UERS
compraba materiales eléctricos a tres veces más su valor en el mercado a
empresas vinculadas a Alexis Medina. En la foto, Thelma Eusebio, quien fuera la
directora de la UERS desde 2008 hasta 2020.
Santo Domingo.- Como empresario, el hermano del expresidente Danilo Medina, el señor Juan Alexis Medina, se habría alzado con millonarios contratos en varias instituciones del Estado. Una de esas habría sido la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS).
A solicitud de la Procuraduría
Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca),
la Cámara de Cuentas realizó una auditoría a
esta institución por el período comprendido entre el 1 de agosto del año 2012 y
el 31 de agosto del año 2020, donde además se le instruyó poner énfasis a los
procesos de compras suscritos por las empresas vinculadas al principal imputado
en el caso Antipulpo, Juan Alexis Medina.
La UERS facturó
395,430,007 pesos a seis empresas, vinculadas en la actualidad en el caso
Antipulpo, las cuales durante su proceso de contratación evidenciaron
debilidades, cita el informe. Estas empresas fueron: Omalto Suply, Suim
Suplidores Institucionales Méndez, General Supply Corporation, United Suppliers
Corporation, Contratas Solution Services CSS, Globus Electrical, vendían a
la UERS materiales eléctricos y de papelería.
Además, el informe indica que el Comité de
Compras y Contrataciones de la entidad no realizó los procedimientos de
selección por Comparación de Precios, para adquirir bienes como lo establece la
Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, estos eran realizados de manera directa
a través del sistema interno de la institución, Sistema de Aplicación de
Procesos (SAP), mediante invitaciones enviadas por correo electrónico a los
proveedores, para que remitieran sus cotizaciones, sin dar participación a
otros posibles oferentes.
Cita el caso del pago de 30,572,924 pesos
por concepto de propaganda a un solo proveedor, Editorial Arianna, SRL, sin
haber agotado el procedimiento de selección acorde con la ley.
Destaca como otra irregularidad que
la UERS desembolsaba dinero producto de las
adjudicaciones a empresas, entre las que destaca las vinculadas a Medina, sin
tener un contrato que sustentara la actividad comercial.
En su turno de réplica la exdirectora de
la UERS, Thelma Eusebio, explicó a los auditores, que la
entidad le daba aval de contrato a las órdenes de compra.
“En los expedientes de compras podemos
verificar que todos tienen su pedido de compra el cual es válido como contrato
ya que detalla, el tiempo de entrega, el tipo de entrega, la condición de pago
y donde el suplidor tiene que entregar la mercancía”.
Esa explicación no tuvo validez para
la Cámara de Cuentas que deploró que, por ausencia
de un contrato, la entidad auditada no tiene un documento legal para exigirle a
los proveedores el cumplimiento de los requisitos o aplicarle las cláusulas
legales.
Otros de los aspectos, a destacar en la
investigación fue la sobrevaloración de precios en la adquisición
de bienes.
El informe refiere una suma
ascendente a 1,490,932 pesos en sobrevaloración de los bienes adquiridos por la
UERS de su proveedor General Supply Corporation, propiedad del imputado en el
caso Antipulpo.
“En la comparación realizada con los
precios contenidos en las facturas pagadas por las UERS a
General Supply Corporation, en el año 2016 y los precios suministrados en la
cotización del proveedor Tecnología Eléctrica, SRL (Telecsa), verificamos
sobrevaloración en artículos (materiales eléctricos) adquiridos, por un valor
de 1,490,932 pesos, no se pudo comprobar la calidad de estos”.
Ejemplo, según la comparación
del equipo auditor, la UERS le compró a Medina un cable de viento 5/16” a 30
pesos cuando en el mercado cuesta nueve pesos, es decir, hasta tres veces su
valor.
En su turno de réplica, Eusebio dijo que esta situación se daba porque atendiendo a los tiempos dilatorios de pago del Estado, los proveedores ajustaban los precios para que su ganancia no fluctuara.
Justificación
de la sobrevaloración de precios.- "Atendiendo este punto sumamente
importante, valga la aclaración de expresar que siempre en nuestra gestión
estuvimos preocupados por los precios, no obstante es bueno aclarar que por
diferentes factores que todos conocemos, los tiempos de pago, duración del
proceso deducciones que realizamos impiden a cualquier tipo de suplidor
brindarnos los precios del mercado actual, ya que a veces por la duración del
procesos los bienes a adquirir fluctuaban los precios y ya por tener la orden,
tenían que despacharnos al precio acordado", expresó Eusebio en
justiciación al precio de los materiales comprados a empresa de Alexis
Medina.
La UERS tuvo siete procesos de Licitación
Pública Nacional sin cumplir formalidades legales, por un monto de 426,618,392
pesos. Entre esos procesos, el equipo auditor detectó la ausencia de documento
que genera el reporte de lugares ocupados, las actas de recepción, aperturas y
lecturas propuestas técnicas y garantía de Fiel Cumplimiento, notificación de
adjudicación de los oferentes, entre otros.
Contratación de proveedor con Registro de Proveedores del Estado (RPE) inhabilitado. El informe precisa que la UERS contrató servicios con Helidosa Aviation Group, que representa el hijo del excandidato presidencial Gonzalo Castillo, cuando esta empresa tenía su registro de proveedor inhabilitado en el 2017.
Otras inobservancias e irregularidades.- La investigación a la UERS detectó otras inobservancias e irregularidades como las diferencias entre la ejecución presupuestaria, nóminas físicas y nóminas en formato digital que no coinciden.
Es decir, una situación era lo que se
publicaba en su portal de transparencia y otro lo que reposaba físicamente en
la institución.
Las diferencias entre nóminas según
ejecución presupuestaria y nóminas físicas son de un monto ascendente a
9,865,689 pesos, indica la auditoría.
La diferencia entre nóminas según
ejecución presupuestaria versus nóminas en formato digital es de 21,054,438
pesos y la falta de coincidencia entre nóminas físicas y nóminas
en formato digital es de 30,920,127 pesos.
Por otro lado, el informe revela pagos de
personal no identificados en las ejecuciones presupuestarias, ascendente a
234,651,192 pesos, ausencia de normativas para el gasto ejecutado de beneficios
laborales (Primas por antigüedad), ascendente a 176,833,735 pesos.
Además, registros incorrectos del gasto,
ascendente a: 15,402,000 pesos, por concepto de gasolina, registrado en
Compensación por Horas Extraordinarias, 12,353,833 pesos, por concepto de Prima
de transporte, registrados en Compensación por Horas Extraordinarias.
Entre otros hallazgos, el equipo auditor observó que la entidad dejó de retener el impuesto sobre la Renta a sus empleados, ascendente a 5,515,640 pesos y no encontró las certificaciones de pago a la DGII y a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), ascendente a 423,599,255 pesos de sus procesos de compras.
Recomendaciones.-
La
recomendación del equipo auditor dirigido por Enlly Santos y Daisy Maríñez,
supervisora de grupos de auditoría y directora interina de Auditoria
de la Cámara de Cuentas, respectivamente, es que:
A) La máxima
autoridad de la UERS cumpla con la ley No. 340-06 y su reglamento de
aplicación No. 543-12, en cuanto a los procesos de selección para la
adquisición de bienes y servicios.
B) Que
gestione la recuperación de los montos erogados sin la documentación
justificativa.
C) Disponer
la elaboración de un Plan Correctivo para adoptar e implementar las medidas
necesarias para mantener un control efectivo, tomando en consideración las
observaciones y conclusiones que se incluyen en este informe final, remitiendo
un informe a la Cámara de Cuentas de la República, en un plazo no
mayor de noventa (90) días.
Además, el informe legal del
organismo auditor advierte que las irregularidades señaladas comprometen
de manera civil y administrativa a las autoridades que inobservaron la ley y/o
hicieron un uso inadecuado de sus funciones. Además, señala que por las
violaciones a la Constitución y a las leyes “que se entienden como abuso de
poder y en provecho de particulares”, existen indicios que comprometen la
responsabilidad penal de estos.
El informe fue remitido a la Procuraduría
Especializa de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), institución
que solicitó la investigación, así como a las partes involucradas.
Fuentes: Auditoría de la Cámara de Cuentas notificada a la Procuraduría Especializa
de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
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