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domingo, 20 de junio de 2021

Con decretada reducción de gastos en la administración pública, crece eleva expectativas por discurso de Luis Abinader este lunes

El Poder Ejecutivo decretó este domingo un plan de austeridad; incluye reducción en gastos de viajes y compra de vehículos de lujo. La disposición también incluye las donaciones, obsequios y el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos.

Por :Vianelo Perdomo

Santo Domingo.- Confirmada la comparecencia pública este lunes, con la decretada reducción de gastos en la administración pública, el presidente Luis Abinader ha elevado las expectativas creadas con el anuncio y reafirmación de dicho  discurso.

Esto así porque la ciudadanía espera que el mandatario se refiere a la  indetenible escalada alcista en los  precios de los productos de primera necesidad y muy especialmente en los comestibles.

Durante por lo menos las últimas tres semanas ha habido especie de nerviosismo, pues la ciudadanía, especialmente quienes acuden a adquirir sus artículos en supermercados, estaciones de servicios y otros establecimientos nunca conocen los precios hasta ver las facturas, pues los valores siempre son fluctuantes y nadie sabe cuánto cuesta nada.

Aparentemente, esto provocó que el presidente Luis Abinader ordenara este domingo una reducción en los gastos públicos.

Previamente, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia había ratificado que el mandatario pronunciará un importante discurso la noche de este lunes.

Hay que esperar que nuevo traerá el mandatario en su alocución de la noche de este lunes.


El decreto.- El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso mediante decreto 396-21, el plan de austeridad y racionamiento del gasto público, con el fin de seguir enfrentando el severo impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la economía nacional e internacional.

La disposición presidencial establece considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones, indicó el documento.

La disposición también alcanza las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades, y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con muy contadas excepciones establecidas en el propio decreto.

Entre las medidas que destacan está la prohibición de salidas al exterior de servidores públicos en viajes oficiales que no cuenten con autorización previa y la consecuente compra de boletos aéreos.

De igual manera, quedan prohibidas las compras de vehículos de motor, excepto aquellos utilitarios que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que sean asignados y debidamente autorizadas.

Igualmente, solo se autorizarán exoneraciones y exenciones de vehículos según lo establecen las correspondientes leyes aplicables y se denegará cualquier solicitud relacionada, que no tenga su base en alguna ley.

En cuanto a los vehículos oficiales, queda prohibido su uso durante fines de semana y días feriados.

Por otro lado, el decreto 396-21 también busca racionalizar el uso de parte del recurso humano asignado a instituciones y funcionarios, para lo cual ordena a los ministros de Defensa e Interior y Policía, una profunda revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas y a servidores públicos y otros dignatarios para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria y eficientizar su distribución.

De igual manera, queda prohibido el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos, con claras excepciones como la del presidente y vicepresidenta de la República, ministros de Defensa e Interior y Policía, director general de la Policía Nacional, procuradora general de la República, comandantes generales de los cuerpos castrenses, presidente de la DNCD y el director del DNI.

En el caso específico de la Policía Nacional se ordena la reducción de personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50%, para que el resto sea dedicado a la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.

La responsabilidad del seguimiento y de velar por el cumplimiento de este decreto presidencial queda a cargo del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Administración Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República, agregó la nota de prensa del decreto.

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