La jueza consideró que existen elementos
suficientes que pueden sostener razonablemente que las personas son autores o
cómplices de la infracción.
Sostuvo que a pesar de que los acusados
demostraron arraigo, sin embargo al ser evaluados los documentados de manera
cuantitativa de cara al cuadro general planteado se desprende que existe el
riesgo de la obstaculización de los medios de pruebas, en especial la de tipo
testimonial, dada la naturaleza y la dinámica de los tipos investigados.
La jueza también destacó que el Ministerio Público, al solicitar la declaratoria de complejidad, que no es una solicitud de impacto individual, se afectaron los plazos para la deliberación y la investigación, y en los plazos procesales inherentes de todas las partes, porque a la fecha existe pluralidad de personas identificadas y figuran unos tipos penales cuyo abordaje investigativo resulta distinto a la tramitación de otras conductas existentes.
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios
de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva de 18
meses al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep),
mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y a la pastora Rossy Guzmán,
al hijo de esta y a dos más de los implicados en caso Operación Coral por
estafar al Estado con más de 3 mil millones de pesos.
Contra el mayor Girón Jiménez, otro de los
implicados pero que fungió como testigo principal, en colaboración con el
Ministerio Público, se dictó prisión domiciliaria (domicilio confidencial),
como había solicitado el Pepca, que también pidió los 18 meses de cárcel para
los demás acusados.
Además de Cáceres y Guzmán, los demás enviados a prisión son Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. Los cuatro hombres deberán cumplir la medida en la Najayo Hombre y Rossy Guzmán en Najayo Mujeres.
Opinión
del Ministerio Público.- Los representantes del Ministerio Público
consideraron que fue acertada y ajustada al derecho la decisión emitida por la
magistrada Kenya Romero de enviar a prisión al mayor general Adán Cáceres,
la pastora Rossy Guzmán y otros tres implicados en el entramado de
corrupción denominado “Caso Coral”.
Wilson Camamcho, titular de la Procuraduría
Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), entiende
que al igual que pasó con los implicados en el caso Coral, todo el que utilice
indebidamente el dinero del erario, deberá sentarse en el banquillo de los
acusados.
“El dinero del erario debe ser utilizado
correctamente y el que no lo utilice correctamente, deberá sentarse en el
banquillo de los acusados a responder por su conducta. El Ministerio Público ha
dicho y reitera que sigue trabajando para desmontar completamente esta
estructura de corrupción”, expresó Camacho.
Además de Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán, la jueza ordenó el envío a prisión de Tanner Flete Guzmán, hijo de la pastora; Alejando Montero Cruz y Rafael Núñez de Aza. Al imputado Alejandro Girón Jiménez, le impusieron arresto domiciliario.
La directora de Persecución del Ministerio
Público, Yeni Berenice Reinoso, consideró que el envío del mayor general Adán
Cáceres a Najayo es correcto porque Operaciones Especiales u otra cárcel
especial, constituye un “privilegio irritante” que va en contra de la
Constitución.
Decisión
arbitraria.-
Los abogados de la pastora Rossy, su hijo Taner Flete y del mayor general Adán
Cáceres consideraron arbitraria la medida de coerción dictada por la magistrada
Romero. Dijeron que van a esperar tener la resolución que emita el tribunal
para analizar una posible apelación de del fallo.
Lo
que dice el expediente.- En el expediente figuran como encartados el mayor
general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió durante varios años el Cuerpo de
Seguridad Presidencial (Cusep), en el que supuestamente se instaló el mecanismo
de corrupción que sustraía fondos a través de las nóminas oficiales y que
extendió sus garras de corrupción a entidades como el Cuerpo Especializado de
Seguridad Turística (Cestur).
Con Cáceres Silvestre está imputada Rossy
Guzmán Sánchez (La Pastora), quien se valió de sus actividades religiosas para
desarrollar actividades ilícitas que afectaron al Estado y a los fondos de los
contribuyentes.
También acusan de testaferros,
prestanombres y coimputados de corrupción al cabo policial Tanner Antonio Flete
Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el
sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl
Alejandro Girón Jiménez.
Fuentes: Audiencias en juzgado de la
Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Dirección de Persecución
del Ministerio Público, Procuraduría Especializada en Persecución de la
Corrupción Administrativa (PEPCA).
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