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| En la foto, terrenos arrasados por equipos pesados del Consorcio Azucarero Central (CAC) en El Aguacatico, de Tamayo, y otras comunidades de la zona. |
Por: Germán Enrique Reyes
Barahona.- El Consorcio Azucarero Central (CAC), arrendatario del Ingenio Barahona, retomó la destrucción de plantaciones de plátano, guineo, guineo, coco y otros rubros luego que el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), César Cedeño, informara que esa práctica quedaba superada desde aquella ocasión.
Cedeño hizo que vinieran a su despacho en
el CEA, en el Centro de los Héroes, representantes de la Iglesia Católica, la
senadora y la gobernadora de Bahoruco y de organizaciones que aglutinan a los
campesinos para informarles que por disposición del presidente Luis Abinader
cesarían los atropellos físicos contra los productores y la destrucción de sus
cultivos por parte de la empresa de capital guatemalteco.
La empresa reclama la propiedad de miles
de tareas que cultivan los agricultores de El Aguacatico, en Tamayo, así como
en otros lugares que incluyen las provincias de Independencia y Barahona. Los
agricultores y dirigentes de las organizaciones que los agrupan denuncian
insistentes presiones para que dediquen sus predios a la siembra de caña.
En cambio, los campesinos declararon que
tienen los títulos de la mayoría de esos terrenos e, incluso, fueron a los
tribunales para interponer un recurso de amparo para paralizar la acción
depredadora en sus sembrados.
Manuel Pérez informó que los productores
reiniciaron siembras de varios rubros agrícolas, los cuales también el CAC
destruyó con sus tractores hasta demoler las nacientes cepas.
Pérez, relacionado con el trabajo social
de la Iglesia Católica en la región, dijo que ha debido realizar ingentes
esfuerzos para evitar “que corra la sangre” en las distintas comunidades
resultante de la indignación que provoca entre los agricultores lo que denominó
“tantos atropellos seguidos”.
Varios de los productores denunciaron en
una asamblea de sus organizaciones realizada en Tamayo, que efectivos del
Ejército al servicio del CAC propinaron culatazos, empujones y otras formas de
atropello físico y verbal en disputa por el uso de las aguas para sus sembrados.
Las plantaciones de cañaverales, estimadas
en alrededor de 250 tareas, absorben el 70% del agua que por diversos canales
son tomadas del río Yaque del Sur, según han informado las autoridades.
Se desliga.- El director regional del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Miguel A. Cruz Reyes, se desligó de las acciones que ha emprendido el CAC contra las pequeñas propiedades agrícolas.
Cruz dijo, sin embargo, que las
plantaciones destruidas la mañana de este miércoles no son propiedad de
Guillermo Mateo Ogando, sino que “forman parte del proyecto agrario AC-571,
donde la mayoría de los parceleros arrendaron al CAC para la siembra de caña”.
Lo
dispuso Abinader.-
César Cedeño dijo al sacerdote Quiterio Lamrche, párroco de El Cinco, que
aglutina también a otras 16 comunidades de la zona cañera y a dirigentes de
otras organizaciones que el CAC ya paralizó las hostilidades contra los
productores.
“Esa fue una orden del presidente Luis
Abinader que se cumple desde ya”, dijo Cedeño a los productores agrícolas
reunidos en sus oficinas de Santo Domingo.
Una
comisión.-
Asimismo, César Cedeño sugirió en la reunión con la Iglesia Católica y los
agricultores que sea integrada una comisión, la cual quedó constituida por 11
miembros y a cuya cabeza fue colocada la gobernadora de Bahoruco, la profesora
Juana Mateo.
El dirigente Manuel Pérez, del grupo
Lemba, dijo que de inmediato fue acordada la primera reunión a realizarse en
Tamayo, en la residencia de Mateo, el próximo día 24.
Entre los integrantes de la comisión,
además de Mateo y Pérez, fueron citados el párroco de Batey Cinco; el director
distrital de El Palmar; la senadora Melania Salvador; Benecio Enecia; Eliferbo
Herasme; sendos representantes del CEA y el CAC, entre otros.
La reunión de Tamayo tendrá como objeto
identificar las necesidades más perentorias de las comunidades de la zona
cañera.
Luego, con esos datos, se procurará la integración de inversionistas privados, incluidos los del CAC, para lo que se ha dado en llamar “alianza público privada”.
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