Manila, Filipinas.- Los mandatarios de una quincena de países de Asia-Pacífico han firmado este domingo la creación de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor tratado de libre comercio del mundo.
El acuerdo, firmado virtualmente
debido a la pandemia de la COVID-19, incluye a
China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, así como a los diez
países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
El tratado, que no incluye a Estados
Unidos, supone un tercio de la economía global y un mercado de unos 2.300
millones de personas.
El acuerdo fue rubricado virtualmente en
el marco de la cumbre de líderes de la ASEAN, formada por Birmania
(Myanmar), Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur,
Tailandia y Vietnam.
Rebaja de los aranceles.- La RCEP comenzó a negociarse en 2012 como una iniciativa de la ASEAN con aquellos países con los que ya tenía tratados de libre comercio (TLC): Australia, China, Corea del Sur, Japón, India y Nueva Zelanda.
Sin embargo, India decidió desmarcarse del
acuerdo el año pasado ante el temor de verse inundada de productos más
baratos, principalmente de China.
El megacuerdo rebajará los aranceles
hasta el 90 por ciento y aborda asuntos como la economía digital, las
inversiones y la propiedad intelectual, aunque no contiene regulaciones sobre
los derechos laborales y el medio ambiente.
Los expertos opinan que el tratado
permitirá activar la economía y acelerar la recuperación tras el impacto de la
pandemia de la covid-19 en los países de la región.
Sin embargo, algunas organizaciones no
gubernamentales han criticado la RCEP por dar prioridad a los intereses de las
multinacionales y desproteger a los pequeños productores, principalmente en el
sector agrícola.
«Todo el proceso de negociación de la RCEP
es un insulto a la democracia», ha dicho en un comunicado Sara Elago,
parlamentaria filipina y miembro de Parlamentarios de la ASEAN para los
derechos humanos (APHR, siglas en inglés).
Elago ha precisado que los gobiernos han
privilegiado a las grandes empresas y han negociado el tratado de forma poco
transparente, sin consultas a la ciudadanía y sin la supervisión de los
parlamentos.
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