Escrito por
La Redacción.
abril 04, 2018
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Íñigo Méndez de Vigo,
ministro de Educación de España.
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Madrid.- El Gobierno español ha tirado la toalla, este miércoles, con el español en la escuela catalana. Después de prometer que iba a "garantizar" el derecho de los padres a escoger el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña y buscar todo tipo de fórmulas jurídicas para materializar esa promesa, finalmente ha reconocido que no puede ir más allá de la Ley de Educación de Cataluña y ha renunciado a introducir la famosa casilla lingüística o cualquier otro guiño al castellano en la resolución con las normas de preinscripción y matriculación para el próximo curso.
La palabra castellano no aparece ni una sala vez en la resolución, que ha publicado este miércoles el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.
Aunque el ministro Íñigo Méndez de Vigo ejerce como conseller de Enseñanza en aplicación del artículo 155, el texto que ha redactado es prácticamente el mismo que el publicado el curso pasado. Fuentes del Ministerio de Educación confirman que tampoco se incluirá ninguna casilla lingüística en la hoja de inscripción que se reparta a los padres.
¿Por qué, si se lo habían prometido a las familias?"Porque hemos tratado de buscar una solución, pero hemos visto que no tenía fórmula legal que la amparara. Los servicios jurídicos nos han dicho que el Gobierno no puede cambiar el modelo lingüístico de Cataluña, ni de ninguna comunidad autónoma, a través del artículo 155 de la Constitución Española.
El modelo educativo actual de Cataluña es el que se rige por la Ley de Educación Catalana, que sólo puede ser modificada a través de otra ley que se apruebe por el Parlamento catalán", responden fuentes del Ministerio.
Las mismas fuentes explican que el rechazo del Tribunal Constitucional al mecanismo dispuesto en la Lomce para pagar colegios privados en castellano les ha hecho más difícil buscar soluciones. Por eso van a intentar ahora "cambiar la LEC" a través de una proposición de ley que el PP catalán ha presentado este miércoles.
Es decir, el Gobierno le pasa la pelota al PP.El pasado mes de febrero, el Gobierno anunció que estudiaba la posibilidad de que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluyese una casilla en la que los padres pudiesen elegir el castellano como lengua vehicular para sus hijos, después de que lo solicitasen el sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana (SCC).
Méndez de Vigo se encontraba entre la espada y la pared, porque estos colectivos interpretaban que, si no hacía nada, estaría incumpliendo su propia Lomce, que dice textualmente en una parte que no ha anulado el Constitucional que "las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios" y que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado" junto a la lengua cooficial.
Sin embargo, el Gobierno ha renunciado a hacer cumplir la Lomce porque "tiene la obligación de respetar el actual ordenamiento legal en materia educativa que rige en Cataluña".
¿Y entonces, qué pasa con la Lomce? En el Ministerio dicen que "es la Generalitat la que tiene que cumplir" y admiten que no pueden hacer más, salvo "apoyar la propuesta hecha por el Partido Popular de Cataluña" y "trabajar para que esa proposición de ley salga adelante y se modifique el actual ordenamiento educativo en Cataluña.
El problema es que el PP sólo tiene cuatro diputados en el Parlament, así que esta proposición de ley no tiene ningún viso de salir adelante.
El Estado se queda, por tanto, sin ningún mecanismo legal para garantizar la enseñanza del castellano, después de haberse anulado la disposición adicional 38ª ideada por José Ignacio Wert.
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