Periodistas
y miembros de la Defensoría del Pueblo fueron agredidos. Mientras, la Digesett
destituye a la encargada del Canódromo tras agresión a Defensor del Pueblo. En
lugar de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez fue nombrado el teniente
coronel Hipólito Rijo Santana. De su lado, la Sociedad Dominicana de Diarios
condena agresión a la prensa y al Defensor del Pueblo en el Canódromo. En la
foto, Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo.
Santo Domingo.- La Ley 19-01 que instituye el Defensor del Pueblo, le da potestad a su director, en este caso el licenciado Pablo Ulloa, a inspeccionar cualquier oficina pública “sin previo aviso”.
Tras el suceso que ocurrió la mañana de
este lunes, en el cual Ulloa, sus colaboradores, y miembros de la prensa fueron
agredidos por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y
Transporte Terrestre (Digesett), esta entidad argumentó que “no hubo aviso
previo” para escudarse en el accionar de sus miembros.
No obstante, y amparándose en lo que dice
la ley, Pablo Ulloa indicó que informó a los agentes de la Digesett que se
encontraban en el Centro de Retención Vehicular “El Coco”, lo que
establece la pieza sobre la potestad que tiene su institución.
Específicamente, el artículo 3 de la Ley número 19-01 establece que: “En el ejercicio de su ministerio, el Defensor del Pueblo estará investido de plenos poderes y facultades a fin de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de actos u omisiones del sector público y de las entidades no públicas que prestan servicios públicos”.
Pero, de manera más específica, el párrafo
1 de la citada ley aclara que: “El Defensor del Pueblo o sus Adjuntos
podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras
de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de ellas todos los
documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, los cuales
les serán suministrados de forma gratuita”.
Durante la inspección al Canódromo, como
se conoce popularmente el centro de retención vehicular, fueron agredidos miembros
de diversos medios de comunicación, como Listín Diario, CDN-Canal 37, el propio
Pablo Ulloa y varios de sus colaboradores.
Tanto al equipo de este medio como al de CDN le fueron retenidos equipos de trabajo y de uso personal que aún están en poder de las autoridades de la Digesett.
Relevan
coronela.-
La Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre
(Digesett) destituyó la tarde de este lunes de su cargo a la
encargada del Centro de Retención Vehicular el Coco (canódromo),
coronela Ysabelita de los Santos Pérez (PN).
La separación del puesto de la
funcionaria ocurre horas después de que el Defensor del
Pueblo fuera agredido, junto a periodistas, en el lugar.
En el cargo de la coronela se designó, de
forma interina, al
teniente coronel de la Policía Nacional, Hipólito Antonio Rijo
Santana.
El nombramiento está contenido en el memorándum 0484-22, el cual el director de la Digesett, Ramón Guzmán Peralta, insta al nuevo director de la entidad a "desempeñar su función apegado a las normas legales e institucionales establecidas".
En la foto, Persio Maldonado Sánchez, presidente de la SDD.
SDD
condena agresión.-
La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) deploró y censuró la agresión
cometida contra varios periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y el
Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, durante una jornada de inspección al
centro de retención de vehículos denominado “Canódromo El Coco”, en la avenida
Monumental.
Persio Maldonado Sánchez, presidente de la
Sociedad Dominicana de Diarios, dijo que se trata de un ataque inaceptable e
incomprensible, toda vez que en el caso de los equipos de prensa que
acompañaban al Defe3nsor del Pueblo estos cumplían con la sagrada misión de
informar a la población sobre lo acontecido en ese momento.
Manifestó que acciones de esta naturaleza
son las que al final vendrán a engrosar la lista de eventos contra la libertad
de prensa, de expresión y difusión en la República Dominicana, que sin duda
siempre termina afectando la imagen del país, y, por consiguiente, la de los
gobiernos.
La entidad que agrupa a los periódicos
dominicanos de circulación nacional considera que la transgresión contra el
libre ejercicio de informar desde los medios de comunicación, no puede ser
permitido bajo ninguna circunstancia, y por tanto exige que los hechos
acontecidos este lunes en el Canódromo sean debidamente castigados por las
autoridades correspondientes.
“Son acontecimientos que ni las autoridades oficiales ni la sociedad pueden pasar por alto, porque cuando ocurren y no se establece la debida y correspondiente sanción, entonces estamos creando las condiciones para venir en retroceso en todo lo que hemos avanzado en cuanto al libre ejercicio del periodismo, que tanto sacrificio y sangre les ha constado a los dominicanos”, finalizó la Sociedad Dominicana de Diarios en un documento de prensa.
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