteniendo en vigencia las aplicadas
en el trimestre abril-junio de 2022.
“Luego de emitida la Resolución No.
SIE-061-2022-TF, esta Superintendencia ha verificado que las condiciones
extraordinarias actuales de la situación mundial, ha generado un incremento
desmesurado de los precios de los combustibles, insumos indispensables para la
generación térmica de nuestra matriz energética, los cuales impactan el costo
de generación de electricidad; el proceso de abastecimiento de las Empresas de
Distribución Eléctrica y el cálculo tarifario”, señala la SIE en la resolución.
El vocero de la Presidencia Homero
Figueroa, reafirmó que las empresas distribuidoras de electricidad deberán
refacturar a los usuarios del servicio público de electricidad la factura
emitida en el mes de julio.
El retiro del proyecto ciberdelincuencia.- Unas semanas antes,
a mediados del mes de junio, el jefe del Estado instruyó el retiro del Congreso
Nacional del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que podría sancionar
a un ciudadano con hasta cuatro años de prisión por publicaciones
discriminatorias.
“Por instrucción del presidente de la
República estoy procediendo a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de
ley contra la ciberdelincuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a
cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación
sobre libertad de expresión”, expresó Antoliano Peralta, consultor jurídico del
Poder Ejecutivo.
Abinader, mediante el mensaje número 13818
del 14 de junio de 2022, remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley contra
la ciberdelincuencia, que tiene por objeto “lograr la protección integral de
los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así
como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos.
Las reacciones a favor de esa medida
tomada por el jefe del Estado no se hicieron esperar y la comisión consultiva
para revisar legislación sobre libertad de expresión, designada por el propio
Poder Ejecutivo, saludó la decisión del mandatario de retirar ese proyecto
legislativo.
Mediante un comunicado de prensa, la Presidencia agregó que la decisión fue tomada a fin de facilitar el trabajo de la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de la legislación sobre libertad de expresión.
Fideicomiso de Punta Catalina.- El 11 de enero de
este año, la Cámara de Diputados aprobó un fideicomiso para la Central
Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) el cual había sido depositado por el Poder
Ejecutivo unas semanas antes.
El mismo se trataba de un fideicomiso
público integrado por dos instituciones del Estado Dominicano: la Fiduciaria
Banreservas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales
(CDEEE).
Según la carta de motivación remitida por
el presidente al Congreso, la finalidad del fideicomiso CTPC consiste en la
creación de una estructura de gestión independiente para la administración del
patrimonio fideicomitido con el fin de “asegurar la operación de la Central
Termoeléctrica Punta Catalina”.
De inmediato, las críticas desde varios
sectores de la sociedad no se hicieron esperar y en medio de los dimes y diretes
entre el oficialismo y la oposición, el 30 de enero Abinader anunció que
solicitaba al Congreso aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso,
hasta tanto el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de quienes
quieran aportar “para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el
manejo y preservación de las termoeléctricas”.
El contrato fue depositado en los primeros días del mes de febrero a las autoridades del CES y dos meses después abrieron el proceso de consultas públicas, que es el estado donde se encuentra actualmente.
Los carnets de habitantes fronterizos.- La Dirección
General de Migración (DGM) tenía pautado comenzar a implementar la iniciativa
de expendido de los carnets de “Habitante Fronterizo”, a los ciudadanos
extranjeros que residen en zonas fronterizas y que ingresan al país durante el
día sin intención de quedarse; sin embargo, la medida nunca llegó a cumplirse
debido al rechazo de la población a la misma.
En febrero, durante una visita de periodistas
a su despacho, el director General de Migración, Enrique García, dijo que la
medida fue suspendida debido a la situación socioeconómica que vive Haití.
García agregó en esa oportunidad que no se
tiene una fecha de cuándo se iniciaría con el plan piloto de la entrega de ese
carnet, pero sí enfatizó que a su entender, el mismo es un “primer intento”
para controlar esa zona fronteriza con los mercados binacionales.
Los carnets fronterizos están establecidos
en la resolución número 09-2021, que a su vez fue emitida según la Ley General
de Migración. Su objetivo es establecer el diseño y la implementación del “Plan
Piloto de Ejecución de la Subcategoría Migratoria del Habitante Fronterizo”,
para los extranjeros de nacionalidad haitiana, con el fin de colaborar con el
buen desenvolvimiento de las actividades socio comerciales que se realizan en
esa zona del país.
Un segundo intento de reforma fiscal.- Justo cuando en el
país se sentaban las bases de iniciar el “dialogo por las Reformas”, en octubre
de 2021, la conversación rondaba acerca de si el presidente intentaría por
segundo año consecutivo implementar una reforma fiscal para el año siguiente.
En esas semanas circuló entre economistas y líderes de opinión un proyecto de
reforma fiscal que se atribuyó al gobierno, con el que se procuraba aumentar
las recaudaciones sobre la base de incrementar las tasas de Impuesto sobre la
Renta, gravar productos exentos con el Impuesto a la Transferencia de Bienes y
Servicios (Itbis), subir el impuesto a la propiedad inmobiliaria y eliminar
exenciones fiscales.
De acuerdo con el mandatario, su propuesta
de reforma estaba supuesta a ser debatida durante el marco del diálogo de las
reformas convocado por el Poder Ejecutivo, sin embargo, durante una de las
primeras reuniones, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio
Paliza, dijo que por “razones de tiempo” el Gobierno no contemplaba que el tema
de la reforma fiscal sea debatido CES y que la idea que se manejaba era
de que Abinader se la presentaría a los principales actores políticos y sociales
con el fin de socializar las medidas que proponen.
Las críticas no cesaron desde el momento
en que los miembros del gabinete e incluso varios empresarios expresaron
públicamente su desacuerdo hacia la imposición de la misma.
La noche de ese 27 de octubre, el
gobernante anunció que no aumentaría impuestos, y no sometió una reforma
tributaria.
“No vamos a aumentar impuesto. Y hoy
quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora nuestra
única prioridad es consolidar la recuperación económica”, dijo el mandatario en
una alocución al país.
El presidente expresó que había llegado a
un acuerdo con el sector financiero y con la empresa minera Barrick Pueblo
Viejo, de modo que recibirán “adelantos de sus compromisos con el Estado”.
Esa decisión del Poder Ejecutivo fue
aplaudida por varios dirigentes de la oposición, quienes compartieron la
narrativa de que no “era el momento” debido a que el país se encuentra en un
proceso de “recuperación económica”, tras el embiste de la pandemia del
coronavirus (Covid-19).
Los primeros traspiés.- El primero de este
tipo de casos fue con la situación de los escoltas militares que estaban
asignados al periodista y ahora excónsul del país en Brasil, Melton Pineda, de
los que curiosamente dos de ellos eran sus hijos.
En las redes sociales se viralizó el
memorándum 23771 del Ministerio de Defensa, con fecha 3 octubre de 2020, donde
se le asignaba a Pineda cuatro militares por “motivos de seguridad”.
La decisión generó un gran rechazó por
parte de usuarios de la red social Twitter que llegaron a leer el documento
oficial, mientras otros solo esperaban que el mismo fuera falso ya que
preferían creer que era una broma de “mal gusto”.
Esa información fue confirmada cuando la
Presidencia de la República informó que el Ministerio de Defensa había dejado
sin efecto la medida.
El documento, con fecha del 6 de octubre
de ese año, fue dirigido al primer teniente médico Maricarly Pineda Medina, al
sargento mayor Melton Junior Pineda Medina, al sargento Ramón Olivo Medina
Contreras y al sargento Cristian Bello Pineda. Horas antes salió el decreto
donde Abinader destituía del puesto a Melton Pineda.
Ese mes de octubre del 2020, se hizo de
conocimiento público el contenido del proyecto de ley de presupuesto que el
mandatario se proponía aplicar en el 2021 y que ya se encontraba en el Congreso
Nacional, en el cual se contemplaba una carga impositiva al sueldo doble de
Navidad, las compras en monedas extranjeras, entre otros nuevos impuestos.
Eso de inmediato causó una reacción
adversa a esas posibles nuevas medidas por parte de la población que trajo
consigo volver a instaurar entre las primeras tendencias la etiqueta #SeVan,
que hicieron popular los perremeístas para desalojar del poder al Partido de la
Liberación Dominicana (PLD).
Fuentes: Archivos periodísticos.
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