Escrito por
La Redacción.
diciembre 27, 2017
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Carles Puigdemont,
expresidente de la Generalitat.
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Vuelta a empezar: si Puigdemont regresa y es investido
en las próximas semanas como nuevo presidente de la Generalitat, este es el
programa que quiere llevar desde el Govern.
Barcelona.- Reapertura de
las embajadas, control de medios de comunicación mediante una Ley Mordaza estrictamente catalana, desarrollo de
un Instituto de Estudios Estratégicos, musculación de la Agencia de
Ciberseguridad de Cataluña (suspendida
recientemente por el TC), creación de una moneda digital catalana, conversión
del Instituto Catalán de Finanzas en un banco público de inversiones o dotar a
la ciudadanía de una identidad digital catalana autogestionada son algunas de las medidas que tiene en
cartera Carles Puigdemont si
es investido presidente de la Generalitat.
Se compromete,
asimismo, a “promover un gran debate nacional, participativo y el
empoderamiento de la ciudadanía que aborde los ejes que han de conformar la constitución de la República Catalana”.
Entre otras cosas, el
‘expresident’, que se encuentra huido en Bélgica, prevé también
“establecer un modelo de gestión individualizada de los
aeropuertos de Cataluña, que compartiremos con administraciones
locales e instituciones económicas”.
Concretamente, sostiene que asumirá la
gestión de los aeropuertos de El Prat, Girona-Costa Brava, Reus, Lleida-Alguaire y Sabadell, pasando por alto que algunos de ellos
son gestionados por el ente público español Aena.
En esta materia, el dirigente del PDeCAT
planea “crear una administración aeroportuaria catalana, formada por una unidad
administrativa de aviación civil, un organismo independiente responsable de la
regulación tarifaria y una agencia específica responsable de la navegación y la
seguridad aéreas”.
Ni rastro, pues, de una gestión
compartida o una negociación del modelo de aeropuertos que están en manos del
Estado.
No es el único ámbito en el que se
arroga competencias que no tiene. Uno de sus puntos establece que unificará “la gestión de toda la red ferroviaria de Cataluña,
que será asumida por el ente público [Infraestructuras Ferroviarias
de Cataluña]”.
También afirma que participará “en los
órganos europeos para el desarrollo del Corredor del Mediterráneo, desde
una visión global y europeísta, en beneficio de las economías de todo el arco
mediterráneo”. Paralelamente, asumirá “la gestión de los fondos agrícolas
europeos” y creará el Fondo de Garantía Agraria.
Salario
mínimo de 1.100 euros.- En el programa electoral de su candidatura, Junts
per Catalunya (JxCAT), figura “restablecer y reforzar
la política de Exteriores con competencias y funciones
en materia de asuntos internacionales y multilaterales, asuntos europeos,
cooperación internacional y derechos humanos”.
También prevé “restablecer, consolidar y
ampliar la red de las delegaciones del Govern en el exterior para
promover los intereses de Cataluña en el mundo y participar de los grandes
debates globales”.
Al mismo tiempo, aboga por “trabajar
para que Cataluña disponga de las capacidades que le son propias en un contexto
global e internacional, firmando los tratados que crea relevantes” y, por
último, promete “lanzar y mantener un diálogo permanente con los actores,
instituciones y organismos internacionales, para desarrollar la República
Catalana”.
Esta potenciación de la actividad
exterior coincide también con la promesa electoral de ERC de reabrir las polémicas ‘embajadas’.
El ‘expresident’ promete permisos de maternidad y paternidad de 16 semanas “como
mínimo para cada uno de los miembros de la pareja” y “promover el incremento
del salario mínimo al nivel europeo, con 1.100 euros brutos mensuales”.
En el proceso de creación del Estado
catalán, el dirigente del PDeCAT prevé “dotar a la ciudadanía de una identidad
digital autogestionada y aprobar una Ley Catalana de Derechos y Deberes
Digitales.
Paralelamente, crearía una moneda digital catalana. Asimismo,
figura entre sus prioridades “promover la creación de un voluntariado digitalorganizado para hacer ‘república’ desde la sociedad civil”. Otra
de las medidas que tiene en la manga es hacer que la programación y la robótica
educativa “sean asignaturas troncales en el sistema educativo de Cataluña”.
Otra de las medidas que Puigdemont
quiere llevar adelante es la ‘resurrección’ de la Agencia de Ciberseguridad de
Cataluña. Esta agencia, que debería sustituir al polémico Cesicat, fue creada
mediante una ley el pasado mes de julio, con los votos a favor de Junts pel Sí,
PSC y Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP).
Su cometido sería elaborar los planes de
seguridad TIC del Gobierno catalán, aunque en un futuro albergaría el
germen de lo que serían unos futuros servicios de inteligencia netamente
catalanes. La Agencia, no obstante, fue suspendida de forma
cautelar por el Tribunal Constitucional hace dos semanas, tras
admitir a trámite un recurso del Gobierno central.
En materia de seguridad, el programa del
convergente se muestra muy parco. Curiosamente, aboga por “mejorar la
coordinación entre los Mossos d’Esquadra y las policías locales en los aspectos
operativos y organizativos”, pero no dice nada respecto a sus relaciones con
los demás cuerpos policiales del Estado.
Participar
en la OTAN.- Sin
embargo, sí destaca la creación de un Instituto de Estudios
Estratégicos “que haga el seguimiento e impulse la
investigación en seguridad, defensa y relaciones internacionales de cariz
estratégico, partiendo de los riesgos, amenazas y oportunidades que plantea la
ubicación geostratégica y geopolítica de Cataluña”.
Su programa no se pronuncia sobre la necesidad de crear un Ejército catalán
pero afirma que “es preciso identificar los riesgos y las amenazas en materia
de seguridad que afectan a Cataluña y definir nuestra estrategia de seguridad
nacional integrada en nuestro contexto europeo, occidental y mediterráneo,
partiendo de los medios de que disponemos actualmente y definiendo los medios
de que se habría de dotar el país en el futuro para garantizar nuestra
seguridad”.
Al hilo de esta argumentación, deja la
puerta abierta a asumir un “nuevo nivel de ambición” con la adopción de un plan
de seguridad y defensa europeo, “escenario que se complementa con el objetivo de un nuevo reparto del esfuerzo presupuestario de la
OTAN”.
Además de seguir promoviendo el reconocimiento internacional de las selecciones catalana y
el Comité Olímpico Catalán, Puigdemont lleva en su programa la creación de
la Agencia Catalana Antidopaje.
Pero también otras medidas que pueden
levantar polémica por las dudas de si invaden competencias que no le son
propias: promete una Ley de Extranjería y una “Ley de Protección Internacional
(de Asilo)”, materias en manos del Gobierno central. Junto a estas medidas,
promete “sustituir los centros de internamientos de extranjeros (CIES) “por
espacios de acogida y control bajo la tutela de entidades sociales reconocidas,
respetuosos con los derechos humanos y absolutamente desvinculados de la
gestión policial”.
En materia de vivienda, el ‘expresident’
promete “recuperar la legislación aprobada por el Parlament que ha sido objeto
de recurso ante el TC por parte del Gobierno del PP” y elaborar una ley propia
de arrendamientos urbanos. Asimismo, piensa “impulsar la reactivación del canon digital audiovisual y
ampliar su carácter finalista a otras artes perjudicadas por la piratería,
especialmente la música y la literatura, a pesar de los impedimentos del
Tribunal Constitucional”.
Control
de los medios de comunicación.- Por último, planea exigir “el conocimiento del catalán como requisito para poder ejercer en
la Administración de Justicia de Cataluña”, duplicar el número
de jueces convirtiendo a los letrados de la Administración de Justicia en
jueces y “preservar el secreto de las actuaciones judiciales para favorecer el
derecho de todo encausado a un juicio con todas las garantías.
Preservar el derecho a la información de
los medios de comunicación, mediante un sistema de comunicación emitido por la
propia justicia, evitando procesos paralelos mediáticos y filtraciones que
perjudican el correcto funcionamiento de los procesos”, lo que en la práctica
sería un férreo control de los medios de comunicación.
La justificación para ello es
“equilibrar el derecho a la información, que es un derecho fundamental, con el
derecho a la intimidad y a la propia imagen para evitar filtraciones de datos
de procedimientos decretados secretos por la autoridad judicial”.
Se trataría, en definitiva de una ley
mordaza que evitaría informar sobre detalles de una investigación apelando
genéricamente al “derecho a la intimidad y a la propia imagen”.
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