Escrito por
La Redacción.
diciembre 20, 2017
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La empresa otorga al Gobierno Dominicano un plazo de tres meses y advierte
que de lo contrario iría a arbitraje.
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Lajun señala que para la expropiación de sus intereses
y terrenos
funcionarios
del gobierno emplearon la fuerza militar y le
obstruyeron la
operación del vertedero de Duquesa.
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La notificación fue hecha por el
inversor Michael Lee-Chin, de nacionalidad jamaiquina, quien sostiene que con
las acciones del gobierno dominicano sobre sus inversiones, se violó el Anexo
III del Acuerdo de Libre Comercio CARICOM, por lo que reclamó 300 millones de
dólares como arreglo para evitar ir a un arbitraje internacional.
El acto habría sido notificado al
presidente Danilo Medina, al procurador general de la República, al Ministerio
de Industria, Comercio y Mipymes y a la Contraloría General a través de la
oficina de abogados Hogan Lovells LLP de EE.UU, con sede en Miami, Florida,
representada por Richard C. Lorenzo.
En el reclamo, los abogados señalan que
debido a violaciones evidentes y flagrantes del Estado de sus obligaciones del
Tratado, el inversor ha sufrido y daños económicos y morales significativos,
por lo que el Estado debe rendir cuentas.
Agrega que buscarán una compensación
completa por las pérdidas y otras lesiones sufridas como resultado de las
violaciones del Estado, y reclamará una cantidad de daños estimados en US$300
millones, excluyendo los intereses, costos y otras compensaciones.
Advierten que si en un plazo de tres meses tras la notificación del aviso de
controversia el Estado dominicano no expresa su buena voluntad para resolver el
conflicto, el inversor se reserva el derecho de solicitar un arbitraje
internacional como lo dispone el Tratado de Libre Comercio con Caricom del que
Jamaica es miembro.
Señala que
la inversión de Lee-Chin se hizo mediante la compra de acciones en Lajun
Corporación, SRL, una empresa debidamente constituida en la República
Dominicana, la adquisición de aproximadamente 875.000 metros cuadrados de
terreno para ser utilizado como un vertedero sanitario de Duquesa.
Explica que los
accionistas de Lajun son un 50% Nagelo Enterprises, SA, una entidad de Panamá,
y el 50% Wilkison Company, SRL, una entidad Dominicana. Nagelo Enterprises, SA
y Wilkinson Company, SRL poseen el título del terreno.
Exponen que
desde 2013 el inversionista ha realizado numerosas e importantes inversiones en
el Estado en relación con una operación de gestión de residuos, pero pocos días
después el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte dio por terminado
unilateralmente el funcionamiento de Lajun con la ayuda de los militares,
tomando por la fuerza la posesión de la tierra y haciéndose cargo de la gestión
del vertedero.
Explica que tras
un acuerdo en 2014, el Ayuntamiento devolvió la propiedad del terreno a Lajun y
la operación del relleno sanitario, pero que tras tres años de operación sin
revisar la tarifa de vertido como establecía el acuerdo, fue objeto de una
nueva expropiación ilegal por funcionarios del Estado empleando militares.


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