Por: José Francisco Peña Guaba
Santo Domingo.- El Gobierno del Cambio en pocos días cumplirá su primer año en el tren gubernamental, podemos evaluar de todas las maneras y formas posibles los resultados de esta gestión, unos u otros con su particular visión examinarán los éxitos y/o los errores, lo que nadie podrá negar es la demostrada y reiterada coherencia del presidente Luis Abinader.
El
mandatario desde la campaña estableció con claridad meridiana tres objetivos,
los cuáles ha cumplido a cabalidad, la primera, su compromiso con la lucha,
combate y persecución contra la corrupcion administrativa; segundo, la
independencia del Ministerio Público y las Altas Cortes; y tercero, la celosa
vigilancia del comportamiento de sus funcionarios, innegable es el hecho de
haber cumplido hasta ahora esas tres promesas realizadas en campaña por el hoy
Jefe de Estado.
Nunca
nos imaginamos que Luis Abinader manifestaría tanta coherencia en su accionar
al frente de la función pública, acostumbrados los ciudadanos a la adaptación
al juego del “status quo”, creíamos que el actual presidente caería rendido
ante las prácticas ancestrales de la impunidad y permisividad, que han
acompañado a la casi totalidad de los gobernantes que hemos tenido, tal vez,
porque moldearse a la realidad fuere lo más práctico ante el comportamiento
idiosincratico del dominicano.
Lo
que ha sorprendido a una gran parte de la sociedad es la determinación del
presidente Abinader en permanecer impertérrito en esa posición, aunque está
choque con la historia, con la costumbre, con el natural proceder y con lo
realizado hasta ahora como política oficial desde la mansión de Gazcue, esa
congruente decisión presidencial ha sido evidenciada por los nombramientos
realizados por él, en la Procuraduría General de la República, en la Dirección
General de Contrataciones Públicas, e igualmente en la selección de los
miembros de la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo
y del recién designado Tribunal Superior Electoral.
Hoy
no le debe caber la menor duda a nadie que el primer mandatario cree firmemente
en la autonomía que deben tener esos organismos como forma de hacer las cosas
diferentes, y como respuesta a una gran demanda social, que pedían a gritos que
profesionales probos e independientes estuvieran al frente de estás vitales
instituciones, para construir una real política de cero tolerancia a la
corrupción y a la impunidad.
Es
innegable que con ello el inquilino de la mansión de Gazcue inaugura una nueva
etapa en la institucionalización de los organismos de prevención, fiscalización
y persecución a la corrupción y de organización de diáfanos procesos
electorales; con ello cumplió el presidente con un reclamo de la clase media,
de la sociedad civil, de los popis de la Plaza de la Bandera y de la ciudadanía
digital, que se expresa a través de las redes sociales.
Mas
sin embargo, todo no es color de rosa, porque el Gobierno del Cambio podría
estar pagando un alto precio por la coherencia presidencial, veamos:
1.
Las acciones combinadas del Ministerio Público, de la Dirección General de Contrataciones
Públicas y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental tienen a la
casi totalidad de los funcionarios tan atemorizados, que aunque han disminuido
el nivel de proclividad a cometer hechos punibles, su inacción tiene paralizado
la acción eficiente de las mayorías de las
instituciones
oficiales, ya que el funcionarato público por el temor a cometer errores que
los lleven a estar en el “ojo del huracán”, a suerte del monitoreo constante de
la sensacionalista redes sociales y de las acciones ejemplarizadoras de las
propias instituciones públicas arribas mencionadas.
2.
Para los que le caben alguna duda, como ha sido la firmeza en esa posición,
sobran los ejemplos de funcionarios caídos en desgracia, como por ejemplo los
dirigentes nacionales perremeístas, Kimberly Taveras, Leonardo Faña, Plutarco
Arias, entre otros, más que han sido despedidos de sus posiciones a través de
renuncias obligadas por la falta de respaldo oficial a sus causas particulares.
3.
Sin embargo, lo que más llama la atención, son lo que actualmente se mantienen
sobre las cuerdas, a tres funcionarios claves del actual gobierno: Tony Peña,
con el sonado tema de las contrataciones artística, de quién por varios años
fue el coordinador-fundador del equipo político del hoy presidente, y también
de quién lo sustituyó en dicha posición, Roberto Furcal, quién no ha tenido
otra opción que llevar las decisiones de anulación de licitaciones del
Ministerio de Educación ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), como
forma de probar su correcto proceder al frente de la institución que dirige, y
el pedido de sectores de que también sea procesado el Ministro de la
Presidencia, Lisandro Macarrulla, por el tema de una supuesta sobreevaluación
en la construcción de La Nueva Victoria.
4.
Que sea el Ministerio Público actual que confirme que connotados perremeístas,
y hasta diputados del propio partido oficial están ligados al lavado y
narcotráfico, como en los casos de dirigentes de Azua, La Vega y Santiago.
5.
Las anuladas licitaciones a varias instituciones públicas, lo que ha colocado
en situaciones difíciles a sus incumbentes al obligarlos a cumplir con estricta
rigurosidad los procedimientos y protocolos establecidos en la Ley de Compras,
Contrataciones y Concesiones.
6.
El convencimiento de que el gobierno ha establecido una verdadera mediocracia,
ya que complace los reclamos y toma nota de todo lo que expresa la ciudadanía a
través de los medios de comunicación, especialmente por las redes sociales, el
no querer sonar de manera alguna hace que los funcionarios mantengan en
parálisis la acción gubernamental “por miedo a caer en un gancho o meter la
pata”.
7.
El pedido del propio gobierno a sus funcionarios de que se le respete la
permanencia laboral a los empleados de carrera, y que no se desvincule a los
otros si no se tiene con que pagar sus prestaciones laborales, tiene a los
incumbentes de las instituciones públicas con un quebradero de cabeza ante la
presión permanente por empleos de la dirigencia perremeístas, y el no saber que
hacer ante esta disyuntiva.
8.
La autoridad diezmada de los dirigentes locales del partido oficial, que ante
los casos de los fuertes llamados de atención desde el Palacio Nacional al
senador de Montecristi, y a un diputado de Sánchez Ramírez, los coloca en una
situación de debilidad pasmosa en sus localidades.
Como
verán todas estas situaciones demuestran que el Gobierno del Cambio estaría
pagando un altísimo precio por mantener la coherencia, ya que la voluntad del
presidente en hacer valer su palabra
empeñada,
para realizar un gobierno transparente y donde exista una real independencia de
los organismos llamados a garantizarla, le estaría pasando factura al propio
gobierno, a sus funcionarios y al PRM.
Al
no poderse hablar de antecedentes, porque con su decisión de hacer las cosas
muy diferentes a como se hacía antes, el presidente Abinader ha creado nuevos
paradigmas, que tiene pensando a toda una sociedad que mira expectante, y a una
clase política “sorprendida o atónita” ante la determinante independencia con
que actúan los funcionarios de esas delicadas áreas, que cuentan con el apoyo
total del presidente, que cree firmemente en la pertinencia de sus decisiones.
En
términos éticos, morales e históricos, me luce que el mandatario tiene toda la
razón y que su posición un tanto utópica para algunos debiera dar sus frutos
hacia el futuro, haciendo cambiar la mentalidad e idiosincracia de los que
habitamos en esta media Isla, si lo lograse el presidente Abinader crearía un
nuevo estilo de gobernar, que obligaría a los que le sucediesen a actuar de
igual manera, para con ello perpetuar su obra.
Lo
que no estoy seguro si el tiempo le podrá garantizar el éxito de su cruzada
moralizadora, o si la costumbre y tradición del pueblo dominicano no le jugará
en contra, afectando el posicionamiento electoral de su partido, que
perjudicado por las consecuencias de esa nueva política de transparencia total
pueda hacerle perder estima o apoyo popular de los que no les importa su
impronta de honestidad, y en consecuencia, prefieran una gestión que pueda
presentar logros tangibles, ante una que construya un aleccionador modelo de
integridad.
En
países como los nuestros, basado en las evidencias de gestiones gubernamentales
pasadas, a una parte importante del electorado les importan más las obras de
infraestructura, la política clientelar del empleo público a las militancias
partidarias, el asistencialismo a los sectores marginados, y los negocios para
la insaciable oligarquía, lo que pudiese hacer zozobrar el barco lleno de buena
fe e ilusiones de un mejor país que pilotea el presidente Abinader.
Porque si el pragmatismo nueva vez se impone, y en las urnas no se ratifica el apoyo popular a las correctas acciones presidenciales de nada habrá valido tanto esfuerzo por hacer cambiar de manera súbita el aletargado y corrupto burocratismo oficial, porque las victorias lo validan todo hasta aquello que nos parecía imposible pero, las derrotas son huérfanas, y no lo duden no faltarán aquellos que en medio del desconsuelo producto del descalabro electoral le quieran endilgar el fracaso solo y únicamente al presidente Abinader, que en esa posible y difícil situación ¡pagaría un alto precio por su coherencia.
El autor, José Francisco Peña Guaba, es líder político, Presidente del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Secretario General del Foro Permanente de Partidos Políticos (FOPPPREDOM). Es diputado ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
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