Escrito por
La Redacción.
diciembre 05, 2017
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El juez Francisco Ortega Polanco fue designado por el
presidente de
la Suprema Corte de Justicia, Mariano
Germán, para conocer la fase de instrucciòn del caso
de los sobornos que admitiò pagar Odebrecht en la
República Dominicana para conseguir contratos de obras
millonarias
durante el período 2001-2014. El 7 de junio de
2017 le conoció
medida de coerciòn a 13 y el 4 de agosto a uno.
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Santo Domingo.- Mientras esperan la
celebración del juicio preliminar, se mantienen en libertad bajo fianza los
14 acusados en el caso de los sobornos por 92 millones de dólares que
admitió pagar en la República Dominicana la constructora de Brasil
Norberto Odebrecht, para conseguir contratos de obras millonarias
en el período 2001-2014.
A más tardar febrero del 2018, la
Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción Administrativa
(PEPCA), a cargo del expediente, deberá presentar su solicitud de apertura a juicio,
con las pruebas que sustentan la acusación, pues en esa fecha vence el plazo de
8 meses que le otorgó el 7 de junio el juez especial que conoció la fase de
instrucción, Francisco Ortega, al declarar el caso complejo.
Este expediente constituye un desafío
tanto para el poder judicial como para el ministerio público, por los delitos
que se imputan, la complejidad del proceso y las vinculaciones políticas y
solvencia económica de los imputados.
Entre los acusados figuran empresarios,
exfuncionarios, tanto en las gestiones del oficialista Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), como del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), así
como legisladores y pasados congresistas.
Están acusados de los delitos de
proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio,
asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, falsedad
en declaración de bienes, para los cuales el Código Penal contempla penas que
van desde dos meses hasta 10 años de prisión.
Después de esperar
las informaciones desde Brasil, y de la firma de un acuerdo con
Odebrecht, la Procuraduría inició los arrestos el 29 de mayo, apresando a 13,
ya que uno estaba fuera del país, siendo detenido a su regreso.
Para conocer el
caso en instrucción, el presidente de la Suprema, Mariano Germán, designó el 27
de mayo al juez Francisco Ortega, quien después de celebrar varias audiencias,
el 7 de junio del 2017 impuso medida de coerción a 13, prisión preventiva para
7, arresto domiciliario para 3, y garantía económica e impedimento de salida a
tres.
Más tarde, impuso coerción al número 14.
El 8 de julio del 2017, la Segunda Sala Penal de la Suprema, actuando
como corte de apelación, dispuso la libertad bajo fianza de 6, variando
la prisión preventiva por garantía económica, impedimento de salida del país y
presentación periódica.
A otros, el cambio de la prisión la
dispuso el juez de instrucción. La PEPCA, que dirige Laura Guerrero Pelletier,
había solicitado 18 meses de prisión preventiva contra todos los implicados.
En septiembre de 2017, fueron liberados
los últimos dos que estaban recluidos en Najayo, lo que significa que por
ese caso lo máximo que han durado en prisión ha sido tres meses. Esas
fueron las únicas resoluciones que apeló el ministerio público, sin
éxito.
En julio, al
decidir la apelación, la presidenta de la cámara penal de la Suprema, Miriam
Germán Brito, afirmó “que hay evidencias de que el ministerio público tiene
dificultades para probar la acusación y advirtió de que si no mejora “no tendrán
éxito en un posible juicio de fondo”.
El procurador
Jean Alain Rodríguez dijo recientemente que tendrá listo en enero un expediente
fuerte y exhortó a la justicia a que haga su trabajo.
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