Santo Domingo.- “Este Gobierno tendrá cero tolerancia con la corrupción”, “No habrá borrón ni cuenta nueva”, estas advertencias del presidente Luis Abinader han incitado a diferentes instituciones a denunciar los actos de corrupción que han encontrado en las entidades públicas.
Cerca de veinte estallidos sobre los actos de “corrupción” han sido el centro de atención
desde el inicio de la nueva gestión. Sin embargo sólo hay uno que recibe
constante seguimiento por la justicia dominicana: la compra de hormigón
asfáltico por el Ministerio de Obras Públicas durante la gestión de Gonzalo
Castillo.
Hormigón asfáltico.- Carlos Pimentel, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas sugirió que las investigaciones relacionadas a la contratación de 11,500 millones de pesos en la compra de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas durante la gestión de Gonzalo Castillo en 2019 fueran investigadas.
A
principio de septiembre Pimentel informó que los expedientes
relacionados a las irregularidades en la compra de hormigón asfáltico serían
llevados a la Procuraduría General de la República para profundizar sobre el
acontecimiento que ha sido calificado como práctica de corrupción
administrativa del pasado gobierno.
Luego
de que fueron depositados los documentos se percataron que había vínculos con
algunas compañías relacionadas a Gonzalo Castillo.
Referente
al tema José Rijo Presbot, director de Presupuesto dijo el pasado mes que
los contratos no fueron auditados y que no pasaron por la Contraloría
General de la República, asegurando que es una “violación fragrante a la ley de
control del sistema nacional de control interno”.
Caso Inaipi.- El primer estallido de corrupción en estrenarse fue las supuestas alteraciones detectadas en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).
Un
día después de la juramentación del mandatario, la Fiscalía del Distrito
Nacional dio conocer la reapertura a las investigaciones sobre las
irregularidades INAIPI que se investigaban desde el mes de abril del presente
año.
Berlinesa
Franco, quien presidía la institución fue citada para interrogarla acerca de un
proceso de licitación para la compra de 40,000 kits de alimentos, el cual
supuestamente estuvo cargado de irregularidades.
Hasta
la fecha la fiscalía “analizan las pruebas y las informaciones suministradas”
sobre la indagación que lleva a cabo con relación al caso.
Además,
fueron interrogados la exencargada del Departamento de Compras, Maira Martínez
de la Rosa, Elena Rosario del Departamento de Administración de la entidad,
Elena Rosario y Eduardo Suero Poche del Departamento de Abastecimiento y
Suministro.
Plan Social.- Otro de los acontecimientos más sonados en el mes de agosto fue la desaparición fantasma de los discos duros de los ordenadores pertenecientes al Pan Social de la Presidencia.
El
presidente Luis Abinader dijo que las computadoras de la institución presidida
por Iris Guaba, no tenían ninguna información sobre inventarios, deudas, pagos
y compras por, razón por la cual se abrió una investigación al respecto.
Luego
de la especulación, Iris Guaba salió en defensa de la institución que dirigía
en ese entonces, e informó que las informaciones estaban “resguardas en un
centro de servidores con nube y en la página web de la entidad”.
Salud Pública.- A parte de tener que lidiar con la crisis sanitaria por el Coronavirus a Plutarco Arias, nuevo ministro de Salud Pública le tocó informar sobre la suspensión de un empleado de esa institución luego de recibir varias denuncias de actos ilícitos sobre esa persona.
El
implicado, que aún se desconoce su nombre, es acusado de tramitar empleos a
cambios de dinero y las investigaciones están a cargos de la Dirección General
de Ética e Integridad Gubernamental que preside Milagro Ortiz Bosch.
La
funcionaria acudió al lugar de los hechos y se llevó grabaciones, documentos y
testimonios referentes a la investigación para los fines de lugar.
Visitas sorpresas.- La semana pasada el Ministerio Administrativo denunció que fueron borrradas las informaciones de aproximadamente 2,500 proyectos iniciados durante las visitas sorpresa del pasado gobierno.
Denunció
que encontraron irregularidades correspondiente a una cuenta interna que operó
como caja chica con un monto de RD$400 millones destinados a uno de los
proyectos de visitas sorpresas. José Jáquez, viceministro de la
Presidencia, informó que realizan las indagatorias correspondientes para
determinar “el destino de más de RD$50 mil millones, en proyectos que aun
agotando el presupuesto establecido no han iniciado en la parte productiva”.
Se
estima que la inversión comprometida del programa ronda los RD$64,000 millones
Promesecal.- El dos de septiembre el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dio a conocer que la entidad llevaba a cabo una investigación sobre el caso de adquisición de medicamentos de la pasada gestión de Promese por RD$270 millones.
Pimentel
detalló que las violaciones de los plazos vinculados a la Ley de Compras y
Contrataciones y que fueron realizados durante el Emergencia.
Comedores económicos.- Edgar Augusto Féliz Méndez, administrador general de Comedores Económicos, aseguró también que en dicha institución existe licitaciones irregulares entre suplidores y funcionarios, la cual catalogó como “mafia”.
“Es
una mafia combinada no solamente con ese suplidor, sino también con empleados y
funcionarios del propio Comedor Económico”, dijo Edgar Féliz Méndez.
Méndez
detalló que los suplidores cotizan algunos tipos de productos con un peso
determinado y luego entregan un insumo distinto o una cantidad menor.
Programas Quédate en Casa.- “Quédate en casa”, el programa de ayuda por el Covid-19 iniciado en la gestión pasada también figuran en las irregularidades denunciadas por las autoridades entrantes.
Tony
Peña Guaba, director de Políticas Sociales del Gobierno denunció que al menos
100 mil personas estaban recibiendo la ayuda sin calificar para la misma.
Las
transacciones económicas supuestamente son pertenecientes al programa “Quédate
en casa”, donde 101 743 reciben la ayuda económica sin estar dentro de los
parámetros de la pobreza.
La Omsa.- Radhamés González, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) aseguró que encontró la institución "totalmente descalabrada" y una masiva cantidad de gomas que no tienen donde ubicarlas productos de una licitación.
Señaló
que encontró un total de 132 autobuses prestando servicios donde el
establecimiento tiene capacidad para alrededor de 500 unidades, sin
combustibles ni repuestos para los vehículos.
Indotel.- Nelson Arroyo informó que encontraron una institución totalmente quebrada, con una nómina abultada y sin fondos para realizar los proyectos de desarrollo de las telecomunicaciones que nos exige la Ley 153-98.
Fonper.- La eliminación del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) también fue por motivos de actos de corrupción. La entidad pasará los recursos que esta entidad recibe al sector salud, debido a los innumerables casos de corrupción que han salpicado a esa institución.
Consejo estatal de azúcar.- Luego de varios escándalos de corrupción relacionada al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la institución fue fusionada con la Dirección de Bienes Nacionales por disposición de Luis Abinader.
En
años anteriores se detectó que la entidad vendía los terrenos del Estado a
personas particulares y como si fuera poco dotaba de títulos de la misma
propiedad a diferentes personas, lo cual cobró victimas mortales en 2017.
Cámara de Cuentas y Caso Odebrecht.- Desde el jueves 17 de septiembre, diferentes medios de comunicación han solicitado por distintas vías a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) el informe con los resultados de la investigación realizada a 11 proyectos ejecutados por la constructora Odebrecht sin obtener ninguna información al respecto, ni siquiera sobre el estatus o situación actual de dicho informe.
Hace justo dos semanas, a la Cámara de Cuentas se le solicitó, a través
del departamento de Comunicaciones, específicamente de la encargada de prensa
de la CCRD, Ingrid Báez, información sobre dicho informe cuya respuesta fue
“estoy investigando lo solicitado, pero aún no me han dado respuesta”.
El viernes 18, Báez respondió que había canalizado la solicitud
al director del departamento de comunicación, Jesús de la Cruz, sin que esta
gestión diera resultado alguno.
A principio de la semana pasada se realizó una solicitud virtual
mediante el enlace de la Oficina de Libre Acceso a la Información colgado en el
portal de la Cámara de Cuentas y tampoco se ha obtenido ninguna respuesta.
Este jueves, luego de insistir vía WhatsApp con la encargada de
prensa de la CCRD, reporteros interesados asistieron a la sede de la institución donde fueron recibidos por un periodista del departamento de comunicación, quien a pesar de
sus esfuerzos no logró que ningún responsable de la entidad diera una
explicación de cuál es la situación y el hermetismo que existe con este
informe, cuando el mismo presidente de la Cámara, Hugo Francisco Álvarez Pérez,
había dicho el martes 08 de septiembre que estaría listo antes de que finalice
el mes.
Como último esfuerzo, se solicitó vía el mismo periodista y la
recepcionista, ser recibidos por el presidente de la Cámara, recibiendo como
respuesta pasadas las 12 del mediodía, que estaba en una reunión y que no podía
atender a los reporteros.
Se recuerda que el informe de la investigación especial realizada a 11 proyectos
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ejecutados por la empresa
constructora Odebrecht, generó una controversia en el pleno de la CCRD con el
voto disidente de Margarita Melenciano Corporán, miembro de dicho organismo,
quien alegó que hubo incumplimientos de disposiciones técnicas y legales, a
cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y que no fueron
observadas o detectadas por los auditores actuantes.
Fuente: Listín Diario.
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