Escrito por
La Redacción.
octubre 16, 2020
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Santo
Domingo.-
En medio del debate que ha surgido sobre quiénes pueden o no ser suplidores del
Estado, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió este jueves
que los funcionarios dominicanos, de cualquier naturaleza que sean, no tienen
permitido ser proveedores ni licitar con el Gobierno.La entidad sostuvo que aunque la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones
expresamente prohíbe esa práctica, algunos se han amparado en una falsa
interpretación del artículo 3 del Decreto 543-12 que instituye el Reglamento de
la Ley sobre Compras y Contrataciones públicas para crear un marco de
excepciones que fomenta la ilegalidad.
Ese artículo establece la inhabilitación
de esa prohibición en el caso de los proveedores únicos del Estado, entendido
como aquellos procesos de adquisición de bienes o servicios que sólo puedan ser
suplidos por una determinada persona natural o jurídica.
La organización sustenta que en términos
precisos el artículo 3 de la Ley 340-06 establece que: “Serán considerados
casos de excepción y no una violación a la ley, las (situaciones) que se
detallan a continuación, siempre y cuando se realicen de conformidad con los
procedimientos que se establecen en el presente Reglamento…” y que, posterior a
ello, la referida regulación define cuáles serían estos casos de excepción.
En la foto, el
vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños, quien envió
comunicado.
firma Según la Finjus, esa mala práctica es constante.- “En la Ley No.
340-06 sobre Compras y Contrataciones, específicamente en su artículo 14,
establece exactamente en el párrafo del artículo 6 el mismo mandato normativo
indicado anteriormente. Sin embargo, la prohibición del artículo 14 el cual
exhorta que “no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las siguientes
personas”, delimita en términos muy precisos quiénes entonces son los
funcionarios que por su investidura presentan esta característica limitativa,
en el marco de sus funciones”, explica.
“Desde hace mucho tiempo el país reconoce
que la vieja práctica de permitir que los funcionarios públicos sean
proveedores del Estado, ha sido una constante y todo indica que al parecer este
sería el mayor beneficio que algunos pretenden al momento de declarar sus
aspiraciones de ser congresista, ministro, director general o cargos
similares”, señala.
La Finjus entiende que el país se
encuentra en el momento justo de hacer los cambios necesarios para desmontar,
perseguir y castigar a quienes usan esta práctica ilegal, que viola principios
elementales de la contratación pública, como la equidad, la participación y la
razonabilidad.
Dice confía en que se respete la legalidad.- La Fundación
Institucionalidad y Justicia dijo confiar en que el deber de los funcionarios
públicos se encuentra adherido al imperio de la legalidad.
Por tanto, agregó que respalda las medidas
que desde el Gobierno central y el Congreso Nacional se adopten para impulsar
el respeto de los principios que rigen al Estado de derecho y a la propia
contratación pública, al señalar que la búsqueda de la transparencia ha sido
reclamada por la sociedad dominicana.
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