Tras
devolver esa millonada, César Ramos, empresario del sector de los combustibles,
se convierte de acusado a aliado determinante en el supuesto “entramado
societario”.
Santo Domingo.- El empresario César Félix Ramos Ovalle pasó de ser uno de los imputados en el caso Coral y Coral 5G a convertirse en un colaborador determinante para el Ministerio Público probar su acusación en contra de la red corrupta, supuestamente orquestada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou.
El Ministerio Público establece que este
empresario, quien es dueño de la Estación de Combustible La Marina (o
Marinita), se asoció con el coronel Rafael Núñez de Aza, cerebro financiero de
la red, y de esa forma logró ganar cuatro licitaciones fraudulentas para el
suministro de combustible que nunca llegó a ser entregado.
El Ministerio Público dice que esto era parte de una fachada para lavar dinero de los fondos sustraídos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Devuelve fondos.- César Félix Ramos Ovalle estableció que en total llegó a recibir 18 millones 400 mil pesos, de las licitaciones fraudulentas y el 2 de febrero de este año procedió a devolver el 100% de ese dinero mediante el cheque número 001228, del Banco Popular, sellando de esa forma un convenio con el Ministerio Público para ser dejado fuera de la acusación, como de hecho ocurrió.
Según la acusación de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca),
el señor César Félix Ramos Ovalle, también admitió los hechos y su
participación en los mismos.
Establecen que este confesó a la Pepca que
“mediante la empresa Estación de Servicios La Marina, S.R.L. le fue adjudicado
un porcentaje de cuatro licitaciones del Cestur, en el periodo junio 2019 hasta
abril del 2021 para contrato de suministro de combustibles”.
Además, les habría revelado a los
investigadores el modo en que surgió su vínculo con el Cestur y el acusado
Rafael Núñez de Aza.
Dijo que fue mediante la analista de
compras de la institución. Esta mujer supuestamente lo contactó comunicándole
que para poder ganar una licitación en el Cestur tendría que conversar con
ellos.
Esta mujer le apartó una cita con Rafael
Núñez de Aza, donde este acusado le habría establecido que debía participar en
el proceso de licitación en condiciones “normales”.
Le dieron la garantía de que sería
seleccionado y comenzarían a pagarle de manera parcial las facturas remitidas
por la empresa de combustible La Marinita.
La trama consistiría entonces en que, "el
Cestur le pagaría a La Marinita el dinero para suplir combustible. La empresa
recibía el pago, pero no realizaba la entrega del combustible. Supuestamente el
dinero era devuelto en cajas y fundas de regalo a Núñez de Aza a través
de emisarios".
Los presuntos emisarios fueron identificados como Miguel Cancún Ramírez, David Abreu Padilla y Jacobo Horacio. Además, el empresario César Ramos habría justificado haberse visto compelido a aceptar la proposición de Rafael Núñez de Aza, porque de no hacerlo, no tendría posibilidad de ser beneficiado con la adjudicación.
De
la confianza de Danilo.- En su acusación la Pepca reitera y defiende
la tesis de que la presunta red corrupta comenzó a estructurarse el 16 de
agosto del 2012 con la llegada de Danilo Medina a la Presidencia de la
República.
Dice que fue esa la coyuntura aprovechada
por personas de estrecha confianza del exmandatario para aumentar su influencia
en las instituciones del Estado.
Señalan que Adán Benoni Cáceres Silvestre
aprovechó la circunstancia y desde el Cuerpo Especializado de Seguridad
Presidencial, supuestamente organizó un entramado societario y configuró una
estructura criminal para distraer fondos del Estado.
Por otra parte señalan a Juan Carlos
Torres Robiou, quien también habría aprovechado su cercanía con el entonxes presidente de la República, Danilo Medina, y
su amistad con Adán Cáceres para replicar el modelo corrupto en el Cuerpo
Especializado de Seguridad Turística.
Pero además, la Pepca dice que
las maniobras de Tores Robiou llegaron a alcanzar al Consejo Nacional para la Niñez y
la Adolescencia (CONANI).
Las anomalías en el CONANI se habrían
producido durante la gestión de la esposa de Juan Carlos Torres Robiou.
La
auditoría en Cusep.- La
investigación especial que solicitó la Pepca a la Cámara de Cuentas
en el periodo agosto 2012 hasta agosto del 2020, en la gestión de Adán Cáceres
en el Cusep, es utilizada como parte de la acusación.
Los investigadores de la Cámara de Cuentas entrevistaron a personas que aparecían en la nómina del Cusep y que estos manifestaron no ser empleados, y que nunca han prestado servicios en el Cusep.
También habrían confirmado que a esas personas se les realizaba pagos mensuales y que
debían transferirlos a militares. Había personas que figuraban en la nómina
del Cusep, y también en la del Cestur.
¿Y
la del Cestur?.- En
el Cestur también se realizó una investigación especial por parte de la Cámara
de Cuentas, la cual es usada por la Pepca para corroborar las
indagatorias que realizaron los investigadores del Ministerio Público.
Establecen que desde el 1 de enero del
2010 al 31 de mayo del 2021 (Gestión de Torres Robiou) y con Rafael Núñez de
Aza como financiero de la institución, se realizaron decenas de irregularidades
en manejo de fondos.
Indican que desde enero de 2014 a mayo de
2021, de una muestra de 331 personas, identificaron 226 que no poseen registros
en los archivos físicos ni digitales en Recursos Humanos del Cestur. Sin
embargo, durante el tiempo en cuestión se les pagó 175 millones 507 mil 353
pesos que iban a los bolsillos de los miembros del entramado.
Entramado
societario.- La
Procuraduría dice que los miembros de la red y sus empresas incurrieron en
lavado de activos e incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero
sustraído del Estado dominicano.
La estructura se caracterizaba por la
creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas
instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”,
los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los
controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
El Ministerio Público comprobó que muchas de las empresas que recibieron grandes sumas de dinero no tenían una dirección real, pues visitaron los lugares en los que debían estar y encontraron que se trataba de una farsa de los miembros de la red.
Yanibet
Rivas, la jueza apoderada del caso Coral.- La magistrada Yanibet Rivas fue
apoderada recientemente para conocer el juicio preliminar del caso de
corrupción Operación Coral y Coral 5G.
Es una jueza con mucha experiencia
manejando casos de alto perfil.
Actualmente se desempeña como titular del
Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y ha instruido casos de
relevancia pública, tanto como jueza control de investigación, así como jueza
de la fase intermedia y audiencia preliminar.
Estuvo en casos como Operación Antipulpo, fue jueza control de la investigación; estuvo en el caso Tucano; caso Inversia (Delitos Financieros); caso Maconi (relacionado con narcotráfico ); caso de corrupción en la OMSA; caso Argenis Contreras, entre muchos otros. Su hoja de vida establece que es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Su carrera judicial inicio en el año 2014. Es docentes en varias universidades nacionales.
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