Por: José Francisco Peña Guaba
Santo Domingo.- Todavía está fijo en la mente de la población que la empleomanía estatal es de las militancias partidarias.
En el imaginario popular está el
convencimiento de que el 90% de los más de 1 millón 54 mil puestos públicos
(634,500 del gobierno central; 268,000 de las instituciones descentralizadas y
más 152 mil jubilados o pensionados), “pertenecen” a los militantes de los
partidos de los gobiernos de turno. ¡Nada más falso que eso! La nómina pública
de hoy se integra de manera muy heterogénea… y son los cuadros políticos los
que hoy se llevan la peor parte a la hora de ser tomados en cuenta para una
posición pública.
Por el cambio que ha existido en la nómina
pública en los últimos años, sobre todo a partir de la creación del Ministerio
de Administración Pública (MAP), institución que vela por los intereses de los
servidores públicos, cada día es menor la incidencia de las dirigencias
partidarias en la empleomanía del Estado, en la medida en que con los años
transcurridos y de servicio, la misma se ha ido tecnificando y ganando
derechos.
Si ya es difícil para un cuadro político
obtener un empleo público, peor será para un militante o simpatizante. Esto es
casi imposible lograrlo. Sin embargo, existe el marcado interés de que el
pueblo piense que la nómina del sector público es “propiedad absoluta” de los
partidos de los gobiernos de turno, a pesar de que, si algo se está viendo
claro en la actual gestión del PRM, es que nada resulta más apartado de la
realidad que esa percepción.
Las razones por la que hoy la composición
de la nómina pública es tan variada son muy claras, relacionándose con 5
factores predominantes: primero, por la institucionalización del servicio público,
que hace de la carrera civil y administrativa una realidad y que llevó a
convertir en ministerio la institución que la rige; segundo, la tecnificación
de los procesos en todas las áreas del Estado ha obligado a tener personal
calificado para operar las instituciones gubernamentales; tercero, el incentivo
que ha producido el aumento salarial de los cargos públicos frente a los del
sector privado, que es obra principalmente de los gobiernos del PLD (y que ha
motivado un desplazamiento importante de empleados de todo tipo de empresas
hacia la nómina pública porque el gobierno paga, de nivel medio hacia arriba,
el doble de salario que el sector privado), además de que hay que entender que
dentro de ese sector hay empleados muy bien formados, que le son apetecibles
para cualquier funcionario que quiera hacer una buena gestión al frente de la
institución que le corresponda dirigir.
La cuarta razón es que en el gobierno se
trabaja mucho menos, no se labora los fines de semana ni hay patronos como los
de la burguesía nacional, que explotan a sus empleados, que les “sacan el jugo”
hasta al último peso que les pagan a sus asalariados, lo que hace a muchos
preferir el trabajo en el Estado.
Por último, en quinto lugar, el gobierno
pensiona y jubila a sus servidores y tiene la ventaja de que no quiebra, por
ende, el cobro salarial mensual es más estable en el Estado que en una empresa
privada, donde cualquier vaivén de crisis la puede hacer cerrar.
¿Quiénes componen la nómina pública? Lo
veremos a seguidas y, con ello, nos daremos cuenta inmediatamente de que nos es
cierto que los políticos somos sus “únicos beneficiarios.” En este sentido, la
nómina pública está compuesta por:
1- Profesionales y técnicos, quienes son
protegidos por poderosos sindicatos. Hoy no es posible cancelar a este tipo de
empleados, porque debido a su conocimiento especializado y experiencia no son
fácilmente sustituibles. Vale recalcar que el Estado cuenta con más de 25 mil
médicos, entre generales, especialistas y odontólogos; que emplea más de 100
mil docentes, entre ellos profesores y catedráticos con grado de maestría, así
como miles de agrónomos, ingenieros y enfermeras, por sólo mencionar algunos de
los profesionales que mantienen estabilidad laboral producto de la unidad
monolítica de su clase y su dominio del conocimiento, lo que ha impedido que
los gobiernos politicen esas nóminas.
Hay otras nóminas no políticas, como la de
los cuerpos armados. La Policía Nacional, por ejemplo, tiene 37 mil miembros y
el Ministerio de Defensa en sus tres armas, 64 mil activos.
De igual manera, hay trabajos de poca
remuneración, que por su bajo nivel salarial no son apetecidos por los
militantes políticos y, por ende, los incumbentes prefieren dejar a quienes
realizan esas labores con esos “salarios de hambre”. Estos casos se ven mucho
en las nóminas de los ayuntamientos de todo el país.
En adición a estas clases de empleados hay
una legión de representantes de la llamada “sociedad civil”, que cuenta con una
importante cuota de ministerios y direcciones a su cargo, que no suelen colocar
en las posiciones disponibles a políticos de profesión u oficio.
Los inversionistas electorales, esos que
siempre apuestan al que se ve ganador, que apoyan económicamente las campañas
para que sus esfuerzos les sean retribuidos en cargos o en negocios, se quedan
con la reserva de designaciones importantes, en puestos de alto nivel,
realizando presiones a los políticos para
que hagan ingresar a los gobiernos, con
facilidad pasmosa, a familiares, amigos y compadres… y porque no decirlo,
también hasta las novias.
Ahora hay una nueva clase que se ha
constituido y que está copando una parte importante de los cargos públicos. Son
los llamados “popis”, que no son más que los hijos de familias de clase media o
adinerada que también se han inscrito en la nómina pública. Del popismo hay que
decir a su favor que, en su mayoría, son jóvenes muy bien preparados.
No dejan de pedir sus cuotas en la nómina
pública los grupos de presión tales como el sector empresarial, al que le
gustan mucho los cargos en Cancillería, en el Banco Central y en los consejos
de administración de las instituciones públicas. También las iglesias, de todas
sus denominaciones y el sector prensa, que ejerce su cuarto poder en todas las
instancias públicas.
Como se ve, nada más falso eso de creerse
que la nómina pública es del partido oficial. Por eso es qué hay tantos
desencantos, porque los cuadros trabajan pensando que serán tomados en cuenta
para un empleo, pero es simple, ¡no hay cama para tanta gente!
Solo hay que pensar que en las últimas
elecciones el Presidente Abinader obtuvo 2, 154,000 votos. Si solo hubiese que
buscarle empleo apenas a un 10% de los que sufragaron por su candidatura,
habría que abrir un enorme espacio en las nóminas públicas, para cerca de 215 mil
perremeistas y sus aliados. Hoy por hoy, no es tan fácil colocarlos en la
administración pública.
Salva a los gobiernos el hecho comprobado
de que los programas asistenciales del Estado le garantizan una fidelidad de
votos al partido oficial, de más de un 70% de los beneficiarios de dichos
programas. Las pruebas del “voto gobierno” pueden buscarse en el 33% que fue lo
que sacó Hipólito en el 2000, como piso, y el “voto cautivo” de un 38% que fue
lo que sacó la candidatura de Gonzalo por el Partido de la Liberación
Dominicana.
Las redes imponen hoy los temas y son las
que critican acremente las designaciones de los políticos de oficio. Los
gobiernos no los toman en cuenta por hacerse simpáticos con los críticos
digitales y anónimos. Pero, además, sobre el criterio manido de que somos los
dirigentes políticos los más corruptos del país, la peor de las difamaciones,
ya hemos probado en un artículo anterior, en el que señalamos quiénes son los
beneficiarios reales, los dueños de las inmensas fortunas de la corrupción
dominicana. Cómo tenemos que defendernos como clase política, pareciese que no
tendremos más opción que hacer conocer por sus nombres a los millonarios de la
corrupción, para que ese baldón no siga manchando a nuestra clase dirigente,
claro que sin exculparnos de la cuota de responsabilidad que podamos tener.
Ahora bien, habida cuenta de que los votos hay que buscarlos como quiera, los llamados a buscarlos deben ser los beneficiarios de la nómina pública, los que ocupan los cargos. Que vayan aprendiendo muy bien a buscar los votos en callejones y hasta por debajo de las piedras; que bajen a los barrios y que asuman la defensa de los votos del partido en los recintos electorales y, sobre todo, que carguen con los altísimos costos de las campañas, porque pedírselo a quien después de 16 años abajo al parecer no se comerá un dulce es una osadía, y pedírselo a quienes quemamos las naves para ayudarlos, es una sinrazón.
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| El autor, José Francisco Peña Guaba, es líder político, Presidente del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Secretario General del Foro Permanente de Partidos Políticos (FOPPPREDOM). |
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