San José, Costa Rica.- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, confirmó este viernes que asistirá el 10 de febrero a la comparecencia a la que fue convocado por una comisión legislativa, pero advirtió que efectuar esa audiencia en el recinto del Plenario es un “grave precedente” contra la Constitución.
“Pensando exclusivamente en la ciudadanía
costarricense y con la intención de darle las explicaciones que merece, he
decidido acudir a la Asamblea Legislativa el próximo miércoles 10 de febrero.
Lo resuelto por la mayoría legislativa representa un precedente de irrespeto a
las normas constitucionales que no quisiera ver aplicado a ninguna de las
personas que me sucederán en este honroso cargo”, afirmó Alvarado en un texto
que publicó en redes sociales.
El mandatario está convocado para rendir
cuentas sobre la creación de la efímera Unidad Presidencial de Análisis de
Datos (UPAD), un caso que investiga la Fiscalía por el presunto delito de
violación de datos personales y por el cual, hace un año, allanó la Casa
Presidencial y decomisó computadoras y teléfonos celulares del presidente y
otros funcionarios.
La polémica surge porque la audiencia no
se llevará a cabo en el salón que utiliza habitualmente la comisión
investigadora, sino en el recinto del Plenario, y además porque se suspenderán
todas las demás actividades del Congreso con el fin de que asista a la
comparecencia el diputado que lo desee.
La Constitución Política no establece
ningún mecanismo de interpelación del Plenario al presidente, por lo que la
Casa Presidencial afirma que realizar la audiencia allí puede ser
inconstitucional.
Las comisiones del Congreso sí pueden
convocar al presidente a una audiencia.
Los diputados de oposición aseguran que el
Plenario no es el que interrogará al mandatario, sino los miembros de la
comisión investigadora, y que se trata solo del uso del recinto debido a que
cuenta con más espacio.
“Tengo el mayor deseo de explicar a las y
los costarricenses, a quienes me debo, todo lo relativo a la UPAD y dejar claro
que solo hemos procurado tener mejores políticas públicas basadas en datos y en
la evidencia. Es claro, por otra parte, que la Constitución Política no permite
la interpelación legislativa al presidente de la República, aunque sea en forma
velada”, expresó este viernes el mandatario.
Alvarado aclaró que su asistencia a la
convocatoria “no representa validación alguna por mi parte hacia ese grave
precedente”.
Esta decisión contrasta con lo que el
presidente dijo el jueves, cuando expresó que “el Plenario es sagrado” y que
acudiría a rendir cuentas incluso al Estadio Nacional si se trata de un asunto
de espacio.
El caso de la UPAD salió a la luz el 21 de
febrero de 2020 cuando los medios de comunicación informaron acerca de un
decreto publicado el 17 de ese mes en el que el Gobierno creaba esa unidad.
El decreto fue derogado por el presidente
Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas que se centraban
en su artículo 7.
Ese artículo indicaba: “Las instituciones
de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el
acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el
cumplimiento de sus fines y objetivos” incluida “la información de carácter
confidencial con la que cuenten las instituciones públicas”.
El presidente Alvarado siempre ha dicho
que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que
trabajaba en la Casa Presidencial y reconoció “torpeza política” y errores en
la redacción del decreto que motivaron su derogatoria.
Diputados de oposición han llegado a decir
que con esa unidad el Gobierno pretendía espiar a los ciudadanos.
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