Por: José Francisco Peña Guaba
Santo Domingo.- Reconocemos que la realidad se impone y que los gastos corrientes del Estado, más los pagos por los servicios de la deuda, están diezmando el presupuesto nacional. Simple, los ingresos actuales no son los suficientes como para sustentar la inversión de capital que necesita el gobierno, para emprender obras necesarias para activar la economía y generar nuevos empleos.
La mayor preocupación del Presidente Abinader es que, al paso que vamos, en tres años casi se duplicará la deuda externa porque, o se buscan cómo aumentar la presión tributaria o todo lo que se hará en este país será acudiendo a los organismos multilaterales o al mercado de bonistas a tomar prestado y, con ello, seguir hipotecando la nación y a las futuras generaciones de dominicanos.
Desde hace años se
busca un pacto fiscal fruto del consenso entre los actores del sistema, pero
todas las variantes analizadas remiten al aumento de los
impuestos, de una u otra forma.
Los empresarios
buscan un “adecuado” mejoramiento del gasto público para evitar
que los impuestos vayan a penalizar su capital o
las ganancias excesivas; de igual manera, los sectores
populares y las ONG´s tratan de que no se sigan creando o
aumentando los impuestos al consumo, porque esos solo
los paga el pueblo, sobre todo las clases baja y media.
La autoridad tributaria siempre ha sido muy simplista y, en un facilismo inconsciente, en vez de abocarse a la reducción de las exenciones fiscales empresariales, muchas de los cuales ya cumplieron su función para motivar el desarrollo de un sector o ir a la búsqueda del pago del impuesto sobre la renta, que grava los pingües beneficios de los que más tienen. Desde siempre se ha buscado cubrir los huecos de los ingresos nacionales de tres formas: aumentando el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) o aumentado su base imponible, es decir, incluyendo productos anteriormente exentos.
Desde que se habla de reforma fiscal el pueblo sabe que lleva la peor parte, porque la oligarquía utiliza todo su poder e influencia para que el peso de la crisis no la pague ella. Lo primero que suele hacer es lograr que un grupo de técnicos convenza al gobierno de que solo los impuestos al consumo le garantizan los recursos necesarios, desestimulando la búsqueda de otros recursos por vía de los impuestos sobre la renta (a los beneficios), generalmente alegando que se trata de impuestos difíciles de cobrar o ineficaces. De manera que, cada vez que se ha hecho una reforma fiscal, la pagan los pobres ….. y los ricos, bien gracias.
Lo que está
pasando ahora mismo en Colombia con la reforma tributaria, que está basada
en un aumento del IVA (impuesto al valor agregado, lo mismo que
el ITEBIS aquí, y no solo en un incremento del valor a pagar sino
incluyendo bienes hasta ahora exentos, tales como
bicicletas, computadoras, entre otros).
La
indignación que creo esa reforma en Colombia surgió del hecho de
que quien iba a pagarla era el pueblo colombiano, ya que el 90% de
los ingresos previstos recaían sobre
las clases trabajadoras (media y baja), porque los ricos
sólo aportarían cerca de un 10% del total a recaudar. Parece que en
Colombia, como en República Dominicana, tenemos un mismo sistema
político, el de la democracia de los ricos. (Terminando de
redactar este artículo el presidente de Colombia, Iván
Duque, anunció el retiro de la reforma).
En nuestro
caso el Consejo Económico y Social tiene 6 años buscando un
pacto fiscal que no solo sea una reforma fiscal, que no se restrinja
a una reforma tributaria sino que comprometa al gobierno en una
disciplina del gasto público. Lo que pasa es que el
gobierno, y el sector privado lo sabe, solo respeta lo que se acuerde
en función de los supremos intereses electorales del partido oficial de
turno. Es ahí donde radica el problema, precisamente, en la certeza de que no vale la pena aumentar más los
impuestos para que el gobierno gaste sin control los ingresos generados por
dicha reforma.
El ITEBIS está
en un 18%. Dudo mucho que el gobierno proponga un aumento en el monto de
ese impuesto, lo que me hace suponer que se tratará de incluir
artículos o servicios que hasta ahora se encuentran exentos. Sé que
es inevitable la reforma fiscal, porque el país ha demandado un aumento de
gastos sociales para proteger la población en medio de la pandemia y, por
ende, ha tenido también que desembolsar recursos extraordinarios para el
sector salud, para enfrentar la crisis sanitaria del Covid 19.
Dentro de los
servicios exentos de itbis hay varios que son impensables incluir
tales como lo servicios de salud, funerarios, pensiones y jubilaciones, el de
alquiler de viviendas, agua, basura y electricidad.
Un sector
importante de la ciudadanía están nerviosos porque entienden que los ricos
no serán perjudicados solo los pobres y se preparan para enfrentar desde ya
cualquier pretensión en ese sentido, el gobierno debe socializar el tema con
todos para evitar que esta reforma se convierta en el divorcio del gobierno con
el pueblo.
Buscar soluciones
inicia por darle voz y visualización a los sectores que podrían ser afectados a
través de encuentros con las organizaciones de base para que sean escuchados
sus pareceres, entiendo que lo correcto es que se penalice a un más los vicios,
los juegos, los artículos de lujo, la ganancia excesiva de las sociedades, se
disminuyan las exenciones y que las exoneraciones de transporte de ONG´s y
legisladores se conviertan en pagos únicos para que el Estado no se vea
tan perjudicado como hasta ahora.
El presidente
Abinader tiene un gran desafío por delante. Es como lograr buscar los recursos
que necesita afectando lo menos posible a la población, sin romper su
alianza estratégica con el sector empresarial, ya que no lo debe desestimular
en estos momentos, para tratar de volver a conseguir una parte de los
miles de empleos perdidos durante la pandemia.
No podemos ser
insensatos y negar el papel que jugará el empresariado para salir de
la crisis, ya que sin una iniciativa privada entusiasta será tarea difícil
aminorar los efectos socioeconómicos que, como secuelas, nos dejará a
nivel regional el Covid 19.
El presidente deberá crear una comisión de mediadores para que inicien un diálogo sincero, franco y abierto con todos los partidos políticos y con las organizaciones populares y de base, para convencerlos de la necesidad impostergable de la reforma; escuchar opiniones, criterios y propuestas de parte de ellos, creando las condiciones para llevar a cabo un consenso básico realizar la reforma.
Vistos los resultados anteriores, en situaciones
delicadas puestas en sus manos, entiendo que en dicha comisión no deben
faltar los correctos y adecuados mediadores Dr. Eduardo Sanz y el
Lic. Margarito de León, que han demostrado, en la
práctica, tener la capacidad, paciencia y relaciones para tan magna
tarea.
Para el sector
empresarial y la sociedad civil el gobierno cuenta con el equipo que
dirige el Consejo Económico y Social, que estamos seguros, por sus
integrantes, que harán una magnífica labor.
El
presidente, lo sabemos, hace una apuesta arriesgada con la reforma
fiscal o tributaria, la cual busca estabilizar la economía a partir del
año 2022, para que se puedan tener a mano los recursos para los planes y
proyectos que tiene el gobierno y así cumplir sus promesas electorales. Al
igual, claro está, para obtener los recursos que le permitan realizar las
asignaciones necesarias para cubrir la emergencia sanitaria.
Estoy seguro de que, si
se escucha sin discriminación alguna a todos los sectores de la vida nacional, haciéndolos
compromisarios y participes de la solución, podremos tener una
reforma fiscal, la que las delicadas condiciones nos permitan hacer realidad.
Hay que entender
que la crisis ha golpeado a todos los sectores, pero no a todos por
igual, porque a un rico le puede haber hecho disminuir sus beneficios, a
la clase media, poner en riesgo su estabilidad básica, pero a la
clase baja le puede estar disminuyendo sustancialmente la comida de su mesa.
En esta ocasión
los que más tienen deberán pagar más y a los que tienen menos les
debe ser suave la carga, porque el altísimo costo de la vida está acogotando
los magros ingresos familiares.
Si hay algo que ha
demostrado el Presidente Abinader es mesura, por eso estamos seguro que la
reforma tributaria deberá ser producto de un pacto fiscal donde el gobierno
dé garantías claras en qué invertirá cada peso de los contribuyentes,
aunque políticamente no sea viable en el momento y electoralmente le
sea cuesta arriba para el partido de gobierno.
Sé que la
necesidad es casi obligatoria, porque de no hacerse el gobierno del cambio
tendría el fardo de terminar la gestión habiendo duplicado la deuda externa, una pesada carga de la que nadie podrá
levantarse, aunque todos sepamos que fuese resultado de esta terrible
epidemia que, a escala planetaria, ha puesto el mundo patas arriba.
El
gobierno, por la positiva percepción de la pareja presidencial goza de
respeto y de reconocimiento, no puede permitir que esa reforma sea su
divorcio con los sectores populares, con la
ciudadanía misma.
Hasta ahora lo que
ha pasado en nuestro país a lo largo de la historia es lo que expresó
Jaime Perich (“El Perich”), un muy reconocido escritor y
humorista catalán ido a destiempo: “Nuestro sistema fiscal es una
maravilla: el que tiene más, paga más, y el que tiene menos también paga más.”
El autor, José Francisco Peña Guaba, es líder
político, Presidente del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS),
Secretario General del Foro Permanente de Partidos Políticos (FOPPPREDOM).
Diputado ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
No hay comentarios.
Publicar un comentario
Deje su comentario