Escrito por
La Redacción.
diciembre 21, 2017
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Durante el conflicto entre Lajun y los ayuntamientos
del
Gran Santo Domingo era común el gran entaponamiento
de camiones a
la entrada del vertedero de Duquesa, lo
cual se
reflejaba en la deficiente recogida de basura.
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Santo Domingo.- Dos senadores del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidieron este miércoles al
Gobierno no ceder al reclamo de la empresa Lajun Corporation, y consideraron
inaceptable la exigencia al Estado del pago de 300 millones de dólares,
como arreglo para evitar ir a un arbitraje internacional.
Tommy Galán y Rafael Calderón entienden
además que la justicia dominicana debe primero, que un arbitraje, definir las
actuaciones de Lajun “ya que hay muchas cosas que la comprometen en lo penal”.
Lajun, quien notificó a varias
instituciones, incluyendo a la Procuraduría General de la República, señala que
para la expropiación de sus intereses y terrenos, funcionarios del Gobierno
emplearon la fuerza militar y le obstruyeron la operación del vertedero de
Duquesa.
“Es inaceptable, aunque no se puede limitar
a una empresa a que pueda recurrir a un estamento jurídico para hacer valer lo
que entiende es su derecho”, dijo ayer el senador Galán, de la provincia de San
Cristóbal.
El legislador expresó, sin embargo, que
hay muchas cosas que primero la justicia debe definir, porque se ha hablado
incluso de falsedad en la adquisición de los terrenos, y otros incumplimientos
que comprometen su responsabilidad civil y penal como empresa.
“Antes de plantear un arbitraje, creo
que esas son de las cosas que deben primar”, dijo el legislador del partido
gobernante.
Exhortó al
Gobierno y sus instituciones a lograr el mayor nivel de defensa para evitar
erogar ese dinero, que no tiene.
Mientras que
Calderón, senador de Azua, aseguró que el Estado dominicano no tiene forma de
perder “cualquier pleito” sobre este caso.
Refirió que todo
el mundo ha observado el comportamiento de la empresa Lajun Corporation,
y el manejo del vertedero de Duquesa.
“No creo que el
Estado tenga ningún contrato que tenga argumento que sea demandado por Lajun.
Además, el Gobierno no ha expropiado el terreno, no hay ningún decreto con
eso”, agregó.
La situación con
Lajun se produjo luego de un agravamiento en la recogida de basura en los
diferentes municipios del Gran Santo Domingo, porque la empresa tenía un
conflicto con los ayuntamientos al alegar supuestos retrasos en el pago por el
servicio.
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