El presidente de la República, en la foto, afirma que está “en contra de todas esas prácticas”.
Santo Domingo.- El tema del “barrilito” cada día se calienta más en el país y, a medida que pasan los días, aumentan las voces que se oponen a la práctica y entre estas voces está la del presidente de la República, Luis Abinader.
El dinero lo entrega cada mes la Gestión
Provincial Senatorial del hemiciclo. Los fondos entregados hace poco
corresponden al mes de septiembre y ascendieron a unos 21,580,000, porque
se entregaron a 30 senadores. Las mayores asignaciones fueron para el Distrito
Nacional y San Cristóbal con RD$1,059,000.00 cada una de las demarcaciones.
De acuerdo a la partida correspondiente a
septiembre, los 30 senadores con asignaciones del barrilito habrían recibido
21,580,000.
Su postura sobre el controversial tema la
fijó durante una entrevista con la periodista Alicia Ortega para su programa El
Informe, que se transmitirá este lunes por Color Visión, canal 9.
“No, yo estoy en contra del barrilito, en
contra de todas esas acciones”, fue la respuesta que dio cuando se le cuestionó
sobre esos fondos.
Ese dinero se les asignan a los
legisladores de acuerdo a la cantidad de habitantes de su demarcación y que ha
sido definido como una práctica aberrante y una forma de clientelismo, que les
permite a los asambleístas hacer política con los recursos del Estado.
Otro punto al que se refirió el mandatario
durante la entrevista fue el planeamiento de algunos senadores de su partido
(PRM), de que renunciarían a esos recursos “cuando el Gobierno supla las
necesidades de los comunitarios de sus provincias”. A esto, el jefe de Estado
contestó que los legisladores tampoco están proveyendo esas necesidades con el
dinero que reciben.
“Bueno lo que yo creo es que tenemos que
... porque ellos tampoco lo suplen con el barrilito, qué puede ser un millón de
pesos, ¿qué lo van a suplir?, ellos no lo van a suplir tampoco”, adujo.
La posición del gobernante empodera más a
los sectores que reclaman el cese de la entrega de esos recursos a los
asambleístas, bajo el alegato que el gobierno del Partido Revolucionario
Moderno (PRM) no puede estar de acuerdo con la práctica, porque va en contra de
su promesa de campaña de acabar con la corrupción y de que sería el “gobierno
del cambio”. Entienden que tanto el barrilito como el cofrecito (fondos que
reciben los diputados) se prestan para prácticas contrarias a la transparencia.
También alegan que los legisladores no tienen que manejar fondos públicos.
Para Emmanuel Esquea Guerrero, dirigente
del PRM, el “barrilito” viola la Constitución que dice: “ninguna institución
establecerá beneficios a sus incumbentes, sino para un periodo posterior. “El
principio de inconvalidabilidad artículo 7-7. 131-11 mantiene su
inconstitucionalidad”, refirió.
En contra del “barrilito” se han
pronunciado entidades, políticos, historiadores y ciudadanos. De los 32
senadores, solo dos decidieron no aceptar los fondos: Eduardo Estrella, de Santiago
y Antonio Taveras Guzmán, de Santo Domingo. Tras esto, hubo una presión
tan fuerte sobre la senadora Faride Raful, quien había admitido los recursos
que le correspondían (1,059,000.00 ) que tuvo que anunciar que declinaba a
ellos.
No obstante, antes de renunciar a esos
fondos, Raful tenía en agenda “redirigirlos” y/o usarlo en una “Oficina Técnica
Legislativa”, pero sus planes no convencían a las personas que le exigían
constantemente por las redes sociales que cumpliera su promesa de campaña de
eliminar el “barrilito” y someter un proyecto de ley para ello.
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