Eso sucedió cuando el hoy mayor general retirado era jefe de la Policía. Él calificó su sometimiento como “una burda mentira”, aunque en la ocasión admitió que “esa práctica es uso y costumbre”.
En la imagen de archivo, Jaime Marte
Martínez, exjefe de la Policía Nacional y designado este lunes como presidente
del Consejo Nacional de Drogas (CND).
Santo Domingo.- El exjefe de la Policía Nacional Jaime Marte Martínez, designado este lunes como presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), fue sometido a la justicia por el uso indebido de vehículos robados y recuperados por la institución del orden.
El caso se remonta entre los años 2004 y
2006, después de que Marte Martínez terminara su gestión frente a la
uniformada, de la cual fue encargado desde el 8 de enero de 2002 al 16 de
agosto de 2004, últimos años del gobierno de Hipólito Mejía.
Marte Martínez negó en ese entonces que
durante su gestión asignó a ningún subalterno ni cargó vehículos robados que
fueron recuperados.
El general retirado calificó de “burdo y
“mezquino” los señalamientos en su contra sobre el usufructo de 15 vehículos
robados. Sin embargo, recomnoció que “es una costumbre” en la Policía Nacional
que los vehículos recuperados registrados con características alteradas y sin
dueños determinados, se usen para servicios.
Por el caso, casi 60 oficiales de la
Policía Nacional fueron acusados de usar indebidamente vehículos robados y
recuperados.
Al final, Marte Martínez, junto a 36
agentes, fue descargado de la acusación de usufructo de más de cien vehículos
robados. La sentencia de la entonces jueza interina de la Primera Sala Penal
del Distrito Nacional, Rosanna Vásquez, tuvo fuertes críticas a la Fiscalía.
Consideró que la prueba aportada fue
“insuficiente” para establecer responsabilidad, amén de que la imputación
atribuida no constituye un hecho punible.
La decisión fue apelada por la Fiscalía
ante la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional, presidida en aquel momento por Miriam Germán Brito, actual
procuradora general de la República.
El tribunal ratificó el descargo a favor
de los oficiales activos y retirados de la Policía. Los jueces confirmaron en
todas sus partes la sentencia de la jueza Rosanna Vásquez por considerar que
hizo una correcta valoración de las pruebas presentadas.
“Partiendo de que la prueba documental
aportada, además de no haber sido corroborada o autentificada, fue desmeritada
con la audición de los testigos propuestos por la defensa”, se reseña en varios
medios de comunicación.
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