El juicio preliminar del “Caso Antipulpo” será el día 7 de febrero próximo. El juez Deiby Peguero los citó al salón de audiencia para entregarles acusación a cada uno de los encartados. En la foto, Juan Alexis Medina es el principal imputado caso Antipulpo. Por otro lado, juez aplaza audiencia de solicitud de prórroga para acusación del “Caso Coral”.
Santo Domingo.- Juan Alexis Medina y el grupo de acusados en el caso de presunta corrupción "Operación Antipulpo" fueron llevados la mañana de este viernes ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para ser notificados de la acusación que el Ministerio Público presentó en su contra.
El magistrado Deiby Timoteo
Peguero Jiménez lo hizo de esta forma para asegurar que cada uno
de los imputados tenga la acusación y puedan estudiarla para hacerle frente en
el juicio preliminar que ha sido fijado para el 7 de
febrero.
En la etapa preliminar de este proceso
penal, el magistrado Peguero tendrá la tarea de
examinar el volumen de pruebas presentadas por el Ministerio
Público y las pruebas a descargo de las partes, a fin de decidir
si el proceso tiene méritos para conocerse en un juicio de fondo, que es en
donde se decide la culpabilidad o inocencia de los acusados.
La acusación.- La Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó
una acusación amplia en la que se detallan las presuntas maniobras corruptas en
las que habría incurrido Juan Alexis Medina Sánchez
para crear un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de
millones de pesos.
La Pepca dice que todo esto lo hizo “bajo
el escudo protector y el apoyo de la Presidencia de la República que encabezó
su hermano, Danilo Medina Sánchez”.
En el voluminoso expediente por corrupción
y lavado de activos, de unas 3,500 páginas, figura como acusada Carmen
Magalys Medina Sánchez, quien supuestamente también aprovechó sus
lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las
Empresas Reformadas (Fonper) “para delinquir dentro del entramado de corrupción
del que fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis
Medina Sánchez”.
Asimismo, son acusados Fernando Rosa,
quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José
Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general
de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles
Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación incluye a Julián
Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era
ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a
Domingo Antonio Santiago.
El Ministerio Público,
que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito presenta
cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation
S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus
Electrical S.R.L.
El expediente aporta evidencias de cómo el
entramado societario vinculado a Juan Alexis
Medina Sánchez se benefició de una relación ventajosa con el
Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento “Tornado
Fuerzas Vivas” para diversos candidatos políticos del entonces
oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo campañas de
Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo Terrero.
Describe cómo Juan Alexis Medina Sánchez pasó de convertirse de “un pequeño negociante, con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondos”, en un próspero suplidor de múltiples dependencias estatales y llegó a tener socios como el excandidato a la Presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, procesado en Estados Unidos por lavado de activos.
Caso
Coral para el martes.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional aplazó para el martes de la semana entrante el conocimiento
de la audiencia para conocer la solicitud del Ministerio Público de cuatro
meses de prórroga para presentar la acusación en contra de los imputados en el
caso Coral.
El magistrado Raymundo Mejía tomó la
decisión a fin de dar oportunidad a los abogados de los imputados de tomar
conocimiento de la solicitud de prórroga presentada por la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la
Dirección de Persecución. La audiencia se conocerá a las once de la mañana.
La solicitud de prórroga para presentar
acusación contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y los demás
imputados involucrados en el caso, fue hecha por el procurador adjunto Wilson
Camacho, titular de la Pepca, a través de una instancia fechada el día 4 de
este mes de enero.
En el documento firmado además por la
directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, se
hace constar que se hizo la solicitud por diversas razones y que “a medida
que esta investigación avanza, la situación de los procesados se ve cada vez
más grave y compleja".
En su petición el Ministerio Público dice
que mantiene una investigación diligente y activa contra la red de corrupción
de la que, figuran además como imputados la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su
hijo el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael
Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El 10 de mayo de 2021, la jueza del
juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero,
mediante resolución impuso medida de coerción de prisión preventiva de 18 meses
en contra de los encartados, luego de haber declarado el caso complejo. Ordenó
además arresto domiciliario con vigilancia en contra del mayor Raúl Alejandro
Girón Jiménez, testigo clave de la acusación.
A los acusados se les imputa los delitos
de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de
funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos
provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de
fuego.
De acuerdo a las investigaciones que
realizó Pepca, cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder,
Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y
religioso para distraer fondos del CUSEP y del Cuerpo Especializado de
Seguridad Turística (Cestur).
Fuentes: Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional
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