Madrid, España.- Al presidente de la República, a los legisladores y líderes políticos, a las jerarquías religiosas, a las organizaciones sociales, especialmente a las de mujeres, y a los forjadores de la opinión pública
Como buen observador del acontecer dominicano que pretendo ser, deseo proponer una fórmula que permita superar el empantanamiento en que se encuentra el proyecto de Código Penal que se discute desde hace muchos años, a causa de las diferencias sobre la procedencia de despenalizar la interrupción del aborto en tres causales o circunstancias excepcionales.
La propuesta está motivada en la necesidad
de que el liderazgo nacional ofrezca una demostración de capacidad de
concertación y transacción, en un asunto que a fin de cuentas no conlleva
ninguna obligación, ni imposición o contribución para persona alguna, y que se
ha establecido en más del 90 por ciento de las naciones.
Es sabido de todos que el Gobierno está
obligado, legal y operacionalmente, a promover un pacto fiscal que contenga el
camino a la insostenibilidad financiera en que se encuentra el país desde hace
varios años, agravado por los enormes gastos que ha conllevado la pandemia del
Covid-19 y sus consecuencias económico-sociales.
El presidente Luis Abinader acaba de
anunciar la convocatoria a buscar consenso para ese pacto fiscal y para otras
reformas, inclusive constitucionales, que requiere la nación.
Si no podemos lograr acuerdo en algo que
no impone nada a nadie, hay razones para temer que mucho menos lo alcanzaremos
en materias que como la fiscal que deberá conllevar significativos sacrificios
para la ciudadanía, y especialmente para los sectores de mayores recursos y por
ello de gran incidencia en el debate nacional. Como también implicará
limitaciones del gasto, de consecuencias políticas para los gobernantes.
La concertación sobre la tres causales, o
excepciones para permitir la interrupción de un embarazo, es también pertinente
para superar la división que sobre el particular afecta a los legisladores, al
gobierno, a la opinión pública y hasta a las mismas iglesias que proclaman a
rajatablas la sanción del aborto en todas las circunstancias, aunque muchos
militantes y creyentes las aceptan, al igual que varias concepciones
religiosas.
Vistas las consideraciones anteriores, y las objeciones
de todos conocidas, me permito proponer que se incluyan las tres excepciones a
la penalización de la interrupción del aborto en el Código Penal bajo las
siguientes condiciones:
1.- Compromiso del gobierno y los
legisladores de no favorecer la extensión de la despenalización bajo otras
circunstancias.
2.- Que sólo se pueda interrumpir un
embarazo antes de nueve semanas de la concepción.
3.- Que en cada hospital y clínica se
establezca un comité de tres médicos, encabezados por el director del centro,
que determine la procedencia de la interrupción en el tiempo y la autorice
cuando se compruebe clínicamente que corra peligro la vida de la madre o
que el ser en gestación sea inviable. También cuando haya constancia legal de
que el embarazo, fruto de violación o incesto, haya sido previamente denunciado
ante la autoridad correspondiente.
4.- Que el gobierno se comprometa a establecer en cada centro de salud un cartel contentivo del principio del valor de la vida humana desde la concepción.
El autor, licenciado Juan Bolivar
Díaz Santana, es periodista, docente, gestor social y diplomático. Exdirector
de varios medios de comunicación. Actual embajador de República Dominicana en
España.
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