Santo Domingo.- Varias organizaciones sociales nacionales y regionales se manifestaron frente al Palacio Presidencial este viernes en rechazo a la expansión minera y presa de cola en Monte Plata, que afectarían de manera directa a esa provincia y más del 40 por ciento de la población en el Gran Santo Domingo.
Aseguran que además del impacto
medioambiental de esta expansión, señala los daños que generaría a la agricultura
de la zona, dejando a miles de campesinos sin el sustento de sus familias.
Los manifestantes anunciaron una marcha hasta el Palacio Nacional que fue convocada para el 17 próximo, en demanda de la intervención del presidente Luis Abinader y bajo la advertencia de que podrían intensificar su lucha por la protección del Río Ozama.
Ellos depositaron un documento reclamando
los siguientes puntos:
1- Asignar el 5% del PIB al sector salud y
eliminar las ARS y AFP. La crisis de la Covid-19 ha demostrado, una vez más,
que necesitamos salud y seguridad social universal de pagador único con base en
nuestras contribuciones al presupuesto público y los aportes de los / as
trabajadores/ as. De la única manera que se podrían evitar discriminaciones,
denegación de un derecho básico, muertes prematuras y lograr equidad es
excluyendo a los bancos y la actividad lucrativa de los sistemas de salud y
seguridad social.
2- Detener en lo inmediato las
explotaciones mineras, aprestos de presas de colas y proyectos que afectan el
medio ambiente y a comunidades movilizadas en su contra en Cuance-Monte Plata,
Las Filipinas-Barahona, Romero-San Juan, Punta Catalina-Bani, Restauración,
Bonao, La Vega, San Pedro de Macorís y otras. Nuestro modelo económico no puede
basarse en el extractivismo minero, pues el mismo afecta los derechos
ambientales de toda la ciudadanía, las fuentes de agua, nuestros ríos y
obstruye nuestras posibilidades reales de desarrollo en sectores estratégicos
como la agropecuaria, el turismo comunitario – sostenible y la agroindustria
como puntales de un desenvolvimiento económico incluyente.
3- Recuperar el dinero robado por actores públicos y privados implicados en los expedientes que ha abierto la procuraduría e incluyendo la investigación de sobrevaluaciones como las de Punta Catalina, los escándalos de todos los gobiernos sin distinción, deteniendo-controlando y auditando el endeudamiento público y los mega contratos. Si los grandes casos de sobrecostos no son investigados, nuestra luchas y grandes movilizaciones por el fin de la impunidad habrían sido en vano.
4- Eliminar salarios y pensiones de lujo,
barriles, cofres, exoneraciones y exenciones fiscales irritantes a legisladores
y grandes empresas incluyendo los regalos de combustibles y muchas otras. Es
insostenible que un Estado endeudado en más de un 70% del PIB, pretenda
mantener salarios millonarios y un conjunto de privilegios irritantes que debieron
cesar el 16 de agosto del 2020. Si un médico se esfuerza por adquirir un
vehículo con ingresos menores a los 100 mil pesos mensuales, no es justo que
los contribuyentes tengamos que pagarles exoneraciones a legisladores que
reciben remuneraciones por más de tres veces esa cantidad.
5- Impulsar la producción agroalimentaria
nacional, apoyando los pequeños y medianos productores y atendiendo los
reclamos del movimiento campesino y la agricultura familiar: Dedicar las
tierras estatales a la producción nacional, incluyendo el reclamo de la
creación de más de 12 mil empleos en la zona más pobre del país
cooperativizando el Ingenio Barahona y concluyendo La Presa de Monte Grande y
sus obras complementarias. Asimismo, sanear las tierras del CEA y la Reforma
Agraria traspasadas mediante contratos irregulares a empresas privadas. Las
organizaciones campesinas del Suroeste por ejemplo, han entregado documentos
oficiales al Gabinete Agropecuario, que prueban que el Consorcio Azucarero
Central (CAC) paga 7 dólares por tarea por año al CEA y 22 dólares a supuestos
parceleros del IAD por las mismas tierras, esto no se investiga y se pretende
que los contribuyentes paguemos más de 500 millones de dólares por el Proyecto
Monte Grande para que una empresa privada de cuestionados aportes se apodere de
la mayoría de las aguas y las tierras.
6- Realizar un aumento general de salarios
acorde con el costo de la canasta básica, rebajar costo de los combustibles y
los productos básicos, honrar la promesa gubernamental de pensiones para todos
los cañeros, cumplir con las deudas y demás reclamos de pequeños
transportistas, detener en lo inmediato desalojos urbanos y rurales
injustificados, reubicar comunidades afectadas como los encadenados de Cotui,
detener los muros y discriminaciones contra migrantes, diversidades y
atendiendo las demandas de obras y servicios en las comunidades del Cibao, el
Sur, el Este y el Gran Santo Domingo que no han parado de canalizar sus
reclamos. No podemos seguir cargando la crisis a los sectores más vulnerables,
mientras que los banqueros dueños de las ARS, AFP y un pequeño grupo de
privilegiados sigan acumulando fortunas en medio de las calamidades de la
población empobrecida.
7- Cumplir la promesa del partido de
gobierno de despenalizar la interrupción del embarazo en las tres causales en
el código penal y eliminar los cambios recientes que avalan la discriminación
en el mismo proyecto de ley. Este es un tema de salud, de derechos y no es
justo seguir sacrificando la vida de nuestras mujeres y niñas.
8- Desechar tratos privilegiados con las elites presentados como alianzas publicas privadas y Asumir un enfoque de derechos y transparencia plena para tratar temas nacionales que afectan a toda la ciudadanía como los pactos del agua, de la salud, eléctrico, fiscal, vivienda y otros. Rechazamos las concesiones onerosas de bienes públicos a favor de voraces capitales privados que en la mayoría de los casos no cumplen con los estándares de sostenibilidad ambiental e inclusión social. En el caso del pacto del agua, por ejemplo, tratándose de un recurso crítico para garantizar el derecho al acceso a la ciudadanía en condiciones justas, es completamente improcedente que se dé protagonismo a un conjunto de actores privados lucrativos cuyo único objetivo es la privatización.
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