Desde el Poder Ejecutivo se anunció la terminación de los contratos de obras que todavía ejecuta la constructora brasileña en el país. En la foto, el imputado Ángel Rondón muestra un documento a un abogado durante una audiencia del caso Odebrecht.
Santo Domingo.- El contagio de COVID-19 de un abogado de la defensa y el archivo definitivo de los expedientes de ocho imputados acapararon esta semana el juicio de fondo por los sobornos pagados por la empresa Odebrecht en el país.
La audiencia celebrada el pasado lunes se
centró en los archivos definitivos, cuya alegada irregularidad es investigada
por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca), que dirige Wilson Camacho. Los autos dieron pie a que
los abogados de los seis imputados que siguen en el caso pidieran un plazo para
estudiarlos, argumentando que pueden contener elementos que les sean favorables
a sus representados.
Las juezas que conforman el Primer Tribunal
Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional rechazaron el plazo solicitado por los abogados defensores de Víctor
Díaz Rúa, Andrés Bautista, Ángel Rondón, Roberto Rodríguez, Conrado Pittaluga y
Tommy Galán. Pospusieron el juicio para el jueves 8 de octubre para dar la
oportunidad a que Díaz Rúa acudiera a una cita médica de seguimiento tras haber
padecido de COVID-19.
La enfermedad también fue motivo para el
aplazamiento de la audiencia de ese jueves. Próximo a las 9:30 de la mañana, el
tribunal anunció la posposición del juicio para el 20 de octubre debido a que
uno de los abogados de la defensa de Bautista dio positivo al COVID-19 y
solicitaron un aplazamiento de 14 días para cumplir con el protocolo de las autoridades
de salud que establece entre 12 y 14 días el periodo de incubación del virus.
“Las partes no han respetado ese
distanciamiento y el protocolo que ha impuesto el tribunal para este proceso”,
dijo la magistrada Gisselle Méndez, presidenta del tribunal.
En la foto de arriba, una de las audiencias del “Caso Odebrecht”.
Los
controversiales archivos.- En esta semana, el magistrado Camacho continuó
declarando a la prensa sobre los controversiales archivos definitivos que
firmaron en septiembre de 2019 -durante las vacaciones de la entonces titular
de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier- el exprocurador Jean Alain Rodríguez y
Narciso José Escaño Martínez, procurador general de corte de apelación, que
fungió como titular interino de la Pepca.
Representantes de Alianza Ciudadana
depositaron el pasado martes ante la Pepca una solicitud para que se revisen
los archivos definitivos otorgados a favor de Juan Temístocles Montás, Alfredo
Pacheco, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máximo D’
Oleo, Ruddy González y Radhamés Segura, bajo el argumento de que las acciones
que inicialmente se les imputaron por los US$92 millones en sobornos que
admitió la empresa Odebrecht haber pagado en la República Dominicana “no
constituyen una infracción penal”.
El pedido de Alianza Ciudadana abriría una
brecha en el tema de los archivos definitivos para que sean conocidos por un
tribunal, ante la imposibilidad del Ministerio Público de objetar sus propios
autos y debido a la falta de querellantes en el expediente del caso Odebrecht
que se conoce actualmente.
El director del Pepca explicó en esta
semana que, para su impugnación de parte de particulares, se debe acudir a un
tribunal de primera instancia y no a la Suprema Corte de Justicia ni al
Tribunal Colegiado donde actualmente se conoce el caso. Esto debido a que la
primera ya se desapoderó del expediente y la segunda está apoderada del juicio,
y el archivo es tema de instrucción.
Camacho ha insistido en que los autos
están bajo investigación debido a las irregularidades que –dice– ha encontrado
en ellos, tales como el hecho de que no están numerados, no se notificaron a
todos los beneficiados y, a los que sí, se hizo mediante firma en el documento
y no por acto de alguacil. También alega incongruencia entre el contenido del
archivo y el causal legal en que se justifica.
Del firmante Escaño Martínez, quien todavía
forma parte del Ministerio Público, el magistrado informó que podría abrirse un
proceso disciplinario en su contra y adelantó que se estudian opciones sobre
cómo proceder en cuanto al exprocurador, así como ante el carácter irrevocable
que pueden tener dichos archivos definitivos.
En la foto, el doctor Wilson Camacho, director de la Pepca, habla con la prensa en esta semana.
El
Gobierno rompe con Odebrecht.- El pasado lunes, el consultor jurídico del
Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, anunció que el Gobierno pondrá fin a los
contratos de adjudicación de unas cuatro obras que construye la Constructora
Norberto Odebrecht y sus consorciados en la República Dominicana.
El monto de las cuatro cubicaciones
pendientes por concluir, en relación al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, asciende a US$222.6 millones. De las 18 obras que se
adjudicaron a la Odebrecht en el país, 11 fueron contratadas con el Ministerio
de Obras Públicas, de las cuales cuatro están inconclusas: Carretera
Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar, Conexión Norte-Sur, Carretera Piedra
Blanca-Cruce de Ocoa (Cibao-Sur) y Corredor Ecológico Pontezuela.
Al anuncio del Gobierno, la empresa
Odebrecht reaccionó diciendo que confía en la “institucionalidad reinante en el
país con el respeto a las leyes, preservación de la seguridad jurídica y los
derechos adquiridos como pilares del estado social y democrático de derecho”.
El ministro de Energía y Minas, Antonio
Almonte, también informó que se investiga un contrato firmado entre la
administración pasada de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE) y Odebrecht, con el que la dependencia estatal asume
“responsabilidades que debieron ser cumplidas por el consorcio constructor” de
la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
En un discurso pronunciado el pasado
jueves, el presidente Luis Abinader mencionó el tema Odebrecht. Recordó que el
Departamento de Operaciones Estructuradas que usaba la empresa para tramitar
los sobornos en los países en que tenía contratos funcionaba desde la República
Dominicana
“Hoy sabemos que desde ese departamento se
realizaron 62 pagos por 39 millones de dólares en sobornos relacionados a la
Planta Termoeléctrica Punta Catalina. Esos pagos y proyectos de obras públicas
no fueron incluidos en ninguna investigación o causa judicial hasta la fecha.
El nuevo Ministerio Público ha informado que está investigando este caso”, dijo
el mandatario.
En tal sentido, el titular de la Pepca
declaró que la investigación incluirá “todo lo que pasó con Odebrecht en el
país. “Vamos a hacer lo que sea necesario hacer para saber de la A a la Z qué
pasó con Odebrecht en República Dominicana”, dijo Camacho días antes.
Fuente:
Diario Libre.
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