Este miércoles se cumplen cien días
de resistencia y exigiendo tierra y agua para producir alimentos para ellos,
sus familias y el país.
Tamayo, provincia Bahoruco.- La tarde de este martes fue golpeado y apresado el licenciado Obispo Figuereo, abogado y dirigente del Campamento Campesino “Libertad”, ubicado en “El Polvorín”, El Aguacatico, de este municipio, la provincia Bahoruco.
El apresamiento se produjo luego de
sostener una discusión en los terrenos del Campamento, después que empleados
del Consorcio Azucarero Central (CAC), acompañados de policías y militares se
presentaron al área que controlan los dirigentes campesinos.
Este miércoles se cumplen cien días de resistencia y exigiendo tierra y agua para producir alimentos para ellos, sus familias y el país.
Según informan, las reacciones no se
hicieron esperar y el dirigente campesino Enrique González, de la Asociación
sin Tierra de Vicente Noble, acusó a la abogada del CAC, Karin Galarza, de lo
que pueda ocurrirle a Obispo Figuereo.
“Ella es la única responsable de cualquier
situación que le pase al compañero, por igual el director regional del AID,
Miguel Ángel Cruz Reyes, es igual de responsable, por asumir una actitud en
favor del Consorcio y en contra del campesinado, él es quien dirige todas las
acciones en contra de los campesinos del campamento Campesino Libertad”, dijo
González.
Indican que no es primera vez que se da
una situación de esta naturaleza, “pero no habían llegado al apresamiento de
compañeros del Campamento”.
Advierten que, si el director regional del
AID no da su “brazo a torcer”, tampoco ellos, asegurando que continuarán
“resistiendo” hasta que su reclamo llegue a donde tenga llegar y logren el
sueño de tierra y agua para producir y hacer parir la tierra.
Recuerdan que en las últimas semanas una comisión del campamento y otras personalidades, entre ellos el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, así como varias instituciones del Estado, se están reuniendo en Santo Domingo con el objetivo de buscar una solución al conflicto entre campesinos, el Consorcio Azucarero Central y el Estado, que lleva más de tres meses.
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