La FINJUS
cuestiona que sea la ADP el único sector que se resista retornar a normalidad.
En la foto, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS.
Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (Finjus), cuestionó la situación creada como consecuencia de la decisión de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de llamar a sus miembros a no asistir a las aulas bajo el argumento de que la crisis sanitaria creada por la pandemia de la COVID-19 pondría en peligro la salud de maestros y estudiantes.
Finjus recordó a
la ADP que
ya los tribunales han fallado en su contra por afectar el derecho
constitucional a la enseñanza.
La entidad afirma que a diversos sectores
de la sociedad dominicana les preocupa “que la ADP se arrogue una función
institucional que no le corresponde, al desconocer las decisiones de los
órganos e instituciones que por mandato constitucional y legal están llamados a
regular y adoptar las medidas que se requieran para asegurar el normal
funcionamiento de la vida nacional”.
“Desconociendo los llamados de las
autoridades educativas, de la salud y de amplias capas sociales, la ADP reitera una conducta que en
ocasiones anteriores ya ha sido sancionada por los tribunales de la República, que
es la de afectar el derecho a la educación de niños y adolescentes dominicanos
por adoptar decisiones al margen de los mecanismos previstos por las
leyes”, indica la Finjus.
Se recuerda que en el 2017, la Primera
Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera
Instancia de Barahona, ordenó a la ADP de
esa provincia levantar en lo inmediato la suspensión de la docencia que empezó
el 16 de enero del 2017 y a convocar a la clase magisterial e integrarse a su
labor docente en los distintos centros educativos que le son vinculados.
Igualmente les impuso el pago de un
astreinte de RD$50,000 a la seccional de Barahona de la ADP por cada día que
incumpliera en levantar el paro de docencia. En su sentencia el tribunal
argumentó que el conflicto “que los ha llevado a la huelga es entre el gremio y
el Ministerio de Educación, y los estudiantes no deben ser un medio para
solucionarlo. La sentencia fue luego confirmada por el Tribunal Constitucional
en el 2019.
Cuestiona
que sea el único sector que se resista retornar a normalidad.- En su comunicado
de este domingo, la Finjus cuestiona que la Asociación de Profesores
sea “el único sector” que se resista a la vuelta hacia la normalidad cuando
“otros sectores de naturaleza similar lo han hecho en las actuales
circunstancias, adoptando las necesarias medidas de prevención”.
“De acuerdo a los datos oficiales, el
sector magisterial ha sido privilegiado en los programas de vacunación y en la
implementación de los protocolos sanitarios de lugar. Por tanto, no resulta
razonable, desde una perspectiva colectiva e intergeneracional, adoptar las
medidas que ha puesto en práctica la ADP, cuyo impacto desfavorable
gravitará sobre la educación dominicana”, agrega la Fundación Institucionalidad
y Justicia.
La Finjus dice que “desde el
punto de vista del tejido productivo nacional, el llamado a que los profesores
no se presenten a sus labores en las escuelas genera mucha
incertidumbre y, por tanto, podría afectar el desarrollo económico del país”.
La Finjus reiteró su exhortación
a la ADP “para que sus actuaciones se adopten en un marco de
legalidad, razonabilidad y prudencia, colocando los mejores intereses
nacionales por encima de cualquier consideración particular.
La ADP – continúa el comunicado
-y el conjunto del magisterio nacional deben ser actores de primera línea para
garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución dominicana, promoviendo
una educación de calidad, integral, permanente y en igualdad de condiciones”.
Dijo confiar en que el gremio
reconsiderará su postura y dará los pasos necesarios para retomar la
coordinación con las autoridades educativas y sanitarias, para adoptar las
medidas de prevención que garanticen la salud de los docentes y estudiantes y
sus familias, y llame a la reanudación de la docencia.
Fuente: Comunicado de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (Finjus).
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