En
16 meses, el presidente Luis Abinader ha cancelado a trece funcionarios. Las rezagadas denuncias
del gobierno de Abinader: ¿Qué ha pasado con estos escándalos?... En el 2021
hubo denuncias y/o señalamientos desde el Plan de Asistencia Social de la
Presidencia, Lotería Nacional, Instituto Agrario Dominicano, Salud Pública, Ministerio de la Juventud, ITSC,
Inabie, Gabinete de Asistencia Social, Medio Ambiente e Imposdom, entre otros
organismos e instituciones.
Santo Domingo.- Las operaciones anticorrupción de la Procuraduría
General de la República han dominado la atención pública desde el destape del
caso Antipulpo, un supuesto entramado revelado hace justamente un año. Pero, los inicios de la presente gestión
del presidente Luis Abinader estuvieron matizados por denuncias de corrupción
en instituciones públicas.
Al asumir sus cargos, varios funcionarios de la
actual administración dieron a conocer el hallazgo de supuestos “actos
sospechosos de irregularidades” provenientes de la administración anterior y de
la vigente.
Lo cierto es que, la lista de
denuncias es larga y no solamente por corrupción. Muchas se encuentran en
proceso de investigación, algunas sin señales de avance y otras se mantienen
como acusaciones.
La Dirección General de Ética e
Integridad Gubernamental (Digeig), que encabeza Milagros Ortiz Bosch,
proporcionó a los medios de comunicación un informe del curso actual de muchas
de ellas.
2020-2021, cien millones para artistas.- Hace justamente un
año, o sea para el período navideño 2020-2021, desde el Gabinete de Asistencia
Social cuyo coordinador es Francisco Antonio Peña Guaba (Tony Peña Guaba), se
produjo en “tremendo barajuste”, con la distribución de unos cien millones de
pesos dominicanos entre decenas de artistas (músicos, cantantes, directores de
orquestas y combos, etc.).
Todavía este martes, el director de
Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, volvió a advertir que los artistas
que recibieron ese dinero deben devolverlo.
A esto respondió, casi
automáticamente, el “Negrito de Villa”, Sergio Vargas, quien aclaró que las
sumas recibidas por los artistas se han ido pagando, unos con fiestas y los
demás mediante otras jornadas o vías.
Caso Plutarco Arias.- En febrero de 2021
Plutarco Arias, ex ministro de Salud Pública, quien se encontraba semanas antes
en el ojo del huracán por una supuesta sobreevaluación y compra irregular de
jeringuillas, fue removido de su cargo.
Poco después de darse a conocer su
destitución, Arias emitió un comunicado en el que alegaba que había sido
víctima de “una ola de infidencia y chantaje”.
“Diversos sectores interesados en
repartirse el presupuesto del ministerio de salud, han desatado una andanada de
mentiras, críticas, extorsiones y chantajes, con la finalidad de distorsionar
mi labor esforzada, recta y transparente en la conducción del ministerio”,
manifestó en la ocasión.
El decreto 131-21 se produjo el 26 de
febrero de este año. Fue nombrado en su lugar, varios días después, el doctor
Daniel Rivera.
Según la Dirección de Ética, sin
ofrecer mayores detalles “todo lo relacionado al doctor Plutarco Arias, fueron
decisiones tomadas directamente desde Presidencia”.
El caso del ITSC.- En marzo de 2021 el
programa de investigación de la periodista Addis Burgos denunció varias
irregularidades en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), entre
ellas acoso sexual y laboral, nepotismo, aumento injustificado de nómina, uso
desproporcionado y falta de transparencia de fondos públicos y duplicidad de
cargos.
El entonces rector del ITSC, José
Altagracia Sánchez, renunció de su cargo a propósito de la investigación que
apoderó la Digeig sobre las denuncias. En cuanto a las anormalidades de índole
administrativo, la entidad sostuvo que se han realizado múltiples
requerimientos de indagación a instituciones como la Contraloría General de la
República y la Junta Central Electoral, a fin de validar los hechos
denunciados.
Los últimos documentos de este caso fueron recibidos este mes de diciembre y se encuentran en proceso de análisis conclusivo. La Dirección de Ética advirtió que debido a la gran cantidad de documentos recabados, el informe correspondiente aún no está listo.
Ministerio Juventud.- El pasado 6 de
diciembre fue destituida Luz del Alba Jiménez como ministra de la
Juventud. Su baja se produce luego de una serie de denuncias que la
ligaban, presuntamente, a intenciones de beneficiar en licitaciones a dos
empresas llamadas Gretmon y SketchProm por un valor de 3 millones de pesos.
Por instrucciones de la presidencia
de la República, para este caso se conformó una comisión conjunta entre las
unidades de investigación de la Dirección General de Ética Gubernamental, la
Contraloría General de la República y la Dirección General de Compras y
Contrataciones. El expediente con los resultados del escudriñamiento fue
remitido por el contralor general Catalino Correo Hiciano a la Pepca.
La predecesora de Jiménez, salió del
cargo en condiciones similares, ya que estuvo bajo el escrutinio público por la
procedencia de su patrimonio.
La ex ministra de la juventud
Kinsberly Taveras solicitó al presidente Luis Abinader una licencia en el
ejercicio de sus funciones para ser investigada por la Procuraduría Especializada
de Persecución de la Corrupción, sin embargo, semanas después hizo formal su
renuncia.
La Dirección de Ética informó que Taveras está siendo investigada por el Ministerio Público, según estipula la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de patrimonio.
En la foto, la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien en su condición de directora de Ética Gubernamental, ha tenido una incansable labor.
Caso Inabie.- Tras denuncias sobre licitaciones irregulares en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Cecilio Rodríguez Montás, director de esta entidad fue destituido del cargo el pasado 17 de noviembre.
Días antes del decreto, fue anunciado
que el Ministerio de Educación (Minerd) estaba realizando indagaciones sobre la
licitación del almuerzo escolar del período 2021-2022. En este proceso
participaron unos 2,565 oferentes de los cuales fueron adjudicados 1,821, para
suplir el almuerzo a estudiantes de la tanda extendida.
La dependencia que dirige Milagros
Ortiz confirmó que recibieron varias denuncias de personas afectadas por la
situación y manifestó que “todos los expedientes fueron remitidos a Compras y
Contrataciones por ser el órgano rector en materia de compras”. Al tiempo que
comunicó, esa institución se mantiene “a la espera” de los resultados
preliminares de la investigación para poder tomar medidas disciplinarias al
respecto.
Inposdom.- Adán Peguero,
director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) fue señalado por presuntas
irregularidades en la contratación de una empresa extranjera llamada “Mía Cargo
Group”. En dicho contrato se encontraron anomalías que datan de hace varios
años y en las que supuestamente el funcionario también participó.
Peguero pidió una licencia para ser
investigado por las autoridades, la cual fue concedida por el presidente
Abinader. Luego de esto, el director de la referida dependencia ha acudido a la
procuraduría para fines de interrogatorio en más de cuatro ocasiones.
Casos remitidos a la Pepca.- Uno de los
escándalos más sonoros de principios de gobierno fue el propiciado en el Plan
de Asistencia Social de la Presidencia, debido a la desaparición de sus discos
duros.
En agosto del año pasado, Yadira
Henríquez, directora de la dependencia, aseguró que fueron extraídos de los
equipos de las áreas administrativas y jurídicas, los cuales contenían
“informaciones de suma importancia”.
La información fue dada a conocer en
una rueda de prensa dónde el propio presidente Luis Abinader afirmó que
“no se tiene ninguna información sobre inventario, deudas, pagos y compras en
el Plan Social, debido a que se llevaron todos los discos duros de las
computadoras y las dejaron vacías”.
Este caso fue remitido a la Pepca el
19 de octubre de 2020.
Asimismo fue remitido al órgano
persecutor para fines de investigación el caso del Departamento Aeroportuario
de Puerto Plata, donde el pasado mes de julio se denunciaron presuntas
anomalías administrativas.
Sin denuncia formal.- Se sumó a la lista de funcionarios denunciantes el ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, quien advirtió había encontrado un “abultamiento en la nómina de la institución”. No obstante, según la Dirección de Ética, no se registró ninguna denuncia al respecto.
Trece
destituidos en un año.- A un año y cuatro meses de gobierno, el presidente
Luis Abinader ha removido de su cargo a 12 funcionarios de distintas
dependencias del Estado.
En la mayoría de los casos, el mandatario
ha mostrado ser receptivo ante la conducta y desempeño de su equipo de gobierno,
ya que muchas de las destituciones son motivadas por escándalos que deterioran
la imagen de su gestión y, en otros casos, por presunta ineficiencia.
El 30 de noviembre de 2020 fue destituido
el viceministro de Interior y Policía, Víctor Polanco Severino, mediante el
decreto 691-20, tras rumores de su participación en una supuesta mafia en las
expediciones para porte y tenencias de armas de fuego.
Polanco negó esa imputación, alegando que
lo hicieron “saltar del cargo”. En su lugar, fue designado Víctor Ramón Castro.
Una de las destituciones más destacadas
fue la de Plutarco Arias, exministro de Salud Pública, quien por varias semanas
había caído “en el ojo del huracán” por una supuesta sobreevaluación y compra
irregular de jeringuillas.
El decreto 131-21 que marcó su destitución
fue emitido el 26 de febrero de 2021, el día anterior al discurso de rendición
de cuentas del presidente Abinader. En su lugar fue nombrado el doctor Daniel
Rivera.
Otra baja en el tren gubernamental fue la
del general Juan Carlos Torres Robiou, quien ejercía de director del Cuerpo Especializado
de Seguridad Turística (Cestur). Fue sustituido por el coronel Roberto Acevedo
Tejada.
Si bien esta no fue una destitución, el
general presentó su renuncia. Torres Robiou había sido mencionado en el expediente
“Operación Coral”.
El gerente general de la Empresa
Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Tomás Ozuna Tapia, fue
destituido el 20 de mayo de este año. No se dieron a conocer los motivos.
No obstante, meses después de asumir el
cargo, Ozuna Tapia había denunciado anomalías encontradas en la pasada
gestión, desde pagos directos sin órdenes de compra hasta irregularidades en
los contratos para la compra de equipos eléctricos. Tras su salida, Andrés
Astacio asumió la gerencia.
El 15 de junio de 2021, Abinader designó a
Teófilo José Tabar (Quico) como administrador de la Lotería Nacional, entrando
en sustitución de Luis Dicent, cancelado bajo el decreto 379-21.
La destitución de este último se produjo
tres días después de haber sido arrestado por el ministerio público, acusado de
estafar a bancas de lotería por 500 millones de pesos.
Actualmente, Dicent cumple medida de coerción,
como implicado en el caso de corrupción denominado “Operación 13”.
Por su parte, Leonardo Faña, exdirector
del Instituto Agrario Dominicano (IAD), fue otro funcionario afectado por
estos escándalos.
Fue acusado de abuso sexual por una
empleada de esa institución, y varios días después fue destituido mediante el
decreto 518-21 del 20 de agosto de 2021. Francisco Guillermo García asumió el
cargo.
Pero en el juicio por el caso, un mes
después de su destitución, Faña fue descargado de esas imputaciones por el
juez de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Daniel
Nolasco.
El 24 de agosto de 2021, Julio Antonio de
la Cruz fue removido de su cargo de director general de Embellecimiento de
Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Dgecac). Había sido vinculado a
irregularidades, entre ellas el nombramiento de familiares y compras
arbitrarias.
La última destitución (la número trece,
vaya número) es la de Luz del Alba Jiménez como ministra de la Juventud.
Fuentes: Textos originales de la periodista Yasmel Corporán, para Listín
Diario. Título, subtítulos, algunos cambios, correcciones y elementos agregados
a los textos originales, por Vianelo Perdomo Batista, director de
Notiactualidad Global. Fotos de archivos.
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