Por: José Francisco Peña Guaba
Santo Domingo.- Todavía está fijo en la mente de la población que la empleomanía estatal es de las militancias partidarias. En el imaginario popular está el convencimiento de que el 90% de los más de 1 millón 54 mil puestos públicos (634,500 del gobierno central; 268,000 de las instituciones descentralizadas y más 152 mil jubilados o pensionados), “pertenecen” a los militantes de los partidos de los gobiernos de turno. ¡Nada más falso que eso! La nómina pública de hoy se integra de manera muy heterogénea… y son los cuadros políticos los que hoy se llevan la peor parte a la hora de ser tomados en cuenta para una posición pública.
Por el cambio que ha existido en la nómina pública en los últimos
años, sobre todo a partir de la creación del Ministerio de Administración
Pública (MAP), institución que vela por los intereses de los servidores
públicos, cada día es menor la incidencia de las dirigencias partidarias en la
empleomanía del Estado, en la medida en que con los años transcurridos y de
servicio, la misma se ha ido tecnificando y ganando derechos.
Si ya es difícil para un cuadro político obtener un empleo
público, peor será para un militante o simpatizante. Esto es casi imposible
lograrlo. Sin embargo, existe el marcado interés de que el pueblo piense que la
nómina del sector público es “propiedad absoluta” de los partidos de los
gobiernos de turno, a pesar de que, si algo se está viendo claro en la actual
gestión del PRM, es que nada resulta más apartado de la realidad que esa
percepción.
Las razones por la que hoy la composición de la nómina
pública es tan variada son muy claras, relacionándose con 5 factores
predominantes: primero, por la institucionalización del servicio público, que
hace de la carrera civil y administrativa una realidad y que llevó a convertir
en ministerio la institución que la rige; segundo, la tecnificación de los
procesos en todas las áreas del Estado ha obligado a tener personal calificado
para operar las instituciones gubernamentales; tercero, el incentivo que ha
producido el aumento salarial de los cargos públicos frente a los del sector
privado, que es obra principalmente de los gobiernos del PLD (y que ha motivado
un desplazamiento importante de empleados de todo tipo de empresas hacia la
nómina pública porque el gobierno paga, de nivel medio hacia arriba, el doble
de salario que el sector privado), además de que hay que entender que dentro de
ese sector hay empleados muy bien formados, que le son apetecibles para
cualquier funcionario que quiera hacer una buena gestión al frente de la
institución que le corresponda dirigir.
La
cuarta razón es que en el gobierno se trabaja mucho menos, no se labora los
fines de semana ni hay patronos como los de la burguesía nacional, que explotan
a sus empleados, que les “sacan el jugo” hasta al último peso que les pagan a
sus asalariados, lo que hace a muchos preferir el trabajo en el Estado.
Por
último, en quinto lugar, el gobierno pensiona y jubila a sus servidores y tiene
la ventaja de que no quiebra, por ende, el cobro salarial mensual es más
estable en el Estado que en una empresa privada, donde cualquier vaivén de
crisis la puede hacer cerrar.
¿Quiénes
componen la nómina pública? Lo veremos a seguidas y, con ello, nos daremos
cuenta inmediatamente de que nos es cierto que los políticos somos sus “únicos
beneficiarios.” En este sentido, la nómina pública está compuesta por:
Profesionales y técnicos, quienes son protegidos por poderosos sindicatos. Hoy
no es posible cancelar a este tipo de empleados, porque debido a su
conocimiento especializado y experiencia no son fácilmente sustituibles. Vale
recalcar que el Estado cuenta con más de 25 mil médicos, entre generales,
especialistas y odontólogos; que emplea más de 100 mil docentes, entre ellos
profesores y catedráticos con grado de maestría, así como miles de agrónomos,
ingenieros y enfermeras, por sólo mencionar algunos de los profesionales que
mantienen estabilidad laboral producto de la unidad monolítica de su clase y su
dominio del conocimiento, lo que ha impedido que los gobiernos politicen esas
nóminas.
Hay
otras nóminas no políticas, como la de los cuerpos armados. La Policía
Nacional, por ejemplo, tiene 37 mil miembros y el Ministerio de Defensa en sus
tres armas, 64 mil activos.
De
igual manera, hay trabajos de poca remuneración, que por su bajo nivel salarial
no son apetecidos por los militantes políticos y, por ende, los incumbentes
prefieren dejar a quienes realizan esas labores con esos “salarios de hambre”.
Estos casos se ven mucho en las nóminas de los ayuntamientos de todo el país.
En
adición a estas clases de empleados hay una legión de representantes de la
llamada “sociedad civil”, que cuenta con una importante cuota de ministerios y
direcciones a su cargo, que no suelen colocar en las posiciones disponibles a
políticos de profesión u oficio.
Los
inversionistas electorales, esos que siempre apuestan al que se ve ganador, que
apoyan económicamente las campañas para que sus esfuerzos les sean retribuidos
en cargos o en negocios, se quedan con la reserva de designaciones importantes,
en puestos de alto nivel, realizando presiones a los políticos para que hagan
ingresar a los gobiernos, con facilidad pasmosa, a familiares, amigos y
compadres… y porque no decirlo, también hasta las novias.
Ahora
hay una nueva clase que se ha constituido y que está copando una parte
importante de los cargos públicos. Son los llamados “popis”, que no son más que
los hijos de familias de clase media o adinerada que también se han inscrito en
la nómina pública. Del popismo hay que decir a su favor que, en su mayoría, son
jóvenes muy bien preparados.
No
dejan de pedir sus cuotas en la nómina pública los grupos de presión tales como
el sector empresarial, al que le gustan mucho los cargos en Cancillería, en el
Banco Central y en los consejos de administración de las instituciones
públicas. También las iglesias, de todas sus denominaciones y el sector prensa,
que ejerce su cuarto poder en todas las instancias públicas.
Como
se ve, nada más falso eso de creerse que la nómina pública es del partido
oficial. Por eso es qué hay tantos desencantos, porque los cuadros trabajan
pensando que serán tomados en cuenta para un empleo, pero es simple, ¡no hay
cama para tanta gente!
Solo
hay que pensar que en las últimas elecciones el Presidente Abinader obtuvo 2,
154,000 votos. Si solo hubiese que buscarle empleo apenas a un 10% de los que
sufragaron por su candidatura, habría que abrir un enorme espacio en las
nóminas públicas, para cerca de 215 mil perremeistas y sus aliados. Hoy por
hoy, no es tan fácil colocarlos en la administración pública.
Salva
a los gobiernos el hecho comprobado de que los programas asistenciales del
Estado le garantizan una fidelidad de votos al partido oficial, de más de un
70% de los beneficiarios de dichos programas. Las pruebas del “voto gobierno”
pueden buscarse en el 33% que fue lo que sacó Hipólito en el 2000, como piso, y
el “voto cautivo” de un 38% que fue lo que sacó la candidatura de Gonzalo por
el Partido de la Liberación Dominicana.
Las
redes imponen hoy los temas y son las que critican acremente las designaciones
de los políticos de oficio. Los gobiernos no los toman en cuenta por hacerse
simpáticos con los críticos digitales y anónimos. Pero, además, sobre el
criterio manido de que somos los dirigentes políticos los más corruptos del
país, la peor de las difamaciones, ya hemos probado en un artículo anterior, en
el que señalamos quiénes son los beneficiarios reales, los dueños de las
inmensas fortunas de la corrupción dominicana. Cómo tenemos que defendernos
como clase política, pareciese que no tendremos más opción que hacer conocer
por sus nombres a los millonarios de la corrupción, para que ese baldón no siga
manchando a nuestra clase dirigente, claro que sin exculparnos de la cuota de
responsabilidad que podamos tener.
Ahora bien, habida cuenta de que los votos hay que buscarlos como quiera, los llamados a buscarlos deben ser los beneficiarios de la nómina pública, los que ocupan los cargos.
Que vayan aprendiendo muy bien a buscar los votos en callejones y hasta por debajo de las piedras; que bajen a los barrios y que asuman la defensa de los votos del partido en los recintos electorales y, sobre todo, que carguen con los altísimos costos de las campañas, porque pedírselo a quien después de 16 años abajo al parecer no se comerá un dulce es una osadía, y pedírselo a quienes quemamos las naves para ayudarlos, es una sinrazón.
El autor, José Francisco Peña Guaba, es líder político, Presidente del
Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Secretario General del Foro
Permanente de Partidos Políticos (FOPPPREDOM).
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