Escrito por
La Redacción.
noviembre 21, 2018
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El último redactado del anteproyecto de modificación de la Lomce concede a la Generalitat total libertad para decidir cuántas asignaturas imparte en catalán y cuántas en español.
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| Isabel Caláa, ministra de Educación. |
Barcelona.- El borrador del
anteproyecto de Ley Orgánica del PSOE, que modifica el actual marco
legislativo en materia de educación en España, echa por tierra treinta
años de lucha en Cataluña por devolver al castellano su papel de
lengua vehicular en las aulas.
El documento concede total libertad
al gobierno catalán para perpetuar su modelo de enseñanza monolingüe en catalán
(la inmersión) y seguir discriminando a la lengua oficial del Estado en
las aulas.
El texto, que podría aprobarse a finales
de año y que aún puede incluir variaciones en su articulado, da luz a la Geberalitat para
determinar cuántas asignaturas imparte en catalán y en castellano, eliminando
la obligatoriedad de dar ambas lenguas cooficiales «en una proporción
razonable», tal como establece la justicia y tal como recoge la Lomce.
Varias sentencias firmes del Tribunal
Constitucional (TC) y del Supremo (TS) reconocen al Estado la competencia
para velar por el respeto de los derechos lingüísticos de los
alumnos, así como el derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial del
Estado, aunque dan margen a las comunidades para que ellas fijen «la proporción
razonable» de la enseñanza en castellano y en la lengua cooficial de la
comunidad.
Este criterio de “razonabilidad” lo fijó,
posteriormente, el Supremo en un mínimo del 25 por ciento del currículo en la
lengua oficial del Estado.
Ahora, el borrador impulsado por la ministra
Isabel Celaá, elimina esos matices y entrega a Cataluña el poder absoluto para
gestionar las lenguas en la enseñanza, colocando así la lucha contra la
inmersión en el punto de partida.
Una
de cal y otra de arena.- El borrador que maneja el ministerio reconoce, por un
lado, que las administraciones deben velar para garantizar el dominio por parte
de los alumnos de las lenguas que sean oficiales en su territorio y que «las
administraciones educativas deben garantizar el derecho de los alumnos y
alumnas a recibir la enseñanza en castellano, lengua oficial del Estado, y
en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios». Sin embargo,
deja el cumplimiento de este punto a merced de la buena voluntad de los gobiernos
autonómicos.
Proporción
a secas, sin el «razonable».- «Las Administraciones educativas fijarán
la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como
lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de
ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las
circunstancias concurrentes», señala el controvertido texto.
Cabe recordar que en el caso de Cataluña,
la voluntad de la Generalitat de devolver al castellano el papel de lengua vehicular
ha sido nula durante años.
A mediados de los años 90, el Govern se
negó reiteradamente a impartir la tercera hora de castellano, pese a que la ley
educativa estatal así lo fijaba, y en estos últimos años, el departamento de
Enseñanza, capitaneado por varios consejeros, ha interpretado las sentencias
lingüísticas de forma restrictiva, concediendo solo el 25 por ciento de
castellano a aquellos alumnos avalados por la justicia.
El TS tumbó también en febrero la
disposición de la Lomce que preveía ayudas a las familias para escolarizar a
sus hijos en castellano.
Mecanismos
«para compensar carencias».- Por otro lado, el texto da margen, sobre
el papel, al igual que el proyecto de revisión del modelo lingüístico que
presentó hace unos días el consejero catalán, Josep Bargalló, para que, con el
fin de garantizar la competencia en comunicación lingüística «en el grado
requerido» tanto en el castellano como en las lenguas cooficiales, «los
centros puedan impulsar la adopción de las medidas necesarias para compensar
las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas».
Tal como avanzó ABC, la Generalitat lleva
años afirmando que en entornos de alumnos mayoritariamente catalanohablantes
«los centros tienen la capacidad de reforzar el uso del castellano» en las
aulas.
Sin embargo, a la práctica, según
denuncian asociaciones de profesores, «eso no sucede».
El último plan presentado por el Govern
sobre lenguas en la escuela insiste en lo mismo y ahora, el borrador del
proyecto de ley de Celaá, lo suscribe también.
No
discrimar «por lenguas».- El texto que pretende cambiar la Lomce señala,
asimismo, que las administraciones educativas deben adoptar las medidas
necesarias para que el uso del castellano y del catalán «no sea fuente de
discriminación en el ejercicio del derecho a la educación» y, en otro
punto del articulado, garantiza a las familias el derecho a que sus hijos
«reciban una educación con la máxima garantía de calidad, conforme con los
fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de
Autonomía y en las leyes educativas».
No obstante, el redactado no garantiza el
cumplimiento de ninguno de estos dos puntos.
«La
educación en manos de unos golpistas».- La reforma que propone el Ministerio ha
causado indignación y desánimo entre las asociaciones que llevan años
defendiendo el bilingüismo en Cataluña.
Francisco Caja, presidente de Convivencia
Cívica Catalana (CCC), la primera plataforma cívica que arrancó la lucha en
defensa del castellano, asegura que si el borrador prospera, «se dejará el
manejo de la educación en manos de unos golpistas para que vayan adoctrinando».
Ana Losada, presidenta de la Asamblea por
una Educación Bilingüe (AEB), que ha amparado en todos estos años a muchas
familias que reclaman más castellano e incluso ha elevado su denuncia al
tribunal europeo, mantiene la esperanza de que el proyecto de reforma de la
ministra «no prospere» y subraya «sus efectos catastróficos» para la causa
bilingüe.
Una
administración «desleal».- «Si sigue, el Estado dejará de tener
responsabilidad sobre lo que ocurre en la educación. No hay órganos de
control y se da definitivamente el timón del barco a una administración que es
desleal y no cree en el marco constitucional», afirma Losada.
Desde el Parlament, la diputada de Cs,
Sonia Sierra, cree que la reforma que plantea el Gobierno no responde a las
necesidades educativas actuales. «Una cosa son los intereses políticos y otra
muy distinta por dónde va la sociedad», afirma Sierra. Recuerda, asimismo, que aunque
cambie la Lomce, «hay derechos constitucionales que se mantienen».
Por su parte, la diputada del PP catalán,
Andrea Levy, consdiera que la reforma planteada por Celaá «liquida» los
derechos de los padres a elegir la lengua de escolarización de sus hijos y
acusa al PSOE de pactar con los nacionalistas por intereses «estrictamente
politicos», sin tener en cuenta el efecto que puede tener en las aulas.
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