Santo Domingo.- En la propuesta para un Pacto por el Agua elaborada por el Gabinete del Agua, el Gobierno dominicano ha expresado su interés en la construcción de diecisiete presas para responder a la demanda creciente de la agricultura, del turismo, de la industria y de la población, especialmente en las regiones hidrográficas atlántica y del este.
Ocho de ellas se comenzarían a desarrollar
en la presente gestión, y las partidas presupuestarias de siete ya fueron
definidas.
Junto con los proyectos hidroeléctricos,
de energía solar y eólicos, vinculados a la producción de agua, casi todas las
provincias del país serían sembradas con 47 obras, a ejecutarse en 15 años con
una inversión estimada de 3,433 millones de dólares.
Las autoridades proyectan partidas de
cinco millones de dólares de aquí al 2024 para cada una de las presas a
levantarse en los ríos Ámina, provincia Valverde; Joca, en Elías Piña; La Gina,
en Peravia; Chavón, en La Romana; Yásica, en Puerto Plata y Soco en El Seibo.
Para el alto Yuna se contempla una inversión de 270 millones de dólares de
Alianza Público Privada (APP). Esta administración también aspira a dar el primer
picazo para la presa en el río Haina.
Pero la mayor inversión en esas obras se
programa para el próximo período de gobierno. Por ejemplo, para las presas
Ámina, Joca y Chavón se proyecta invertir 69 millones de dólares en los
cuatrienios 2024-2028 y 2028-2032 y 57 millones de dólares para el 2032-2036.
En el documento de compromiso que entregó
el presidente Luis Abinader al Consejo Económico y Social (CES) para empezar a
discutir lo que terminaría siendo el Pacto por el Agua, el Gobierno expresó la
necesidad de construir otras 9 presas.
Entre ellas se proyectan dos para
Santiago, en el arroyo Sato y el río Bao, y tres para San Juan, en Monte Mayor,
El Yayal y Los Rulos. Otras cuatro sobre los ríos Nizao, en San José de Ocoa;
Boba, en María Trinidad Sánchez; Los Limones, en Hermanas Mirabal y Caonabo, en
Puerto Plata. Para esta última se establece una partida de 60 millones de
dólares en el período de gobierno 2024-2028.
Alrededor de diecisiete proyectos
hidroeléctricos se dedicarían a transformar la fuerza del agua en electricidad,
algunos de los cuales necesitarán la construcción de nuevos embalses y otros
serían instalados en presas existentes o por construir.
Para ocho de ellos el Gobierno manifestó
interés en presupuestar 16 millones de dólares, 2 millones para cada uno. Se
trata de los proyectos hidroeléctricos Hondo Valle-Los Jiménez, Boba, Ámina,
Alto Yuna, Los Mesas, La Diferencia, Jicomé y Cajuilito.
Uno de los puntos estratégicos donde se
quiere instalar una hidroeléctrica es en la frontera domínico-haitiana, en la
confluencia de los ríos Artibonito y Macasía, provincia Elías Piña, lo que ha
implicado negociaciones entre ambas naciones.
El presidente Abinader dijo que entre los
proyectos a ser discutidos en la mesa técnica que sería creada para resolver el
conflicto originado por la excavación de un canal de riego para conectarse al
río Masacre en territorio haitiano, él tenía un especial interés en represar el
Artibonito.
Pero el diálogo bilateral se rompió y la
mesa técnica no ha podido reunirse.
El Gabinete del Agua programó la
hidroeléctrica en el Artibonito para la gestión 2032-2036, con una inversión de
325 millones de dólares.
El ingeniero hidráulico Gilberto Reynoso,
director ejecutivo del referido gabinete, afirma que el embalse se ubicaría
dentro del territorio dominicano, pero aclara que este tipo de estructura no
retiene el líquido, sino que lo deja pasar una vez atraviesa las turbinas de
generación eléctrica.
El texto redactado por el Gabinete del
Agua también enumera una serie de plantas de energía solar y eólica, algunas
flotantes.
Muchos de esos proyectos no son nuevos, y
han sido prometidos durante pasados gobiernos, pero su construcción nunca
empezó.
El presidente Abinader ha expresado su
intención de que todos los sectores de la vida nacional firmen un compromiso de
realizarlos sin importar el partido que esté en el poder.
Daño
medioambiental.- Interrumpir
el curso natural de los ríos para estancar grandes masas de agua también tiene
un impacto ecológico negativo.
El asesor ambiental César Vargas, si bien
reconoce la necesidad de asegurar la disponibilidad del agua para la gente,
explica que en los embalses se produce una gran acumulación de materia orgánica
que genera algas, proliferación de bacterias, putrefacción, mal olor y metano,
lo que contribuye al calentamiento global (eutrofización).
También afecta la población de peces,
impide que emigren desde el mar hasta el río, así como a las aves y vegetación.
Estas estructuras producen una presión en el suelo que puede provocar
movimientos telúricos.
En otro aspecto, el director del Caribe
Central de The Nature Conservancy, Francisco Núñez, considera imprescindible
preservar las cuencas. Recuerda que cuando no hay árboles, las lluvias corren
rápidamente río abajo cargadas de sedimentos, además de que el flujo se corta
cuando no hay precipitaciones.
Esta vez, el Pacto por el Agua expuesto
por el Poder Ejecutivo en el papel incluye un programa de protección y
conservación de cuencas hidrográficas. Además, se establece que un 7% del monto
presupuestado para el desarrollo de proyectos de construcción, rehabilitación o
mantenimiento de infraestructuras hidráulicas se dedique a la gestión ambiental
y restauración de ecosistemas.
En la adecuación de cauces se gastarán 83
millones de dólares y en la conservación de las cuencas Yaque del Norte y Yaque
del Sur unos 100 millones de dólares. Todo se haría en esta administración,
finananciado con empréstitos.
Más
en el Pacto por el Agua.- El Plan del Agua implicará otras inversiones tendentes
a mejorar y eficientizar los sistemas de riego agrícolas, construcción de
acueductos y alcantarillados y rehabilitación de la red de conducción y
distribución. Seis de cada diez dominicanos reporta recibir un servicio de agua
intermitente, mientras la población más pobre invierte hasta el 11% de sus
ingresos en la compra de agua embotellada. El Pacto por el Agua busca cerrar esas
brechas.
Las autoridades aspiran a que en 2021 se
agote la etapa de discusión con todos los sectores que intervienen en el tema,
incluyendo a organizaciones de usuarios, y que antes de finalizar el 2022 se
haya aprobado una Ley de Aguas en el Congreso Nacional.
Fuente: Tomado de Diario Libre.
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