Santo Domingo.- Después de escuchar a objetantes y defensores en una audiencia de siete horas, el juez José Alejandro Vargas expresó este lunes que emitirá una decisión concluyente por la objeción de los archivos definitivos del caso Odebrecht el próximo jueves, 14 de enero, a las cinco de la tarde en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
Vargas concluyó con esta promesa en el
Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conoció la objeción a
los archivos definitivos en favor de siete implicados en el caso de supuestos
sobornos pagados a exfuncionarios y legisladores, y que ascendía los $92
millones de dólares.
Toda la audiencia de este lunes estuvo
matizada por los enfrentamientos entre la Fundación Alianza Ciudadana (entidad objetante
de los archivos) y los abogados defensores quienes discutían sobre la posible
legalidad o ilegitimidad en la que habría incurrido el Ministerio Público
cuando, con Jean Alain Rodríguez a la cabeza, ordenó archivar definitivamente
siete expedientes por considerar que los mismos no representaban indicios de
criminalidad o manejo de sobornos.
La Fundación Alianza Ciudadana, quien en
todo momento tuvo como representante a la abogada Evelyn Torres, alegó que los
archivos definitivos fueron firmados de manera discreta y que no fue hasta el
pasado 4 de octubre cuando la ciudadanía se enteró que los encartados habían
sido favorecidos con este recurso porque, como confirmó, la información que
había trascendido expresaba que los implicados tenían archivo provisional.
Como dijo la jurista Torres, fue Wilson
Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (PEPCA), quien reveló a la prensa que los archivos
son definitivos, que fueron firmados por Narciso Escaño y Jean Alain Rodríguez
y que, dentro de una investigación inicial, los mismos presentaban supuestas
irregularidades que debían ser indagadas.
Otra de las falencias que reveló Torres
durante su ponencia fue la falta de presentación de estos archivos por ante un
juez de instrucción que validara las documentaciones y procediera a homologar
los archivos.
“¿Bajo cuáles diligencias dispuso el
Ministerio Público que esos son archivos definitivos?, porque nadie lo sabe ya
que todo se hizo a escondidas”, se lamentó la abogada.
Respuesta de los abogados defensores.- Ante estas
acusaciones, todos los abogados de los siete implicados en la objeción
coincidieron en que el único alegato sustentable de la Fundación Alianza
Ciudadana está basado en la falta de publicidad de los archivos definitivos cuando
fueron dictados.
Consideraron que este aspecto no comprende
ninguna ilegalidad porque, según expresaron, el Ministerio Público no está
obligado a publicar en los medios de comunicación todas sus acciones.
En cuanto a la presunta ilegalidad por no
presentar los archivos definitivos ante un juez de instrucción, el abogado
Manuel Ulises Bonelly, defensor de Máximo D’Oleo explicó que “el Ministerio
Público no tiene que pedirle permiso a un juez para archivar expedientes “.
En ese sentido también se expresó el abogado
de Julio César Valentín, quien añadió que los juristas de Alianza Ciudadana no
presentaron “ninguna prueba seria” sobre el fondo de los archivos definitivos y
agregó que durante toda la audiencia “sólo se han enfocado en dos aspectos:
publicidad de los archivos y presentación ante un juez”.
El defensor de Valentín manifestó que para
revocar o modificar los archivos definitivos, el juez debe contemplar
cualidades más jurídicas sobre el fondo de cómo se hicieron los archivos y bajo
cuáles alegatos.
Ministerio Público pide que se cambien de archivos
definitivos a provisionales
Las abogadas que representan al Ministerio
Público solicitaron este lunes al juez Alejandro Vargas que los archivos
definitivos en favor de siete implicados en el caso Odebrecht sean convertidos
en archivos provisionales.
Las abogadas realizaron este pedimento
durante el conocimiento de la objeción que interpuso la Fundación Alianza
Ciudadana en contra de los archivos definitivos por considerarlos ilegales e
irregulares y, en su solicitud, agregaron que el recurso de archivo provisional
firmado en el 2018 no tiene irregularidades por lo que los siete encartados
deben permanecer con este recurso y no con el archivo definitivo.
En su ponencia, el Ministerio Público
argumentó que una vez Míriam Germán Brito asumió funciones como procuradora de
la República, advirtió sobre supuestas falencias en los archivos definitivos y
ordenó una investigación a estas documentaciones que aún sigue en fase
indagatoria desde la sede de la Procuraduría General de la República.
Supuesta ilegalidad de Alianza Ciudadana para objetar
archivos definitivos.- Los abogados han basado sus argumentos en
las presuntas nulas certificaciones de Alianza Ciudadana que, según alegan, no
existen en ninguna institución que pueda avalar la constancia de la Fundación.
En específico, la defensa de Radhamés Segura, uno de los señalados en el caso, expresó que “el objetivo de la Fundación es sólo defenderse” porque, según afirmó, recientemente depositaron ante el Tribunal certificaciones a nombre de la Fundación Alianza Ciudadana para la defensa de los derechos humanos, cuando la que había objetado los archivos definitivos era Fundación Alianza Ciudadana Incorporada.
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