Partidos
y otros sectores participantes en la mesa deberán presentar contrapropuestas
sobre reforma constitucional, el Ministerio Público, las altas cortes y demás
elementos en discusión.
Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader presentó este miércoles, 15 de septiembre, ante el liderazgo político, empresarial y laboral que participó en el segundo encuentro del diálogo nacional por trece reformas institucionales.
El mandatario presentó los aspectos de la
Constitución que considera deben ser modificados a fin de robustecer el sistema
de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales,
eficientizar la administración pública y consolidar el ejercicio democrático.
Se plantearon puntos relativos a
reconfigurar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), las altas cortes y
el Poder Judicial, el Ministerio Público, la representación de la
administración pública, el sistema electoral, la iniciativa legislativa y el
control de los fondos públicos.
Consejo Nacional de la Magistratura.- Para lograr una Justicia independiente, se propuso recomponer el CNM, con exclusión del procurador general de la República. La composición quedaría en siete miembros, en vez de los ocho actuales para dotarlo de mayor legitimidad.
En el marco de esta reforma se busca
perfeccionar el funcionamiento de ese órgano para que sesione de manera
ordinaria cada tres años y extraordinariamente cuantas veces sea necesario,
tras la convocatoria del presidente del Consejo o, en su defecto, del conjunto
de los representantes del Poder Legislativo ante éste.
Ministerio
Público.-
Se buscaría la independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, tal
como ha propuesto el presidente Abinader en reiteradas ocasiones, quitándole al
mandatario la facultad para designar al procurador general de la República.
Este funcionario pasaría a denominarse fiscal general de la República.
Por otra parte, se delegaría en la ley la
regulación del funcionamiento del Consejo Superior del Ministerio Público,
incluyendo disposiciones que garanticen la independencia entre sus miembros.
El Ejecutivo propuso sujetar a los
titulares del Ministerio Público a un régimen de ingreso, permanencia y
fiscalización más riguroso, estableciendo nuevos requisitos y formas de
designación, así como incluirlos dentro de los servidores que pueden ser
invitados a las cámaras legislativas y a las interpelaciones del Congreso
Nacional.
En el marco de esta reforma también se
delimitarían mejor las funciones del Ministerio Público, para especializarlo en
la investigación y persecución de los hechos punibles.
Algunas de sus funciones serían
transferidas a un ente del Poder Ejecutivo, tales como la formulación e
implementación de la política del Estado contra la criminalidad y la dirección
del sistema penitenciario.
Altas
cortes.-
En el documento presentado por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo,
Antoliano Peralta, a los presentes, se propone someter a los jueces de las
altas cortes a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso.
En tal sentido, estos jueces serían
designados por períodos únicos de nueve años y los plenos serían renovados
gradualmente cada tres años.
La presidencia de esos tribunales sería
alternada cada tres años a partir de los jueces designados.
Se incluirían nuevos requisitos de
designación para los magistrados, como que durante los cinco años previos a su
designación no hayan estado inscritos en un partido político ni hayan realizado
actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante.
Abogado
de la Administración Pública.- Como parte de los procesos de
reestructuración de la Administración Pública, se plantea reorganizar la figura
del actual procurador general Administrativo, para que este se convierta en el
abogado general de la Administración Pública, para representar a la
Administración Pública ante la jurisdicción contenciosa administrativa o
cualquier otra que establezca la ley.
Sistema
electoral.-
En cuanto al Tribunal Superior Electoral, se le suprimiría la figura de los
suplentes en esta alta corte, para fijar su pleno en un total de cinco
miembros, dentro de los cuales se elegiría al presidente y sus sustitutos.
Respecto a la Junta Central Electoral, se
incluiría para sus miembros el requisito de no haber hecho vida política
durante los cinco años previos a su designación.
La iniciativa legislativa popular sería
reducida del 2% del electorado, a tan sólo 25 mil ciudadanos, y se
reorganizaría a los órganos encargados del control: la Cámara de Cuentas y la
Contraloría General de la República.
Los partidos políticos deberán discutir
las propuestas y presentar sus posiciones en próximas reuniones.
El siguiente encuentro se desarrollará el
6 de octubre, cuando deberá determinarse la metodología del diálogo y
establecer el número preciso de reformas.
Algunas
exposiciones.- El
presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, consideró que el Poder
Ejecutivo debía presentar una propuesta concreta acerca de los artículos que propone
modificar y la redacción que considera que tendría que dárseles, así como
determinar el nivel de compromiso que asumirá con los resultados de las
discusiones.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo,
Antoliano Peralta, respondió a Moreno que ya el Ejecutivo tiene elaborado un
proyecto de ley para convocar a la reforma constitucional, pero que decidieron
no hacerlo este miércoles porque entendían que ese no era el tema de la agenda.
El diputado del Frente Amplio, Juan
Dionicio Rodríguez Restituyo, optó por una reforma constitucional que implique
la dignificación del trabajo, cambiar las reglas del juego de la economía,
corregir niveles de endeudamiento y salvar la política.
Los representantes del Partido de la
Liberación Dominicana propusieron una reforma relativa al cambio climático.
Reformas
que se discuten paralelamente.- Aunque algunas reformas, como la laboral,
de seguridad social y policial se están discutiendo al margen del diálogo con
el liderazgo nacional, el presidente Luis Abinader aseguró que “todos los temas
se van a tratar y tienen que tratarse en este escenario”.
En ese sentido, señaló que están viendo el
orden en que los temas serán tratados.
En el caso de la seguridad ciudadana, dijo
que se conformó un consejo diverso en términos de asesoría que semanalmente se
está reuniendo. “Podríamos integrarlo, pero yo lo que quiero es que se respete
ese trabajo que está haciendo ese grupo y que en cualquier escenario que se
haga Servio Tulio (Castaños Guzmán), que ha estado trabajando, pueda dirigir
los trabajos”, apuntó.
El mandatario sugirió que después de la
sesión de trabajo de ayer se produzca una consulta entre los partidos para
tomar posición de los puntos y llegar a un consenso.
Sostuvo que deberán revisarse algunos
aspectos que están en discusión fuera del diálogo.
El mandatario puso sobre la mesa la
discusión sobre la metodología con la que abordarán temas que ya se están
trabajando en comisiones del Congreso Nacional.
En el caso de la reforma laboral y de la
seguridad social, partidos, sindicalistas y el empresariado, se mostraron de
acuerdo en que sigan su discusión en el diálogo tripartito y el Congreso
Nacional, aunque algunos resaltaron la necesidad de abordar en el CES aspectos
que no considera el diálogo tripartito.
Fuentes:
Presidencia de la República y Consejo Económico y Social (CES).
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