De las siete AFP que operan en el mercado
dominicano, al menos cinco contratan a empresas aseguradoras que forman parte
del mismo conglomerado económico y que son las que pagan las pensiones a los
beneficiarios, en caso de que un cotizante al sistema de Seguridad Social
resulte discapacitado o fallezca.
Así, la AFP Atlántico contrata a General
de Seguros, ambas parte del grupo Castillo Holding Co S.A. Igual sucede con la
estatal AFP Reservas, que contrata a Seguros Reservas, y con la AFP Siembra,
que trabaja junto a su compañía hermana en el Grupo BHD León, Mapfre BHD
Seguros.
Por su parte la AFP Crecer maneja junto a
Seguros Crecer el seguro por discapacidad. Ambas son parte del Grupo Rizek
desde que hace tres años ese conglomerado le compró al Scotia su negocio de
pensiones en el país.
Igual ocurre con la AFP Popular que
contrata a Seguros Universal. Si bien la participación del Popular en Grupo
Universal es minoritaria —tiene 13.05 % de las acciones—, un tercio del consejo
de administración de la aseguradora está compuesto por representantes del Grupo
Popular.
¿Por qué contratan aseguradoras?.- Además de las
pensiones por veje z, que se reciben cuando el cotizante cumple 60 años de
edad, las AFP deben cubrir otros dos tipos de contribuciones: por discapacidad
o por sobrevivencia.
Para que esas pensiones, que involucran
incidentes inesperados, se otorguen, las AFP contratan compañías de seguros que
reciben una parte del aporte que hacen el trabajador y el empleador a la
administradora cada mes. En el primer trimestre del año las aseguradoras
recibieron a través de los aportes a las AFP un total de 1,324 millones de
pesos, un monto que representa un 7 % de los ingresos totales por primas de
estas empresas. Entre enero y marzo, las compañías de seguros que trabajaban
con las siete AFP que operan en el mercado dominicano registraron primas netas
cobradas por 18,895 millones de pesos, de acuerdo con los datos publicados por
la Superintendencia de Seguros.
Alto nivel de rechazo.- Cuando un cotizante
de las AFP o sus familiares entran en una situación en la que deba solicitar
una pensión por discapacidad o por sobrevivencia, un comité analiza el caso
para determinar si procede el otorgamiento del beneficio o si es rechazado.
De acuerdo con los reportes de la Sipen,
la tasa de rechazo de pensiones por sobrevivencia o por discapacidad es alta.
Por ejemplo, entre enero y marzo de este año las AFP descartaron más de un
tercio de los pedidos por discapacidad, mientras que a las solicitudes por
sobrevivencia les fue todavía peor. El nivel de rechazo fue de 60.5 % de las
solicitudes recibidas por este concepto en el primer trimestre del año.
Nada lo prohíbe.- A diferencia de
otras naciones de la región, como Chile —que sirvió de modelo para el esquema
previsional dominicano— la Ley 87-01 de Seguridad Social ni limita ni prohíbe
que los bancos, AFP y aseguradoras tengan relaciones tan cercanas. La normativa
dice que los ejecutivos de bancos, bolsas de valores o fondos de inversión no
pueden ser directores de las AFP, pero nada dice de que un grupo financiero sea
dueño de una administradora, ni que el dinero de sus cotizantes sea manejado
por empresas del mismo grupo financiero.
En otros países está prohibido que una AFP
pertenezca a un banco e, incluso, no se permite que las inversiones de las
administradoras favorezcan directa o indirectamente a empresas relacionadas. En
Chile, por ejemplo, reformas legales han incluido la figura de un comité que
debe resolver los posibles conflictos de intereses que se puedan presentar con
las inversiones que realizan las AFP.
Incluso, la ley de ese país obliga a que
las AFP sometan a licitaciones sus contratos con las aseguradoras que
contratarán para cubrir las pensiones por discapacidad, sobrevivencia o rentas
vitalicias.
Las inversiones.- En República
Dominicana las cuentas de capitalización individual que reciben el dinero de
los cotizantes movilizaban 699,639 millones de pesos hasta el mes de junio
pasado, de acuerdo a los datos que maneja la Superintendencia de Pensiones (Sipen).
Como el mercado de valores dominicano es
aún demasiado incipiente y las normas previsionales limitan las inversiones, la
mayor parte de ese dinero es invertida en bonos de deuda emitidos por el
Estado. Un 48.55 % de esos fondos —unos 339,658 millones de pesos— están
colocados en papeles del Ministerio de Hacienda, mientras que 31.67 % —221,555
millones de pesos— está invertido en certificados, letras y notas emitidas por
el Banco Central.
El resto está colocado en bonos de deuda
emitidos por bancos, instituciones financieras, empresas privadas, en
fideicomisos de oferta pública y fondos de inversión privados.
A fuego muy lento.- En República
Dominicana el panorama previsional ha cambiado poco desde que hace 20 años se
aprobó la Ley 87-01 que rige el sistema de Seguridad Social. El Congreso
Nacional lleva años analizando el alcance de una reforma integral en un proceso
que sigue en desarrollo.
Actualmente una Comisión Bicameral del
parlamento ha recibido propuestas en reuniones privadas y también en vistas
públicas en las que han participado buena parte de los sectores involucrados.
El otro negocio a largo plazo.- La Ley 87-01 de
Seguridad Social define, además del seguro de discapacidad y el de
sobrevivencia, la figura de la renta vitalicia de las pensiones por vejez, que
también involucra a las compañías de seguro. La renta vitalicia es una figura
opcional —pero irrevocable— que permite al pensionado cobrar un monto fijo de
por vida, sin importar cuánto haya ahorrado.
En realidad, se trata de una póliza que es asumida por una aseguradora que, como pago recibe de la AFP todo el dinero ahorrado por el beneficiario.
Fuente: Diario Libre.
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