Es
una iniciativa presidencial del Gobierno de Sebastián Piñera. Este jueves fue
aprobado en el Senado y, desde el lunes, se discutirá en la Cámara de
Diputados.
Santiago de Chile.- Por segunda vez en este semestre golpeado por la pandemia, los chilenos que tengan ahorros previsionales podrán sacar hasta un 10% de su dinero de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), de acuerdo a un proyecto de ley que avanza con éxito en el Parlamento chileno. Es una iniciativa presidencial del Gobierno de Sebastián Piñera.
Aunque
el Ejecutivo se ha opuesto al retiro de los fondos, por considerarlo
inconstitucional y perjudicial para los futuros pensionados, se vio forzado a
sacar de la manga un proyecto propio para frenar otro de la oposición, que
avanzaba con el apoyo de parlamentarios oficialistas y que, entre otros
asuntos, no consideraba el pago de impuestos para los trabajadores con rentas
altas.
Este
jueves fue aprobado en el Senado y, desde el lunes, se discutirá en la Cámara
de Diputados. Resulta altamente probable su éxito, por lo que el dinero podría
llegar a los ciudadanos antes de Navidad.
Es
una iniciativa altamente popular. De acuerdo a la encuesta Cadem de comienzos
de mes, un 87% apoya el segundo retiro de hasta el 10% de los ahorros
previsionales.
De
aprobarse el proyecto, un 80% los retiraría, según el estudio, mientras siete
de cada 10 encuestados señala que en los últimos tres meses han disminuido sus
ingresos.
Entre
las razones para sacar los fondos de las AFP, se menciona: para ahorrar y tener
en caso de emergencia, compra de alimentos e insumos básicos, pagar deudas y la
desconfianza en las administradoras.
Cuando
en julio pasado se aprobó el primer retiro, que la gente comenzó a recibir en
agosto, un 43% dice haberlo gastado, un 36% que lo invirtió o ahorró y un 19%
que lo guardó en alguna cuenta. Ocho de cada 10 ciudadanos, en tanto, considera
que el dinero le pertenece.
Chile
enfrentó la pandemia en marzo pasado con una crisis política y social en curso,
luego del estallido social de 2019 que puso contra las cuerdas a la
institucionalidad chilena.
Aunque
el 25 de octubre arrancó un proceso constituyente para redactar una nueva
Constitución, luego del plebiscito, la clase política se encuentra debilitada
en todos los frentes y ha mostrado que no ha podido sino sumarse a una
iniciativa altamente valorada por los ciudadanos, pese a los consejos técnicos.
El
primer proyecto de retiro fue impulsado por un diputado del oficialismo, Mario
Desbordes, que luego asumió el ministerio de Defensa y busca una candidatura
presidencial desde el Gabinete. La segunda arremetida provino de una diputada
de izquierda, Pamela Jiles, altamente popular por su controvertido estilo de
denuncia a los dirigentes políticos desde el propio Parlamento, influyente en
las redes sociales y con una puesta en escena inusual para la circunspecta
política chilena.
Cuando
se aprobó el primer retiro del 10% de los ahorros previsionales en julio, Jiles
corrió en el hemiciclo frente al ministro de Hacienda, Ignacio Briones,
inspirada en el dibujo japonés Naruto.
Guillermo
Larraín, académico de la Universidad de Chile y ex superintendente de pensiones
en el periodo de Ricardo Lagos (2003-2006), dice que existen tres elementos que
explicarían lo que está sucediendo en el país: “Una agenda populista de algunos
líderes, que observan una oportunidad de resaltar, y una falta de credibilidad
y de confianza en el sistema de AFP que alimenta el populismo”.
Larraín,
sin embargo, destaca un tercer aspecto fundamental para comprender por qué
“entre el primer y el segundo retiro los chilenos habrán sacado entre 25.000 y
29.000 millones de dólares de sus fondos de pensiones”.
“La
política social chilena se ha enfocado en aliviar la pobreza, pero se le olvida
que tiene una clase media vulnerable”, analiza el economista.
“El
Estado subsidiario chileno no dispone de los instrumentos para asistir a estas
personas que representan cerca de un 40% de la población y el Gobierno, que se
dio cuenta de esto muy tarde, ha ido generando instrumentos, pero por goteo”.
Actualmente,
la desocupación en Chile está en un 11,6%, pero la tasa combinada de
desocupación y fuerza de trabajo potencial –personas que en su mayoría no
buscan un trabajo, pero están disponibles– alcanza un 25,1%, según reportó este
viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
De
acuerdo al Monitor Fiscal de octubre del FMI, entre las economías emergentes de
ingresos medios, Chile tiene de las mayores respuestas fiscales ante la crisis
sanitaria, con un impulso cercano a 9% del PIB.
Pero
la clase media tiene una sensación de escasez que explica los retiros de sus
ahorros previsionales, según Larraín.
“De
los 15.000 millones de dólares del primer retiro de agosto, se gastaron 5.000.
Los otros dos tercios están depositados en cuentas corrientes, lo que muestra
que la gente tenía miedo a quedarse sin acceso a financiamiento”, comenta el
economista.
Las
AFP tienen más de 11 millones de afiliados, actualmente. Hasta finales de
octubre, 9,5 millones de personas habían retirado parte de sus ahorros gracias
al primer proyecto de retiro de fondos de pensiones. La asociación de
administradoras a comienzos de mes advirtió que unos cuatro millones de
ciudadanos eventualmente se quedarán sin ahorros luego de este segundo retiro,
lo que elevará la exigencia hacia el Estado en el futuro.
El
Gobierno de Piñera decidió objetar el proyecto de la oposición en el Tribunal
Constitucional para entregar una señal política y, de esta forma, dificultar
que se intenten consecutivos retiros de las AFP.
La
Moneda busca evitar que se termine vaciando un sistema que acumula activos
financieros por cerca de dos tercios del PIB, como buscan determinados grupos
de la oposición.
El
alcalde comunista Daniel Jadue, por ejemplo, una de las cartas del sector con
miras a la presidencial 2021, esta semana apoyó un traspaso de los actuales
ahorros previsionales a un fondo colectivo para subir “de manera inmediata” las
actuales pensiones, que son bajas.
Como
el ahorro previsional en Chile es obligatorio y se acumula a razón del 10% del
salario mensual, acumulan actualmente unos 200.000 millones dólares. Alrededor
de un 45% está invertido fuera del país.
Pese
a que mejorar las pensiones se ha instalado como una de las principales
demandas de la ciudadanía luego del estallido social de octubre de 2019, la
reforma del sistema se discute hace ocho años en el Congreso y, con un clima
político crispado, resulta cuesta arriba para el Gobierno de Piñera sacarla
adelante en los 15 meses que le quedan por delante.
Fuentes: Periódico El País y agencias internacionales de prensa.
No hay comentarios.
Publicar un comentario
Deje su comentario