Un
diputado busca tratar de acabar con “los abusos” que cometen las entidades
bancarias. Acusa a la Superintendencia de Bancos de actuar en complicidad con
las entidades bancarias en detrimento de los usuarios. Buscan “democratizar”
los servicios para usuarios de tarjeta de crédito y débito.
Santo Domingo.- Un proyecto de ley busca, entre otras cosas, prohibir a las entidades financieras informar las bases de datos con los antecedentes financieros de los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación de la deuda.
Se trata de una iniciativa, sometida el
pasado 13 de octubre, por el diputado reformista Máximo Castro Silverio, que
establece en el párrafo del artículo 39, que las “entidades informantes serán
solidaria e ilimitadamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados
a los beneficiarios de las extensiones u opciones de tarjetas de crédito por
las consecuencias de la información provista”.
También, la pieza establece en el párrafo
del artículo 38 que el tratamiento de los datos personales con fines
distintos.... “requerirá del consentimiento expreso, libre e informado de los
tarjetahabientes en documento separado al contrato”.
El proyecto de ley también dispone que la
Superintendencia de Bancos publique mensualmente un estudio comparativo de las
tarjetas de crédito que contenga detalles como las tasas de intereses
financieras, moratorias y pasivas, comisiones u otros cargos, así como los
beneficios adicionales que no impliquen costos para los tarjetahabiente,
cobertura y plazos de pago.
En el artículo 64 se refiere a “prácticas
abusivas en las cobranzas” y señala que las gestiones de cobro de deudas contraídas
por los tarjetahabientes deberán ser llevadas directamente por las entidades
financieras.
Añade en un párrafo que “no se podrá
realizar dicha gestión (de cobro) con personas distintas a las ya indicadas ni
utilizarse prácticas de acoso y hostigamiento para tal fin”.
Por otro lado, la iniciativa legislativa
ordena que, dentro de los seis meses a partir de la vigencia de la ley, de ser
aprobada, los cajeros automáticos deberán facilitar y/o exhibir las
informaciones de las comisiones por el uso de sus servicios.
Además, propone, en el artículo 46, que
las comisiones por el uso de los cajeros automáticos deberán ser informadas en
sus pantallas previo a la realización de cualquier transacción.
En el artículo 18, establece que el
tarjetahabiente tendrá plena libertad de elección entre las aseguradoras,
intermediarios de seguros y servicios auxiliares de su preferencia, por lo que
las entidades de intermediación financiera, emisoras de tarjetas de crédito y
débito, no podrán condicionar su contratación.
Asimismo, la propuesta de ley contempla,
en su artículo 27, que el contenido del estado de cuenta de la tarjeta de
crédito deberá corresponder a un modelo determinado por la Superintendencia de
Bancos, previa consulta al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del
Consumidor (ProConsumidor).
Acusa
a SB de actuar en complicidad.- Para el diputado reformista Máximo Castro
Silverio, proponente de esa iniciativa, “Parece que la Superintendencia de
Bancos tiene una complicidad con los banqueros porque eso, los abusos que
cometen las entidades de intermediación financiera, no debieran suceder”
Lamentó que cómo la mayoría de los
ciudadanos se descuidan les cobran muchos intereses no previstos sin que se den
cuenta.
Aseguró que los clientes son engañados
constantemente y que en el país no existe un sistema educativo permanente para
que los usuarios sean edificados sobre sus derechos y deberes.
“Aquí hay dos cosas que están engañando a
la gente: las tarjetas de crédito y las AFP. Ahí está el engaño más grande.
Entonces, todas esas cosas hay que enfrentarla en beneficio de los que no
tienen quien los defienda”, argumentó.
El decano de los legisladores criticó que
las entidades de intermediación financiera cobren “demasiados intereses y moras
excesivas” en detrimento de los ciudadanos y afirmó que con ese proyecto de ley
“Lo que queremos es democratizar ese proceso de las tarjetas de crédito en el
país”.
Manifestó que los congresistas no deben
actuar con temor frente a los sectores poderosos”.
“Tampoco desconocemos el servicio que
ellos dan (las entidades de intermediación financiera) pero no puede ser un
servicio sacrificando tanto al cliente”, concluyó.
Puso como ejemplo, algo que le sucedió
como cliente y dijo que al usar su tarjeta de crédito al pagar 150 pesos de 200
pesos que debía, la entidad bancaria todavía le sigue cobrando intereses en
razón de los 200 pesos, lo que para él constituye “un engaño”.
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