Santo Domingo.- El dirigente choferil, Mario Díaz, destacó lunes que la situación que impera en el ejercicio de compra y venta de los artículos de primera necesidad en el país, es un verdadero desorden que no sólo llama a preocupación, sino que también requiere de medidas muy profundas por parte de las autoridades.
«La población fue sometida al caos
comercial y gravemente afectada por las repentinas alzas de los
principales productos, para los preparativos de la tradicional cena de
Nochebuena, tales como los rubros, vegetales, pastas, carnes en sus variedades
así como las famosas teleras, por ello es que nosotros le solicitamos al
Presidente de la República, declarar el año 2021, como el “Año del Fomento
a la Protección y los Derechos del Consumidor”, declaró Díaz.
Agregó, que lo primero que se requiere en
consecuencia, es que el organismo encargado de regular adecuadamente el manejo
de las compras y ventas en el comercio, o sea el Instituto Nacional de
Protección a los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), sea saneado, con la
sustitución de sus principales autoridades, ya que ese organismo no está
haciendo su trabajo y permite que los comerciantes de los productos de la
cadena alimenticia, de los combustibles y de electrodomésticos, “hagan lo que
les dé la gana”, al momento de establecer los precios de los productos que
venden y sus márgenes de beneficios.
Mario Díaz señala además, que el
momento es propicio para que el Presidente Luis Abinader y su equipo económico
se enfoquen con carácter urgencia en controlar las especulaciones para este año
2021, en todos los mercados y negocios formalizados en toda la geografía
nacional, ya que en las mayorías de los establecimientos comerciales, en los
supermercados y en los denominados pequeños negocios y colmadones, no existe
control en los precios de los productos de la canasta básica.
«Es necesario que se comience a diseñar un
esquema diferente con relación a la Protección de los Derechos del Consumidor,
que requerirá de la transformación de todo el marco jurídico actual en esa área,
para que se establezcan sanciones y se cree un régimen de consecuencias que
impida que las autoridades se hagan cómplices de los comerciantes, sin que sean
susceptibles de ser sometidas a la acción de la justicia penal»,
finalizó Díaz.
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