Santo Domingo.- El Ministerio Público citó en varios puntos del expediente de solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Operación Coral, a funcionarios y exfuncionarios que podrían ser parte de un supuesto entramado de corrupción administrativa, encabezado por el principal imputado en este caso, Adán Cáceres Silvestre, quien fungió como jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del expresidente Danilo Medina.
Aunque en el documento no se menciona
textualmente el nombre del exmandatario Danilo Medina, el Ministerio Público asegura
que Cáceres Silvestre aprovechó su cercanía y apoyo irrestricto del principal
ejecutivo del país, para incurrir en los ilícitos de los que se le acusa.
“Uno de los tentáculos militares y policiales de este entramado criminal cometía acciones directas y en otras ocasiones su autor mediato, aprovechando sus funciones, cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves y que precisaremos en el detalle de la presente imputación preliminar de cargos”, dice el documento.
Vicealmirante Félix Alburquerque, expresidente de la
DNCD.- En
el expediente de solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula
al expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el
vicealmirante Félix Alburquerque, como parte de una coalición de funcionarios
con Cáceres Silvestre.
Según el expediente, la Asociación
Campesina Madre Tierra, una de las empresas que figuran en la
investigación, sin ser proveedora del Estado recibió pagos de varias
instituciones.
Entre esas entidades está la DNCD, que
realizó un pago en efectivo de 525 mil pesos por concepto de compra de huevos.
“No
estando inscrita como suplidora del Estado, la Asociación Campesina Madre
Tierra, refleja pago de instituciones públicas por compra de huevos, así lo
hacemos constar mediante el recibo de depósito de cuenta corriente No. 0011 de
fecha 08-05-2020, del Banreservas, mediante el cual la cuenta No.5500026999 de
la Asociación Campesina Madre Tierra recibe el pago de Quinientos Veinticinco
Mil Pesos Dominicano (DOP$525,000.00 por Concepto, Compra de Huevos DNCD”, dice el documento.
Agrega que, sin embargo, la DNCD certificó
que en su sistema no existen registros de pagos algunos, a la Asociación
Campesina Madre Tierra.
En ese siendo, el Ministerio Público
sostiene que el modo operandi de la supuesta coalición de funcionarios
consistía en hacer depósitos en efectivo.
“El modo operandi consistía en hacer depósitos en efectivo, que en muchos de los casos eran realizados por el señor Lizss Félix de León Diaz, quien fungía como encargado del departamento de compra de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), no dejando rastros en los registros del departamento financiero de la referida institución”, puntaliza.
General
de Brigada Juan Carlos Torre Robiou, director de CESTUR.- Otro que salió a
relucir en el expediente del órgano persecutor es el general de Brigada, Piloto
F.A.R.D. Juan Carlos Torre Robiou, quien es el director del Cuerpo
Especializado de Seguridad Turística, (CESTUR).
El Ministerio califica como situación
extremo sospechosa que Torre Robiou pague tres mil dólares mensuales por el
alquiler de un inmueble ubicado en Las Terrenas, a Raúl Alejandro Girón quien
está implicado en el caso Coral y es su subalterno en CESTUR.
“En la actualidad el referido inmueble se encuentra bajo la posesión del General de Brigada, Piloto F.A.R.D. Juan Carlos Torre Robiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, (CESTUR) y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00), situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente” puntualiza el organismo.
Los
imputados.-
Hasta el momento están bajo arresto el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la
pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel Rafael
Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón y el Sargento Alejandro José Montero Cruz.
El Ministerio Público solicitó un año de
prisión preventiva como medida de coerción, así como declarar el caso complejo.
La audiencia de medida de coerción será
realizada mañana a partir de las 11:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia
de Cuidad Nueva.
Según el Ministerio Público, la red que
encabezaba el general lograba distraer más fondos públicos con las siguientes
acciones:
Distracción fondos del Estado a través
de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un
pago mensual a cambio de ser prestanombres obtener una pequeña suma de dinero
y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes para ser distribuido
entre los miembros de la organización.
Desviación de fondos que eran para gastos
de operaciones de inteligencia, combustible, distribuciones de raciones
alimenticias y viáticos presentando gastos ficticios para estafar al Estado
Dominicano.
Utilización de organizaciones religiosas
como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado que busca
disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias, a través de objetivos
nobles, manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la
mafia, como la Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy
que libra una batalla contra el crimen organizado.
Falsificaron sellos de distintas
instituciones públicas como la Contraloría General de la República para
darle apariencia lícita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del
Estado Dominicano.
Los implicados y el entramado.- El jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, les asignaba sueldos de entre RD$20 mil y RD$70 mil mensuales a cientos de policías y militares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), bajo condición de entregar hasta el 80% de esa cantidad al alto oficial.
De acuerdo a la instancia de solicitud de medida de coerción depositada en contra de los implicados en el caso Coral y que consta de 195 páginas, mediante esta modalidad a los “policías y militares se les colocaba, de manera fraudulenta, en la nómina de Cestur y el Cusep, cobrando, en promedio, entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales.
Aduce que estos recibían un por ciento de los ingresos a cambio de dádivas de bajos montos, por igual se distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia.
El grupo ante un juez.- El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este miércoles, desde las once de la mañana, la solicitud de prisión preventiva en contra de los implicados en el caso Coral, quienes se encuentra recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En el caso, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) , Wilson Camacho, y la directora de Persecución piden al tribunal dictar un año de prisión preventiva en contra de los imputados y que el caso sea declarado complejo.
En el caso figuran como acusados, además del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo Tanner Flete Guzmán, el teniente coronel Rafael Núñez De Aza, y el mayor del Ejército Dominicano Raúl Alejandro Girón Jiménez,
La investigación implica al mayor general Cáceres Silvestre, al coronel y ex director financiero del CUSEP y el CESTUR, Núñez De Aza, y a la asimilada de la Policía Nacional, la pastora Guzmán Sánchez.
También al mayor del Ejército Dominicano Raúl Alejandro Girón Jiménez, y los miembros de Policía Nacional Tanner Flete Guzmán y Erick Pereyra Núñez, se les acusa de usar fondos públicos, constituir empresas para ocultar bienes e incrementar su patrimonio de forma injustificada.
Solicitarán aplazamiento.- Este martes, el abogado Félix Portes, representante de uno de los implicados adelantó que solicitarán aplazar el conocimiento de la medida de coerción, para estudiar el expediente ya que el mismo es muy voluminoso.
Se habla de un expediente de más de 200 páginas y decenas de anexos y presuntas pruebas.
Otra modalidad.- De acuerdo con el documento, otra de las modalidades a través de la cual la red obtenía fondos, era mediante las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado.
Señala que había una red de personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario, que se encargan de hacer depósitos para la colocación de los fondos distraídos del patrimonio del Estado, pero que finamente terminaban de manera directa o indirecta en los imputados. El Ministerio Público detalla que los oficiales se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, los cuales eran fondos distraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.
Indica, además, que estos crearon una empresa disfrazada de asociación, realizando por esa vía ofertas millonarias típicas de una organización empresarial para evadir la fiscalización de las sociedades comerciales, dándole la apariencia de una Organización no Gubernamental.
Fuentes: Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, periódico Hoy, Periódico Listín Diario y Archivos de Notiactualidad Global.
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