Fior
Daliza Peguero
San Pedro de Macorís.- La caña de azúcar ha sido uno de los productos más provechosos para la República Dominicana. Las exportaciones azucareras dominicanas tuvieron su pico en el gobierno de Trujillo y desde entonces vinieron a menos. La industria azucarera, así como la algodonera, ha dejado de ser uno de los ejes de exportaciones de la economía dominicana para convertirse en otra cosa.
El Consejo Estatal del Azúcar (CEA),
creado en 1966, se convirtió en un negocio inmobiliario desregulado y
privatizado que no conviene al interés nacional y a nuestras necesidades de
desarrollo social y económico.
No es casualidad que el actual director
del Consejo Estatal del Azúcar sea también el Director General de Bienes
Nacionales (desde el 15 de octubre de 2021). Hace años viene gestándose la
fusión del patrimonio de los restos del CEA con los patrimonios administrados
por la Dirección General de Bienes Nacionales.
Es decir que lo que perteneció a la
familia de Trujillo fue incorporándose a la propiedad del Estado dominicano y
en ese proceso fueron despojándose tareas, predios y lotes.
Al día de hoy lo que quedan son restos desordenados de una industria que fue nacionalizada y que ahora se pervierte en manos de particulares al margen de la ley. Otro problema que sucede es que muchos terrenos fueron vendidos dos y tres veces, algunos otros han pagado la totalidad de sus compromisos y están luchando todavía en la justicia para adquirir los bienes.
Aquí en San Pedro de Macorís muchos
empresarios ganaderos se hicieron de varios kilómetros cuadrados que
usufructúan sin haber comprado y que pertenecen legalmente a la República, es
decir que se enriquecen de tierra que no contrajeron legalmente.
Aquí en San Pedro de Macorís muchos
empresarios de la construcción levantaron sus edificaciones sobre tierra que no
adquirieron siguiendo las leyes protectoras de los bienes públicos.
No solamente han sido empresarios los que se han favorecido del desorden institucional y patrimonial respecto al CEA, también se han favorecido otros individuos que invaden los terrenos y que ocupan ilegalmente a mano armada.
Durante el mes de enero, el director del
Consejo Estatal del Azúcar ha rechazado los señalamientos de congresistas
estadounidenses calificándolos como una campaña de descrédito contra la
producción azucarera dominicana y su reputación en los mercados internacionales.
Pienso que los congresistas
estadounidenses están en lo cierto y puedo ver con mis propios ojos lo que
sucede en los ingenios azucareros.
Como diputada y representante de la provincia San Pedro de Macorís me pronuncio a favor de los trabajadores cañeros y a favor de los sindicatos que realmente están del lado de los trabajadores. Por lo tanto expreso mi preocupación por el desorden institucional y por las deficientes condiciones de seguridad para los trabajadores a los que ni se les paga esas compensaciones que les corresponde por ley.
Desde el año 2020 varias parcelas han sido
vendidas irregularmente; ejemplo de esos atropellos son los ingenios Santa Fé y
Porvenir de San Pedro de Macorís. Lo que sucede alrededor del CEA no consiste
solamente en bienes y trabajadores maltratados, también consiste en vicios
administrativos de pasadas gestiones.
Las ventas irregulares se han dado durante
gestiones anteriores.
Mi postura se sostiene en las
investigaciones de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), además
mi postura se sostiene en todas las reclamaciones que se han dado a los Vicini
y Central Romana.
Finalmente deseo fijar mi postura sobre la
necesidad imperante de un levantamiento total de todo el patrimonio del CEA en
los actuales momentos para garantizar el derecho de propiedad de los
adquirentes y regularizar a los restantes.
Si somos capaces de garantizar la propiedad privada, tenemos que ser capaces de garantizar la propiedad pública de los bienes nacionales.
La
autora, Fior Daliza Peguero, es diputada por San Pedro de Macorís, vocera del
Bloque de Diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
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