Titulares

viernes, 20 de abril de 2018

Adolfo Pérez Esquivel denuncia aislamiento de Lula en Brasil

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta de Brasil también exigieron que amigos y familiares tengan acceso a las visitas en Curitiba, Brasil. Mientras, la Corte brasileña niega último recurso en segunda instancia a Lula. El último recurso en segunda instancia, presentado por los abogados de Lula da Silva, fue denegado este miércoles por un tribunal de Porto Alegre.


Adolfo Pérez Esquivel afirmó que continuar
 el protocolo judicial hasta poder ver a su
 amigo el exmandatario Lula da Silva.
Curitiba, Brasil.- El Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel denunció este jueves que la justicia brasileña no le ha permitido visitar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra detenido desde el 7 de abril en la Policía Federal de Curitiba, Brasil.


El analista Paulo Moreira Leite afirmó que
 la visita de Adolfo Pérez Esquivel es legal 
y la prohibición es meramente política. 
Pérez Esquivel apuntó que está intentando obtener la autorización judicial para visitar al exmandatario brasileño, debido a que es un derecho dentro de las reglas de reclusos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 2015, conocida como las reglas de "Reglas de Mandela" y Reglas Mínimas de la ONU.

"Tenemos dificultades (...) No quiero hablar de los jueces (...) vamos a seguir reclamando ese derecho", dijo el Premio Nobel argentino la noche del miércoles durante su participación en la segunda edición del Circo de la Democracia.

Esquivel agregó que en su condición de presidente de un Organismo de Tutela Internacional de los Derechos Humanos y de Nobel de la Paz tiene la facultad de constatar las condiciones de la prisión en las que se encuentra Lula.

Luiz Inácio Lula da Silva
Corte brasileña niega recurso a Lula.- Un tribunal de Porto Alegre, sur de Brasil, negó este miércoles el último recurso en segunda instancia presentado por los abogados del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La corte "desconoce los embargos de los embargos de declaración interpuestos por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva", informó la instancia. La decisión fue unánime.

Lula, de 72 años, fue condenado en primera y segunda instancia. Según el veredicto, el exmandatario habría recibido de la constructora OAS un tríplex en el litoral de Guarujá, interior de Sao Paulo, a cambio de prebendas políticas.

Tras la sentencia en julio de 2017 del juez Sérgio Moro, figura de la megaoperación anticorrupción Lava Jato, la defensa recurrió al Tribunal Regional Federal de la cuarta región de Porto Alegre, la segunda instancia, donde fue condenado en enero. La corte también negó los llamados "embargos de declaración" interpuestos tras la decisión.

Los embargos de los embargos de declaración eran el último recurso posible ante esta instancia.

El mítico líder de la izquierda internacional se entregó a la Policía Federal el 7 de abril, dos días después de que el juez Moro, tras autorización de la segunda instancia, emitiera una orden de detención en su contra.

Desde entonces, Lula cumple condena en la sede de la Policía Federal en Curitiba, al sur de Brasil.

La defensa del exmandatario aún puede apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y el Supremo Tribunal Federal (STF), instancias superiores de la justicia brasileña.

Por la ley brasileña, Lula, que es precandidato del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones presidenciales de octubre, sería inelegible por tener una condena firme en segunda instancia. Sin embargo, la palabra final tiene que ser emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

El plazo oficial para inscripción de candidaturas termina el 15 de agosto y la justicia electoral tiene hasta el 17 de septiembre para pronunciarse sobre su postulación, en el caso de que sea oficializada. Las elecciones son el 7 de octubre.

Lula enfrenta otros seis casos ante la justicia brasileña. Niega todas las acusaciones y afirma que se trata de una acción política para impedirle de participar en las presidenciales que, según la más reciente encuesta de Datafolha, lidera con 31% de intención de voto.









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