Santo Domingo.- El Senado de la República ratificó este miércoles un contrato de préstamos por US$500 millones de dólares para ser utilizados en el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal, y para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica, causada por la Covid-19, y para el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal.
La senadora Faride Raful, presidenta de la
Comisión de Hacienda del Senado, presentó un informe favorable al pleno
senatorial aprobado por los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, el
Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo. El Partido de la Liberación
Dominicana se abstuvo
El informe favorable indica que la
pandemia de la Covid-19, ha producido un desequilibrio en el sistema sanitario,
financiero y económico del mundo, generando efecto adverso en los principales
indicadores económicos y financieros ante la inminente necesidad de que el
Gobierno dominicano enfrente la crisis y restaure la sostenibilidad fiscal y
financiera.
El préstamos fue suscrito entre la
República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la misma
fue remitida por Poder Ejecutivo. Ahora deberá ser conocido por la Cámara de
Diputados.
Maratónica sesión.- El Senado celebró este miércoles una maratónica sesión en la que intervinieron más de veinte legisladores y se conocieron decenas de iniciativas, la mayoría de las cuales fueron enviadas a estudio de las comisiones permanentes.
Opinión del senador Antonio Taveras.- Que sean sancionados y hasta destituidos del cargo por incumplimiento de la ley, es lo que según el senador Antonio Taveras Guzmán, se debe hacer con los 1,700 funcionarios del gobierno que no cumplieron con hacer pública su declaración jurada de bienes al asumir el cargo.
«La ley establece la sanción. El que no ha
cumplido con la ley entonces que se le someta y se le sancione. Si hay que
destituirle del cargo, pues que se le destituya», dijo el legislador del
Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Taveras Guzmán entiende que este gobierno
no puede seguir cometiendo los mismos errores ya que se le prometieron cambios
a la sociedad.
Indicó que una acción sancionadora y en el
peor de los casos desvinculadora, contra algún funcionario, más que debilitar
al gobierno lo fortalecería, porque no se trata de un simple papeleo sino de un
asunto institucional.
“Esto es un problema de ley y este país
hay que organizarlo de acuerdo a la ley. No es posible que cualquiera que viole
la ley le pasa la impunidad”, advirtió el senador de la provincia de Santo
Domingo.
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