Por: Rafael Sánchez Córdova
Santo Domingo.- En los últimos 20 años, la República Dominicana produjo un cambio más que significativo en las políticas orientadas a dar cobijo a la ciudadanía ante necesidades básicas cuyo financiamiento necesitaba la mano garantista del Estado.
Un país con tantas desigualdades no puede
avanzar en su desarrollo dejando en cola a tanta gente con ingresos, salud y
educación tan precarios. De algún modo, aligerar el peso de la desprotección
mediante el incremento del gasto social del Estado explica los avances
alcanzados.
Es en momentos de grandes eventos
adversos, como el actual tiempo de pandemia, en donde las medidas de protección
adquieren la mayor relevancia.
La encuesta de julio pasado
realizada por la Red Actúa sobre los efectos socio-económicos de la pandemia
pone en escena nueva vez la pertinencia de programas como Pa’ti, Fase I, Fase
II y las acciones del Plan Social de la Presidencia durante el primer semestre
del 2020.
71.6% de los hogares consultados
refirieron que los alimentos constituían su preocupación principal,
revelando que 50.8% de los hogares pobres estaban presentando carencias severas
de alimentos y que el 40.8% acude al crédito o la donación para alimentarse.
Posterior a esa encuesta, se ha producido
un aumento de precios, despidos masivos y no pagados y la eliminación de la
asistencia social del Estado a amplios grupos de la sociedad a los cuales, y no
podemos olvidarlo, se agrega el cierre de escuelas públicas y la práctica
desaparición del desayuno y almuerzo escolar.
La alerta de Visión Mundial/Red Actúa
sobre las amenazas de desnutrición de amplios sectores nacionales es oportuna
para recordar a quienes gobiernan el rol social protector del Estado.
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| El autor, Rafael Sánchez Córdova, es doctor en Medicina. Ex viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ex ministro de Salud Pública. |
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