Escrito por
La Redacción.
noviembre 26, 2017
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De izquierda a derecha: Oriol Junqueras,
Carme Forcadell (de espaldas), Josep
Maria
Jové y Lluís Salvadó.
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Barcelona.- Una
"estructura en la sombra" de cargos orgánicos de segunda fila, todos
ellos vinculados a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), organizó el
referéndum por la independencia del 1 de octubre en el seno de la Generalitat, desde distintas ramas de la Administración.
En algunas ocasiones, actuaron incluso a
espaldas o contra la opinión de los responsables últimos de cada uno de sus
departamentos, quienes fueron puenteados por los impulsores de la consulta
ilegal.
Son las primeras conclusiones a las que
ha llegado la Guardia Civil tras analizar la ingente documentación
que su Unidad Central Operativa (UCO) lleva
recopilando desde hace meses a las órdenes del titular del Juzgado número 13 de Barcelona.
Los investigadores han podido comprobar
que el pasado mes de septiembre los cuadros de la Administración catalana
vinculados al PdeCat empezaron a mostrar una notable oposición a todo
lo que significase continuar con los preparativos del referéndum.
La solución que los miembros del Govern dieron a esta resistencia fue la de ir
reemplazando a todos aquellos que mostrasen ciertas dudas o sencillamente se
negasen a realizar según qué cosas, por cargos vinculados a ERC que se
mostraron encantados de ejecutar las órdenes emanadas de la cúpula del
Ejecutivo catalán. A saber: obviar la prohibición del Tribunal
constitucional y llevar a cabo la consulta a cualquier precio.
Según se pudo constatar, efectivamente,
hasta el verano, los responsables de la Generalitat fueron construyendo e
incluso anunciando las estructuras que iban a sustentar la República catalana
sin encontrar mayores problemas.
Sin embargo, la prohibición por parte
del Tribunal Constitucional de la Ley de Referéndum aprobada
el 7 de septiembre por el Parlament en
una escandalosa sesión provocó deserciones en masa en el corazón administrativo
de la causa secesionista y la prevalencia de los abiertamente partidarios.
En cualquier caso, los relevos
efectuados entonces por abandono o por sustitución forzosa afectaron, en todo
caso, a cuadros intermedios, de segunda línea, que fueron tejiendo
silenciosamente las distintas tramas incluso a espaldas de sus jefes.
La calificada "organización en la
sombra" por fuentes consultadas por este periódico -que incluiría a los
afectos originarios a la causa secesionista y a los colocados con
posterioridad- quedó desplegada y afianzada en todos los departamentos de la
Generalitat que iban a verse involucrados en el referéndum.
Sería el caso, por ejemplo, del Departamento de Exteriores que, además de la
fuerte campaña propagandística que desarrolló en el extranjero a favor
del procés, puso en marcha una controvertida - está
investigada por presuntamente ilegal- campaña de captación de voto favorable al sí a la independencia de los catalanes residentes
en el extranjero.
También se trataría, especialmente,
del Departamento de Economía en el que se
encontraba el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Generalitat (CTTI) -ideado
originariamente como centro operativo de la jornada electoral-; y de
Presidencia.
El caso del CTTI es paradigmático del
frenético mes de septiembre que se vivió en la Generalitat.
El responsable de la institución, Joan Angulo, se negó a seguir adelante con las
aplicaciones que se estaban preparando para la consulta en cuanto ésta quedó
fuera de la ley, pero no dos de sus subordinados -al menos-, que siguieron
realizando las tareas que se les encomendaban desde el Govern.
La Guardia Civil ha constatado que en
varias ocasiones el responsable del CTTI se negó a plegarse a los manejos
de Puigdemont y Junqueras, que se reunieron personalmente de
forma frecuente con empresarios y funcionarios vinculados al procedimiento de
votación, incluidos aquellos que no estaban de acuerdo.
De hecho, precisamente porque en el
Govern se sabía la posición de Angulo, a los funcionarios que teóricamente
dependían de él, el Ejecutivo catalán les dio acceso a todos los recursos a
espaldas de sus jefes inmediatos.
Así, cuando los agentes de la
Guardia Civil entraron en el CTTI el 20 de septiembre se llevaron 2.600
aplicaciones y servicios, de los que cribaron 300 en primer lugar y 271 en una
segunda fase.
Quedaron sólo 29 que finalmente vieron
suspendido su servicio el 28 de septiembre por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dos de
estas aplicaciones llamaron la atención de los agentes.
Las dos estaban listas para arrancar el
1 de octubre: una correspondiente al censo de los catalanes en el extranjero
con derecho al voto y la otra correspondiente al censo interior. Ambos fueron
desactivados y su responsable detenido el 20 de septiembre.
Al enterarse de lo que realmente estaban
haciendo varios de sus subordinados a sus espaldas, el responsable del CTTI,
Joan Angulo, comenzó los trámites para promover su salida del centro.
Documentos elaborados por la Guardia
Civil en poder del juez, señalan a algunos de los integrantes de esta
organización perfectamente compenetrada organizadora del 1 de octubre. En el
ámbito general y en el informática.
Además de la función atribuida a los cargos
más conocidos, de Josep María Jové,
se dice que "estaría dirigiendo a un grupo de personas que estarían
encargadas de gestionar todo lo relacionado con el aparato
logístico". Juan Manuel Gómez Sáenz,
el Jefe de Riesgos de CESICAT,
considerado el principal coordinador, aparece en una conversación grabada el 13
de septiembre a las 17.38 en la que habla del funcionamiento de la web, de las
bases de datos, de cómo votar y revela que «la información relativa al recuento
está alojada en la nube».
Pep Masoliver, desde la Fundación Puntcat llegó a abrir hasta 140
dominios de promoción del referéndum. Roc Fernández,
responsable de los contenidos digitales de Presidencia de la Generalitat,
consta como la persona que se puso en contacto con un técnico ajeno a la Generalitat
para que pusiera en marcha determinados dominios; Josue Sallent, es el funcionario del CTTI que
intentó contratar los servicios de SCYTL para que elaborasen un software de
contabilidad de votos que no necesitase de intermediarios y que iba a costar
dos millones de euros. Un software que finalmente no fue adquirido y cuya
función de manera parcial fue cumplida por los servicios en la nube ofrecidos
por Google y Amazon.
Y así hasta completar la lista de
nombres incluidos en un procedimiento abierto por malversación, prevaricación y
desobediencia que está lleno de recovecos.
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