Procuraduría
Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa de
corrupción a 30 personas y 18 empresas. Según el Ministerio Público, la red de
Operación Coral y Coral 5G habría movido más de 4,500 millones de pesos y
adquirieron bienes por más de 2 mil millones de pesos dominicanos. En la
combinación fotográfica, algunos de los acusados en Caso Coral 5G.
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó acusación formal contra treinta personas y 18 empresas que, según el Ministerio Público, formaban parte del entramado de corrupción que funcionaba a lo interno de los cuerpos castrenses y que fue desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.
La procuradora de Corte, Mirna Ortíz, dijo
que las 48 personas físicas y jurídicas (incluyendo iglesias) imputadas, son
parte de una misma red y por eso solicitaron al juez que sean fusionados los dos
casos de corrupción para que sean conocidos juntos.
La acusación depositada tiene más de tres mil páginas. Establece que los integrantes de la red Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, y más de 2,000 millones fueron invertidos en bienes e inmuebles, explicó la procuradora de Corte Mirna Ortíz.
En
fotos de archivo, los generales de la Fuerza Aérea de República Dominicana
(FARD), Juan Carlos Torres Robiou, y Julio Camilo de los Santos Viola, y del
Ejército, Boanerges Reyes Batista, implicados en Coral 5G.
Caso
Coral 5G.- La
red de corrupción estaba integrada por altos oficiales de cuerpos castrenses,
incluyendo generales.
Entre los apresados en la Operación Coral
5G se encuentra el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República
Dominicana (FARD), Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado
de Seguridad Turística (Cestur).
También están bajo arresto el general
Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD, y el general Boanerges Reyes
Batista, del Ejército de República Dominicana.
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
En
la combinación fotográfica, la pastora Rossy Guzmán y el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre,
quienes están entre los encartados del Caso Coral.
Caso
Coral.- Estas
acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la
Operación Coral, por la que cumplen prisión preventiva de 18 meses varios
miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
En el Caso Coral el Ministerio Público ya
presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses
de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector
del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la
Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel
policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero
Cruz.
En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón
Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó
el arresto domiciliario por razones de seguridad.
Las
imputaciones.- Al
grupo se le imputa incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado
dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos,
lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal
de armas de fuego.
El entramado criminal desarticulado con la
Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur,
principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el
Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió
como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
(Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el
transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para
adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y
propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
Fuentes: Expediente formulado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y depositado este miércoles en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Composiciones fotográficas de archivos.
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