Escrito por
La Redacción.
diciembre 17, 2017
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Sede de Odebrecht
en Lima, Perú.
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LIMA.- El proceso de destitución exprés
iniciado por el Congreso de Perú al presidente Pedro Pablo Kuczynski genera un
profundo debate sobre su procedimiento, pues el mandatario puede ser
inhabilitado sin casi opción para defenderse, bajo una abstracta figura de
“incapacidad moral”, abierta a múltiples interpretaciones.
La oposición, en especial el
fujimorismo, que domina el Congreso con mayoría absoluta, parece decidido
prescindir de la presunción de inocencia y a tomar la excepcional medida de
inhabilitar al mandatario por supuestamente ocultar unos contratos de la brasileña
Odebrecht con una empresa suya, que esta semana salieron a la luz.
Desde la difusión de los
documentos, consistentes en consultorías de Westfield Capital para Odebrecht
por unos 782.000 dólares entre 2004 y 2007, cuando Kuczynski era ministro en el
Gobierno peruano, hasta la eventual destitución del presidente, pueden haber
pasado apenas ocho días.
Se daría el caso de que el
Congreso inhabilite al presidente el jueves 21, un día antes de la citación que
le hizo la Fiscalía para que dé sus explicaciones en esta investigación.
De acuerdo con lo previsto,
es probable que Kuczynski apenas disponga de una hora frente al pleno del
Parlamento para intentar persuadir a sus miembros de que le permitan continuar
en el cargo.
Pero todo indica que sus
palabras no servirán de mucho, porque su destitución necesita un mínimo de 86
votos a favor de los 130 congresistas y la moción que planteó la medida
extraordinaria fue admitida el viernes con el apoyo de 93 legisladores.
La posición de los
congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular, que ocupa 71 escaños,
parece inamovible, pues su portavoz Héctor Becerril ya anunció que tienen la
decisión tomada, dando a entender que el descargo de Kuczynski será un mero
trámite.
Los fujimoristas, que en año
y medio de mandato ya han censurado a dos ministros y obligado a renunciar a
otros dos, apuntan ahora al presidente, al que de inmediato amenazaron con
destituir si no renunciaba tras conocerse sus presuntos vínculos con Odebrecht.
Para cumplir ese objetivo han
contado con el respaldo del izquierdista Frente Amplio, que incluso fue el que
presentó la moción de destitución, que fue apoyada además por parlamentarios de
otras bancadas como el Partido Aprista Peruano (PAP).
El acelerado procedimiento ha
levantado la atención y las suspicacias de juristas como la directora ejecutiva
del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (IDEHPUCP), Elizabeth Salmón, quien aseguró a Efe que no se
está respetando el debido proceso ni la presunción de inocencia.
La abogada recordó que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya precisó que el debido
proceso no es obligatorio solo para juicios, sino que es transversal a
cualquier norma sancionadora.
Salmón consideró que hay
prisa, arrebato y poco criterio en este proceso parlamentario, donde “parece
que no hay normas, todo es político y el fin justifica los medios”.
Según la especialista, la
celeridad del procedimiento no solo es peligrosa en términos políticos, porque
genera zozobra e incertidumbre, sino también es inadecuada en términos
jurídicos.
Sobre la figura de la
“incapacidad moral permanente”, Salmón comentó que es muy abstracta y maleable,
además de tratarse de una medida excepcional que no debería aplicarse en este
caso hasta agotar todas las instancias de investigación.
Se trata de un supuesto para
inhabilitar al jefe de Estado por hechos extraordinarios que no necesariamente
incurran en delitos, como cuando el expresidente Alberto Fujimori envió su
renuncia al cargo por fax desde Japón en el año 2000.
Los contratos entre la
empresa de Kuczynski y Odebrecht fueron difundidos por la comisión
parlamentaria que investiga el caso Lava Jato, y ese documento se ha
establecido como la principal prueba contra el presidente sin que ni siquiera
el grupo parlamentario termine su investigación.
Tanto Kuczynski como
Odebrecht sostienen que los contratos son legales y fueron gestionados
exclusivamente con el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, que administraba
Westfield Capital mientras el actual mandatario era ministro en el Gobierno del
expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
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